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Documentar y reflexionar sobre estos procesos de lucha y resistencia es una tarea fundamental en estos tiempos. El presente artículo persigue recoger la experiencia de defensa del agua y de la vida en el austro ecuatoriano, a partir de la reflexión sobre lo común y las cosmopolíticas. Para ello, toma como punto de partida el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en la Constitución de la República del Ecuador.
Iniciamos con una reflexión sobre la crisis actual de la humanidad para pasar a abordar la importancia de la lucha por lo común en estos momentos, situando la discusión en América Latina. Finalmente, presentamos la experiencia ecuatoriana a partir del reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitución y la experiencia de defensa del agua y la vida frente a la minería en la provincia del Azuay.
Vivimos una crisis civilizatoria, en la que los cimientos de la vida en común y de lo humano se derrumban. Una crisis que nos llena de incertidumbres, pues podemos ver el desmoronamiento de lo viejo, pero no sabemos si habrá algo nuevo y si lo que se viene será mejor o peor de lo que ya vivimos. El horizonte se avizora nublado. Como bien lo señalaba Gramsci al describir estos momentos de crisis: «El viejo mundo se muere. El nuevo tarda en aparecer. Y en ese claroscuro surgen los monstruos» [1].[1] Gramsci, A. [1930] (1981). Cuadernos de la Cárcel, Tomo 2, Cuadernos 3, 4, 5, Euskal Herriko Komunistak. P. 37.
La modernidad capitalista occidental va tocando fondo. Varias alertas lo corroboran: el planeta, nuestra casa común, está al borde del colapso. Según el informe de la Organización Mundial de Meteorología, en 2024 el mundo alcanzó una temperatura media global de 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales [2].[2] Word Metereological Organization. (2025). State of the Global Climate 2024 [Estado del clima global 2024]. Ginebra, Word Metereological Organization. Disponible aquí: https://library.wmo.int/viewer/69455/download?file=WMO-1368-2025_en.pdf&type=pdf&navigator=1 El calentamiento global no es una amenaza futura: lo vivimos día a día, con muy desiguales posibilidades de enfrentarlo entre el Norte y el Sur Global y entre clases sociales al interior de los países. De acuerdo a OXFAM, el 10% más rico de la población mundial genera el 52% de las emisiones de carbono acumuladas, mientras que las poblaciones más pobres y vulnerables sufren en mayor medida sus efectos [3].[3] OXFAM (2020). Combatir la desigualdad de las emisiones de carbono. Nota informativa de OXFAM, septiembre 2020. Disponible aquí: https://oxfamilibrary.openrepository.com/server/api/core/bitstreams/9d1f9a76-503e-4146-935a-b83f75913a6a/content
El actual sistema capitalista necesita vivir en guerra permanente para satisfacer los intereses del complejo militar industrial. La necropolítica llegó para quedarse.
Los obscenos niveles de acumulación y concentración de la riqueza que han generado enormes brechas de desigualdad entre países y al interior de ellos, constituyen una tercera señal de las profundas limitaciones del capitalismo para la reproducción de la vida. Ya en 2016, Oxfam alertó que vivíamos en la sociedad del 1%, donde la riqueza se concentra a niveles intolerables: el 1% de la población más rica del globo acumulaba más riqueza que el 99% restante [5].[5] OXFAM (2016). Una economía al servicio del 1%. Oxford: Oxfam House. Diez años más tarde, Oxfam nos presenta nuevas alertas: la concentración ha seguido en aumento, al punto que los 12 hombres más ricos del planeta concentran hoy más riqueza que la mitad de la población mundial [6].[6] OXFAM (2026). Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios. Oxford: Oxfam House. Además, hoy en día la presencia de los multimillonarios en cargos de elección popular distorsiona los preceptos de la democracia liberal de asegurar una competencia política transparente y en igualdad de condiciones. Según estimaciones de Oxfam [7],[7] Ídem. los multimillonarios tendrían hasta 4 mil veces más probabilidades de ocupar cargos políticos que la ciudadanía común. El gobierno de los multimillonarios ha herido de muerte al derecho internacional, al orden mundial basado en reglas y al multilateralismo.
La geografía del extractivismo reproduce las desigualdades entre Norte y Sur. El sector minero ha registrado un crecimiento sostenido en su participación dentro de la economía global debido al incremento de la demanda de los países del Norte para fabricar productos de alta tecnología y a la necesidad de productos metálicos para la transición energética. No obstante, la extracción ha disminuido en las economías del Norte; mientras que en el Sur Global se ha extendido ampliamente, debido a la presencia de grandes reservas no explotadas, a las débiles regulaciones nacionales y al auge neoliberal de fines del siglo XX que dio paso a la desregulación y a la apertura a la inversión extranjera directa [8].[8] Clausen, R. (2022). «El contexto global de la minería». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. Y Carpio, P. (2022). «Las experiencias de Río Blanco y Loma Larga en Azuay-Ecuador: impactos socioculturales del extractivismo en territorios y comunidades». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo.
Actualmente, América Latina desempeña un papel fundamental en la extracción mundial de minerales, consolidándose como un socio estratégico global, particularmente en el suministro de recursos necesarios para la transición energética [9].[9] León, M. (2023). La minería en América Latina y El Caribe: Tendencias y perspectivas. Ponencia presentada en la XIII Conferencia de Ministerios de Minería de las Américas, Santiago de Chile: CEPAL. Disponible aquí: https://www.cepal.org/sites/default/files/news/files/presentacioncepal_xiiicamma.pdf Según el Banco Mundial [10],[10] Banco Mundial. (2017). The Growing Role of Minerals and Metals for a Low Carbon Future [El creciente rol de los minerales y los metales para un futuro bajo en carbono]. Banco Mundial. Disponible aquí: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28312 el mundo deberá aumentar la extracción minera para poder llevar adelante la transición hacia energías limpias, con bajas emisiones de carbono. Paneles solares, turbinas eólicas o vehículos eléctricos requieren aluminio, cobre, plata, cobalto y níquel [11].[11] Clausen, R. (2022). «El contexto global de la minería». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. Para 2026, la región se posiciona como el epicentro de la inversión minera, habiendo captado aproximadamente el 74% del valor de las fusiones y adquisiciones mineras en los primeros tres trimestres de 2025 [12],[12] De Vicente, Agustín. (2026). Reporte Minero. Disponible aquí: https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2026/01/fusiones-adquisiciones-mineria-2025-latinoamerica-74-mckinsey-fmf consolidando de este modo un proceso de reprimarización de las economías latinoamericanas.
Las actuales tendencias a la expansión minera en América Latina mantienen un paralelismo con la larga historia de explotación colonial en estas tierras, que permitió la acumulación originaria del capital y la inserción de la región al sistema mundo como proveedora de materias primas. Tanto en la colonia, como actualmente, el proceso de extracción de minerales en América Latina ha estado acompañado de coerción y violencia para garantizar el despojo de pueblos y comunidades locales [13].[13] Clausen, R. (2022). «El contexto global de la minería». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. Y Carpio, P. (2022). «Las experiencias de Río Blanco y Loma Larga en Azuay-Ecuador: impactos socioculturales del extractivismo en territorios y comunidades». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo.
El crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato y la violencia extrema no son un efecto indeseable del sistema: constituyen uno de sus motores económicos.
La lucha por lo común en América Latina
«El reto es revalorizar la naturaleza y asumirnos como seres humanos que somos cultura y somos naturaleza para poder avanzar así hacia otro mundo posible»
(Dorronsoro Villanueva, 2009).
La lucha por lo común es un imperativo para salvar la vida misma, lo humano y el planeta. En América Latina, es una lucha que se remonta a los tiempos coloniales, cuando los pueblos indígenas intentaban preservar sus creencias, su cosmovisión y matriz cultural comunitaria frente al saqueo, la explotación y la discriminación de los conquistadores.
A finales del siglo XX e inicios del XXI, los movimientos sociales en América Latina tuvieron un rol significativo en la defensa de lo «común»: la batalla por el agua en Cochabamba —Bolivia, 2000—; la defensa del maíz por los zapatistas en México —desde 1994—; el reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la constitución ecuatoriana —2008—; la lucha por la tierra rural, por parte del Movimiento Sin Tierra en Brasil; la resistencia contra el extractivsimo en Perú, Colombia y Ecuador o la lucha contra las represas en Brasil, Chile, México y Colombia… Por citar solo algunas de las experiencias más relevantes en el continente.
En la actualidad, el concepto de «lo común» es uno de los ejes de la crítica ecológica al capitalismo [14].[14] García Linera, A. (2011). La potencia plebeya. La Habana: Casa de las Américas; y Linsalata, L. (2014). «Ni público, ni privado: común. Prácticas y sentidos de la gestión comunitaria del agua en la zona sur de Cochabamba en Bolivia». En Claudia Composto y Mina Lorena Navarro (Edit.). Territorios en disputa. Despojo capitalista, luchas en defensa de los bienes comunes naturales y alternativas emancipatorias para América Latina, México: Bajo Tierra Ediciones. 249-268. El patrón de acumulación neoliberal ha privatizado bienes públicos o comunitarios mediante el despojo y la violencia. El capitalismo no solo explota la fuerza de trabajo, sino que además impide la regeneración de la naturaleza, de la que depende. Lo «común» cuestiona la lógica de acumulación privada y su dominio de la naturaleza y defiende que ésta es el sistema del cual todos dependemos: su exterminación pone en juego la vida misma sobre el planeta. De este modo, se plantea la transformación del patrón de acumulación poniendo en el centro de la teoría y la acción política la sostenibilidad de la vida.
El nuevo constitucionalismo latinoamericano, recogiendo las demandas históricas de los movimientos indígenas, ecologistas y feministas incorporó —con distintos énfasis— la noción de «lo común» en las constituciones de Colombia (1991), Venezuela (1999) Ecuador (2008) y Bolivia (2009). El caso ecuatoriano es paradigmático, pues fue el primer país en el mundo en reconocer derechos a la naturaleza, en una constitución que tiene como eje estructurante la noción de «Buen vivir» o «Sumak Kawsay» [15].[15] Larrea, A. (2018). «Los procesos constituyentes como iniciativas refundacionales: el caso ecuatoriano». En Eduardo Rueda y Susana Villavicencio (Ed.), Modernidad, colonialismo y emancipación en América Latina, Buenos Aires: CLACSO. Eate reconocimiento de derechos a la naturaleza supuso un cambio radical, pues concibe al territorio como «Un Otro» [16],[16] Stengers, I. (2010) Cosmopolitics I [Cosmopolítica I]. Minneapolis: University of Minnesota Press. como un espacio cósmico viviente; y no solamente como un contenedor de recursos.
Por el contrario, los discursos del «Buen vivir» son «cosmopolíticos» porque logran unificar naturaleza y cultura. Los pueblos indígenas conciben a los seres humanos insertos en una serie de relaciones con la naturaleza, las divinidades y los antepasados, en las que el intercambio y la reciprocidad juegan un papel fundamental. La naturaleza y la acción humana son interdependientes. La cultura es una extensión articulada de la naturaleza. Sus prácticas y pensamientos fronterizos generan una nueva ecología de saberes que han conducido a reconocer derechos a otros seres vivos y a la propia tierra [18].[18] Benciolini, M. (2017). «Territorialidades relacionales: Conflictos ambientales y cosmopolíticas en el occidente y norte de México», Frontera Norte 58, Vol. 29, pp. 5-23; y Larrea, A (2012). Modo de desarrollo, organización territorial y cambio constituyente en el Ecuador. Quito: Senplades.
Los derechos de la naturaleza en la Constitución de Ecuador
Como se mencionó anteriormente, Ecuador fue el primer país en el mundo que reconoció a la Naturaleza como sujeto de derechos, en su Constitución de 2008. El artículo 71 de la Carta Magna ecuatoriana dice: «La Naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la vida, tiene derecho al pleno respeto de su existencia y al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos» [19].[19] Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008.
De esta forma, la naturaleza deja de ser concebida como recurso, para pasar a ser vista como el espacio donde se produce y regenera la vida. Esto es clave, pues implica que los derechos de la naturaleza incluyen el respeto a sus ciclos vitales y a permitir su capacidad de regenerarse y de recrearse [20].[20] [20] Asamblea Nacional Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Registro Oficial 449 del 20 de octubre de 2008. Artículos 72-74.
El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en Ecuador fue un hecho histórico para la humanidad. Desde entonces, más de 35 países han realizado algún tipo de reconocimiento legal de los Derechos de la Naturaleza [21].[21] Borrás Pentinat, S. (2022). «Los derechos de la naturaleza: ¿el camino hacia la paz ecológica?». Revista Catalana de Dret Ambiental Vol. XIII Núm. 1, pp.1-15. Naciones Unidas, en el informe «Armonía con la naturaleza» presentado por su Secretario General ante la Asamblea de 2019, sostuvo que «en la última década, la Jurisprudencia de la Tierra puede considerarse el movimiento jurídico de más rápido crecimiento del siglo XXI» [22],[22] Asamblea General de Naciones Unidas. (2019). 74° período de sesiones. Informe del Secretario General: Armonía con la naturaleza. constituyendo una de las claves para entender la historia del siglo XXI.
En Ecuador, el Observatorio Jurídico para los Derechos de la Naturaleza ha recogido 64 casos presentados ante los tribunales de justicia del país, apelando al derecho reconocido en la Constitución. Algunos de ellos ya han logrado sentencias favorables [23].[23] Observatorio Jurídico de Derechos de la Naturaleza en Ecuador, «Casos Ecuador». Disponible aquí: https://www.derechosdelanaturaleza.org.ec/casos-ecuador/
No hay que olvidar que el reconocimiento de los derechos de la naturaleza fue el resultado de años de lucha de los principales movimientos sociales en el Ecuador: la Asamblea Constituyente recogió esta demanda después de varias comparecencias de distintos actores sociales y de expertos nacionales e internacionales.
El antecedente inmediato fue la presentación ante Naciones Unidas de la Iniciativa Yasuní – ITT, por parte del Presidente Rafael Correa, en septiembre de 2007. Esta iniciativa pretendía mantener la principal reserva de petróleo del Ecuador —alrededor de 920 millones de barriles de petróleo, que corresponden a aproximadamente el 20% de las reservas probadas de petróleo del Ecuador— del bloque Yasuní – ITT bajo tierra, a cambio de la corresponsabilidad internacional por las emisiones de carbono no producidas hacia la atmósfera. El Estado ecuatoriano solicitó a la comunidad internacional una compensación por el 50% del precio del crudo que se hubiera explotado —alrededor de 3 mil 600 millones de dólares. El aporte del Ecuador sería el otro 50%, al no recibir estos recursos para el tesoro nacional. En 2013, el Presidente Rafael Correa canceló oficialmente la iniciativa debido al poco apoyo internacional que esta suscitó, y se dio paso a la explotación del bloque Yasuní – ITT, ubicado en una de las reservas naturales más biodiversas del Ecuador.
Este cambio de la política pública generó protestas por parte de varios colectivos ecologistas, quienes conformaron el colectivo Yasunidos, que propuso que se realice una consulta popular nacional para decidir si se explotaba o no el petróleo de la selva amazónica ecuatoriana. El colectivo desplegó una amplia campaña de recolección de firmas para plantear la consulta popular por iniciativa ciudadana. En 2014, Yasunidos presentó alrededor de 750 mil firmas para la consulta popular. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) invalidó cerca del 66% de las firmas presentadas y no dio paso a la consulta popular, mientras el gobierno nacional avanzaba en la explotación del campo. La lucha de Yasunidos continuó durante varios años. En 2020, lograron que la Corte Constitucional dictamine que el CNE violó el debido proceso al invalidar las firmas presentadas por el colectivo y ordenó al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revisar el caso. Cumpliendo con esta sentencia, el TCE dictaminó en 2022, que las firmas presentadas por Yasunidos eran válidas y se dio paso al proceso para realizar la consulta popular. Esta consulta se efectuó finalmente en 2023, cuando el 59% de los ecuatorianos votaron a favor de suspender la actividad petrolera en el Parque Yasuní. No obstante, hasta el momento el gobierno de Daniel Noboa no ha cumplido con el mandato popular: tan solo ha planteado un cierre progresivo que se extendería hasta 2034, plazo que las organizaciones consideran excesivamente largo.
Esta serie de demandas ante la Corte Constitucional, y la lucha social por el Yasuní, son ejemplos de cómo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza fortaleció el sentimiento ecologista de la población ecuatoriana.
La lucha por el agua en Azuay
«(…) frente a la amenaza centralista y neocolonial de imponer a Cuenca un destino ajeno a su proyecto histórico basado en la preservación del patrimonio natural y cultural, sus páramos, humedales, lagunas, bosques, vertientes de agua, acuíferos, quebradas, arroyos y ríos, su entorno paisajístico y la construcción de una comunidad organizada con autonomía, respetuosa de los derechos, donde florezca el arte, la ciencia, la investigación, el desarrollo de energías limpias, y la producción armónica de bienes materiales y culturales»
(Castro, 2025).
La ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, ubicada en el austro ecuatoriano, fue fundada por la Colonia Española en 1557. Fue llamada originalmente Santa Ana de los Cuatro Ríos de Cuenca, pues está atravesada por cuatro bellos ríos. Esta relación con la naturaleza ha generado en la población de la ciudad una identidad muy fuerte de preservación y defensa del ambiente, considerando a sus ríos como los bienes comunes que son parte de la vida de la ciudad [24].[24] Castro Riera, C. (2025). «El quinto rio y las nuevas amenazas», Rebelión. Disponible en: https://rebelion.org/el-quinto-rio-y-las-nuevas-amenazas/
A partir de los años 90 del siglo pasado se inició en el Ecuador una política de apertura hacia los capitales mineros, lo que ha llevado a que actualmente el 14% del territorio nacional esté destinado a la minería a gran escala [26].[26] Carpio, P. (2022). «Las experiencias de Río Blanco y Loma Larga en Azuay-Ecuador: impactos socioculturales del extractivismo en territorios y comunidades». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. P. 54. Desde entonces, las comunidades de la provincia del Azuay han intensificado su lucha por la defensa del agua y de la vida y han sido apoyadas por sus autoridades locales —alcaldes y prefectos— en distintos momentos. De modo que esta lucha se ha convertido en una proclama de defensa del territorio, que se ha enfrentado a la minería industrial patrocinada por empresas transnacionales del Norte Global [27].[27] Ídem. Vásquez Moreno, 2025.
Nos hallamos ante una reprimarización de las economías latinoamericanas (…) En 2026, la región se posiciona como el epicentro de la inversión minera.
En 2015 se conformó el Cabildo por el Agua: un espacio de articulación entre sociedad civil y gobiernos locales para la defensa del agua. El Cabildo por el agua de Cuenca desplegó un proceso de educación informal para que la gente en la ciudad comprenda por qué el agua es más valiosa que el oro y por qué se debe proteger el territorio de la minería [29].[29] Ibídem.
En 2016, tanto el Consejo Provincial de Azuay, como el Concejo Municipal de Cuenca declararon a sus respectivos territorios libres de minería metálica. En 2017, la comunidad obstruyó el paso al campamento minero de Río Blanco. En 2018 se llegó al acuerdo de que la empresa continúe su actividad con supervisión de la comunidad, pero a los pocos meses la comunidad volvió a bloquear el acceso al campamento minero. Se produjeron enfrentamientos con la fuerza pública, que desembocaron en la quema de parte de la infraestructura y maquinaria de la minera. Esto desencandenó un proceso judicial contra 43 comuneros, y 5 de ellos fueron detenidos. Hubo protestas en Cuenca contra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los efectivos públicos de seguridad se presentó una acción de protección contra la minera —por no haber realizado la consulta previa, libre e informada antes de la instalación del proyecto minero. El juez falló a favor de la comunidad y actualmente el proyecto minero se encuentra paralizado, a esperas de que se realice la consulta. El juez ordenó además la inmediata desmilitarización de la zona del proyecto [30].[30] Ibídem.
El proyecto minero Río Blanco vino acompañado de procesos de re-concentración de la tierra y descomunalización de la propiedad, cambios en la matriz productiva comunitaria, incremento de la inseguridad y la violencia y presencia permanente de la fuerza pública en la zona. Según testimonios recogidos por Carpio [31],[31] Carpio, P. (2022). «Las experiencias de Río Blanco y Loma Larga en Azuay-Ecuador: impactos socioculturales del extractivismo en territorios y comunidades». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. todo esto provocó una sensación de miedo y angustia en la población. Sin embargo, esta experiencia también llevó a un fortalecimiento de la consciencia anti-minera en la provincia, que se ha expresado en múltiples ocasiones. La más paradigmática de ellas probablemente sea la tentativa de implementar el proyecto Kimsakocha, —palabra Kichwa que significa «tres lagunas».
El proyecto minero Kimsakocha o Loma Larga está localizado a unos 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Con una extensión de cerca de ocho mil hectáreas de páramo, la concesión atraviesa a tres cantones: Cuenca, Girón y San Fernando. Cuenca tiene una población cercana a las 600 mil personas; mientras que Girón y San Fernando son cantones pequeños con poblaciones de 12 mil y 4 mil personas, respectivamente [32].[32] INEC. (2022). VIII censo de población y VII de vivienda. Disponible aquí: https://www.censoecuador.gob.ec/resultados-censo/#tabulados Según la firma canadiense que pretende desarrollar el proyecto, INV Metals Inc., el sitio contiene estimaciones probadas y probables de 2.2 millones de onzas de oro, 13.3 millones de onzas de plata y 88 millones de libras de cobre [33].[33] Clausen, R. (2022). «El contexto global de la minería». En: Patricio Carpio Benalcázar, (comp.), Resistencia: Minería, impactos y luchas. Cuenca: Universidad de Cuenca, Fundación Rosa Luxemburgo. P. 255. A su vez, las organizaciones sociales que defienden Kimsakocha sostienen que la explotación del proyecto dejaría 14 millones de toneladas de lodos tóxicos que se quedarían en la zona y contaminarían sus fuentes hídricas [34].[34] Vásquez Moreno, R. (2025). «David Fajardo: la vida de los que no pueden mirar para otro lado». Monda y Lironda Revista Digital, El quinto río: ¿Qué sería de la cultura sin el agua?, Nº 29, Cuenca: septiembre 2025. Revista de la CCE, núcleo del Azuay. Disponible aquí: https://mondaylironda.cceazuay.gob.ec/2025/11/07/el-quinto-rio/
Ante este clamor, las autoridades nacionales han argumentado que los resultados de las consultas populares no son retroactivos, sino que rigen a partir del pronunciamiento ciudadano —y, por lo tanto, no implican una reversión de las concesiones mineras ya otorgadas. Sin embargo, en el caso de Kimsakocha la fase de explotación no había iniciado en el año 2021, cuando se realizó la consulta; por lo que, en apego a derecho, el Estado ecuatoriano no podría avanzar hacia la fase de explotación [36].[36] Castro Riera, C. (2025). «El quinto rio y las nuevas amenazas», Rebelión. Disponible aquí: https://rebelion.org/el-quinto-rio-y-las-nuevas-amenazas/
No obstante, el 23 de junio de 2025 el Ministerio de Ambiente y Energía otorgó la licencia ambiental para la fase de explotación minera del proyecto Kimsakocha, a favor de la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM). Este hecho produjo una gran indignación entre la población de Cuenca y del Azuay: la medida fue interpretada como una imposición centralista y neocolonial, que atentaba contra la autonomía de la ciudad al no respetar el pronunciamiento popular que se explicitó en la consulta.
Un pueblo que se convirtió en río
La respuesta de la sociedad civil fue autoconvocarse en la Asamblea Ciudadana de Cuenca, que organizó movilizaciones, consultas comunitarias, asambleas ciudadanas cantonales por la preservación de los páramos y la defensa de las fuentes de recarga hídrica en el Azuay [37].[37] Ídem. Las autoridades locales cumplieron también un rol importante con los pronunciamientos del Concejo Cantonal de Cuenca y del Consejo Provincial del Azuay, en contra de la explotación minera en Kimsakocha. Ambos pronunciamientos incluían estudios e informes técnicos que demuestran las graves afectaciones que traería el proyecto en términos ambientales y para la salud de la población de Cuenca y del Azuay.
El 19 de julio de 2025, habitantes de Cumbe, Tarqui, Girón, San Gerardo y Cuenca caminaron hasta Kimsakocha, en una procesión organizada durante la Asamblea por el Agua y los Páramos, para defender las fuentes de recarga hídrica en la provincia del Azuay amenazadas por el proyecto minero [38].[38] Pañi Ochoa, L. (2025). «Todo lo vivo tiene sed», Monda y Lironda Revista Digital, El quinto río: ¿Qué sería de la cultura sin el agua?, Nº 29, Cuenca: septiembre 2025. Revista de la CCE, núcleo del Azuay. Disponible aquí: https://mondaylironda.cceazuay.gob.ec/2025/11/07/el-quinto-rio/
El 16 de septiembre de 2025 se realizó en Cuenca la llamada «marcha del quinto río» —convocada por la Asamblea Ciudadana de Cuenca—, en la que participaron más de 100 mil personas, para exigir la derogatoria de la licencia ambiental otorgada al proyecto minero Kimsakocha, el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas en 2021 y la declaración de Kimsakocha como área de recarga hídrica. Como lo expresaron las autoridades y los participantes en la marcha: «Cuenca se levantó y el quinto río se desbordó». La masiva convocatoria sorprendió al país entero, pues en los últimos años había imperado la apatía generalizada.
La manifestación se realizó en medio del estado de excepción declarado esa misma semana por el presidente Noboa en siete provincias del país. Cabe resaltar que, desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026 Ecuador ha vivido 17 estados de excepción. Durante el gobierno de Daniel Noboa los estados de excepción son constantes en Ecuador —y no hacen honor a su nombre. Cuando la excepcionalidad es la regla, la democracia es un simulacro.
Si bien la marcha fue pacífica, la represión no se hizo esperar y vino por la vía judicial. A algunos dirigentes del Cabildo por el Agua de Cuenca, como David Fajardo, les congelaron sus cuentas bancarias y les abrieron un caso de enriquecimiento privado no justificado ante la Fiscalía. La criminalización de la protesta social ha sido una constante durante los últimos gobiernos en Ecuador, calificando a las organizaciones sociales indígenas de «terroristas» para justificar la violencia ejercida contra ellas por parte del Estado [39].[39] Ibídem Vásquez Moreno, 2025.
La marcha fue el 16 de septiembre, para el 19 ya se bloquearon las cuentas; una semana después, ya tenía la denuncia. Nunca me notificaron, nunca tuve derecho a la defensa o a una audiencia. Accedí a la información por medio de terceros. Dicen que nos estamos enriqueciendo a costa de generar conflictos en las comunidades indígenas; que, con ese dinero, estamos pagando para que la gente salga a las calles. Lo que me están haciendo a mí se lo están haciendo a mucha gente. En la lista están 52 personas más. La mayoría son parte de organizaciones sociales que trabajan en defensa de los derechos humanos y de la naturaleza (David Fajardo, en Vásquez Moreno, 2025).
Por ello, las organizaciones sociales agrupadas en la Asamblea Ciudadana de Cuenca plantean continuar con su lucha hasta que se eliminen todas las concesiones mineras en la provincia y que estos territorios se conviertan realmente en áreas protegidas [41].[41] Vásquez Moreno, R. (2025). «David Fajardo: la vida de los que no pueden mirar para otro lado». Monda y Lironda Revista Digital, El quinto río: ¿Qué sería de la cultura sin el agua?, Nº 29, Cuenca: septiembre 2025. Revista de la CCE, núcleo del Azuay. Disponible aquí: https://mondaylironda.cceazuay.gob.ec/2025/11/07/el-quinto-rio/
No es casualidad que, un mes después de la «marcha del quinto río», el presidente Noboa expidiera el reglamento a la Ley de Transparencia Social: en este reglamento se prohíbe a las organizaciones sociales realizar actividades que puedan «obstaculizar o interferir» con proyectos mineros; y se establece además que para realizar actividades relacionadas con la minería requerirán la autorización y la supervisión del ministerio sectorial competente [42].[42] Presidencia de la República del Ecuador. (2025). Decreto Ejecutivo 191. Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. Guayaquil, 27 de octubre de 2025.
Y es que el quinto río de Cuenca fue un oasis de esperanza en medio de un desierto: Ecuador es un país en el que el autoritarismo se ha vuelto regla, el silencio se ha convertido en la expresión del miedo, la apatía se conjuga con el individualismo, la cooptación de las funciones o «poderes» del Estado por parte del Ejecutivo ha aniquilado la democracia liberal y la re-centralización del Estado asfixia día a día a los gobiernos locales. En medio de este panorama desolador, Cuenca se erige como símbolo de defensa de la vida y de lucha contra el centralismo y la tiranía.
Conclusiones
El proceso de defensa del agua y la vida en el Azuay nace en la ruralidad y poco a poco va incorporando a la población de la ciudad de Cuenca y a las autoridades cantonales y provinciales. Ha crecido significativamente a lo largo de los años y cada vez se ha hecho más masivo, demostrando la relación existente entre identidad territorial, autonomía local y cambio cultural.
El austro ecuatoriano históricamente ha luchado por su autonomía, llegando a ser una región que ha logrado un proceso de desarrollo territorial endógeno, con una identidad arraigada. Además de su lucha contra el centralismo, esta identidad está marcada por la defensa de la naturaleza, que en los últimos años ha jugado un rol cada vez más significativo. La preservación de la naturaleza ha ido poco a poco construyendo un proyecto de ciudad y de región en el que la defensa de los bienes comunes es central. Gracias a ello, Cuenca se ha convertido en ejemplo de manejo de aguas servidas en el Ecuador, y destaca también por la limpieza de sus ríos y la calidad de su agua potable.
Todas estas características hacen posible la convergencia entre sociedad civil y gobiernos locales para la defensa de su proyecto territorial. Y esto resulta sumamente importante en el Ecuador actual, que vive un momento de reconcentración del poder y persecución a autoridades locales.
Que los ríos se multipliquen y logren articular la esperanza y el cambio hacia una sociedad más solidaria y ambientalmente justa.
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