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Empieza el año 2021 y continúa aún la crisis. Seguimos analizando las múltiples consecuencias de una pandemia que ha puesto en jaque a nuestras sociedades, dejando al descubierto las vulnerabilidades sistémicas.

Nadie ignora los numerosos retos que enfrentan a corto plazo los países del mundo, especialmente los países en desarrollo. Tras la mayor recesión en siglos, hemos visto retrocesos de décadas en materia de pobreza, desigualdad, de abandono escolar… —la lista es larga y es incómoda— en un porcentaje inmenso de la humanidad. No le falta razón a la ciudadanía cuando demanda a sus gobiernos que actúen con sentido de urgencia ante tales catástrofes, para construir una agenda de recuperación dinámica, inclusiva y sostenible; que evite que las brechas sociales se hagan más profundas y permanentes por nuestra indiferencia.

Pero sería un error no liderar esta recuperación con una mirada de largo plazo, dirigida a la crisis ecológica y al cambio climático. Entre las muchas lecciones que duramente nos ha dejado la pandemia, está la de que el precio de no prepararse es absolutamente impagable. Veamos, entonces, este episodio como un toque a la puerta, una demostración del colapso ecológico que hemos generado en el planeta, y alcemos la mirada conscientes de que, como decía un amigo mío en Costa Rica, «el corto plazo y el largo plazo empiezan al mismo tiempo».

La COVID-19 efectivamente ha sido una devastadora prueba (como lo son también los incendios de Australia que abrieron el 2020, la degradación de la Amazonía de Brasil, las inundaciones sufridas este año por varios países de África o del Sudeste Asiático o el reciente huracán Iota, que arrasó Centroamérica) de que la crisis ambiental que padecemos no solamente se ha consolidado, sino que lleva décadas acelerándose.

Foto_ Giuseppe Milo_ CC BY 4.0

El deshielo de los casquetes polares y de los glaciares aumenta en la actualidad a un ritmo 2.5 veces más rápido que durante el siglo pasado. 18 de los 19 años con mayor temperatura planetaria desde que se tienen registros, han ocurrido después del año 2000. Es decir, prácticamente cada año que pasa desde hace 20 es más caliente que el anterior. La evidencia científica proyecta que, a este ritmo, la temperatura del planeta alcanzará los 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales entre el 2030 y el 2050; y esto provocará una subida sustancial del nivel del mar.

Si excedemos esa temperatura, las pérdidas de especies y biodiversidad serán irreparables, y se producirán con más frecuencia importantes fenómenos ambientales extremos (como sequías, huracanes, volcanes y terremotos) que perjudicarán a millones de personas del planeta. Esto generará crisis humanitarias, como la que hoy estamos viendo en el llamado «corredor seco» de Centroamérica, del cual huyen cientos de miles de cafeteros y agricultores. Si esta tendencia, en definitiva, continúa, incluso el mejor escenario será un mal escenario. No debemos llamarnos a engaño.

Un personaje de uno de los relatos de Elena Poniatowska decía «Yo no me convengo». Como ella, deberíamos ser conscientes de que nosotros, si seguimos por este camino, no nos convenimos y no nos convendremos a nosotros mismos. La humanidad en este momento no se conviene, pues nuestras formas de producir y de consumir nos están llevando a la autodestrucción.

Pero si bien la pandemia de la COVID-19 ha sido un síntoma de algo mayor, una llamada de atención y una alarma, también debemos ser conscientes de que el alarmismo no va a solucionar el problema. Debemos operar en modo de crisis, pero sin entrar en modo de pánico. Debemos estar alerta, pero no asustados. El derrotismo y el pesimismo no nos sirven, porque son sentimientos desmovilizadores; necesitamos más bien lo contrario. Tenemos una inmensa tarea por delante, y para cumplirla con la velocidad que se requiere necesitamos alimentar un sentido de esperanza, de posibilidad, de innovación, de creatividad. Hacer un llamado a una acción colectiva, multiactor y multinivel. Porque este es un momento que atraviesa todo el espectro social y el territorio. La sociedad y la geografía se entrelazan. Especialmente en América Latina que, como región más urbanizada del planeta (con un 80% de su población viviendo en zonas urbanas), es prueba de ello. Durante los momentos más álgidos de la emergencia sanitaria por la COVID-19, hemos visto a ciudades de todo el mundo convertirse en los epicentros epidemiológicos (concentrando los contagios y las muertes) pero al mismo tiempo en los epicentros de la gestión y la prevención sanitarias, reorganizando sus servicios, cerrándose o vaciándose, en virtud de las necesidades de sus poblaciones.

En ese sentido, podríamos decir que «la transformación será con las ciudades, o no será», pues las ciudades concentran tal peso a nivel de población, de producción, de huella ecológica (y, también, a nivel político); que lo urbano y lo local se vuelven fundamentales para enfrentar los grandes retos que tenemos por delante. Sin embargo, no podemos dejar de tener en cuenta a todo el espectro urbano-rural, especialmente en atención de las comunidades indígenas, que son centinelas de una cuarta parte de la biodiversidad mundial. No podemos dejar a nadie atrás.

El mayor reto de coordinación de la humanidad

La pandemia de la COVID-19 ha sido, ante todo, un reto de coordinación mundial. Los diferentes países del mundo se han visto empujados, inesperadamente, a compartir entre ellos soluciones y equipamientos, a coordinar cierres de fronteras o vuelos de repatriación, a comprar materiales urgentes en fábricas lejanas; a consensuar criterios porque, esta vez más que nunca, la interconexión de nuestro mundo nos ha abocado a la interdependencia.

Sin embargo, a pesar de que de repente nos dimos cuenta de nuestro destino común, esto no evitó una respuesta más que nacional, «nacionalista», ya que los incentivos políticos eran contrarios a la acción coordinada y conjunta. Por otra parte, lo internacional se nos quedó grande, tanto en la velocidad de reacción como en los instrumentos disponibles de los diferentes organismos y organizaciones internacionales para hacerle frente a la pandemia.

Si algo ha demostrado la COVID-19, es que no estamos organizados institucionalmente para los retos de hoy. Y creo que esto tiene bastante que ver con la aversión al riesgo que tienen nuestras instituciones. Un defecto del que no se habla mucho pero que, a mi modo de ver, va expulsando poco a poco de ellas al talento innovador. Porque, para hacer algo innovador, es preciso tener resistencia a fracasar. Nadie innova sin fracasar nunca. Y eso es precisamente lo que falta en nuestras instituciones. Se trata de una vieja mentalidad según la cual parecería que el emprendimiento puede acometerse únicamente si se tienen garantías respecto de sus resultados. Como si pudiéramos conocer de antemano lo desconocido. Esto es un contrasentido y una inercia que mantiene a nuestras instituciones funcionando según esquemas desfasados, sin dejar lugar ni posibilidad a ideas nuevas, a soluciones innovadoras, a la audacia política.

Todo esto se ve reforzado por una cultura que penaliza el fracaso y no premia la iniciativa. Nuestra aversión al fracaso es tal, que si un funcionario público hace algo innovador y ello no resulta, no solamente no será aplaudido por el intento (y por los aprendizajes que sin duda trae cualquier ensayo-error), sino que además tendrá que asumir todos los costes. Esta manera de pensar es contraria a la innovación y al emprendimiento, que son conceptos que lamentablemente se suelen vincular con el sector privado, y que sin embargo son fundamentales para las instituciones públicas (también las multilaterales). Necesitamos instituciones abiertas: a las ideas, los aliados y los errores.

Un segundo problema de nuestras instituciones es que a menudo carecen de incentivos para el largo plazo, lo que dificulta la justicia intertemporal. En mi país, Costa Rica, existe un dicho popular que me viene muchas veces a la cabeza cuando se discute de asuntos climáticos: «uno se come la piña, pero es otro al que le duele la panza». Esto podrían pensar muchos de los países del Sur Global, que a menudo son los que sufren más directamente las consecuencias del cambio climático, a pesar de que sus emisiones de CO2 son ínfimas en comparación con las de los países más industrializados. Es decir, que algunos cosecharon los beneficios y a otros les toca asumir las consecuencias injustas de décadas de exceso.

Los grandes retos de la humanidad, la gran amenaza de la crisis ecológica, requieren de gestores públicos, tanto nacionales como internacionales, capaces de pensar y planificar para el largo plazo. Necesitamos una institucionalidad que se mantenga en el tiempo y que sea capaz de pensar más allá del ciclo político inmediato. No necesitamos líderes que gestionen pensando en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.

Escapar de los vaivenes políticos a los que están sujetas las políticas públicas y tomar medidas en salvaguarda de los derechos de las generaciones futuras es un objetivo casi inalcanzable si solamente son las instituciones o los liderazgos pasajeros los que marcan la agenda. Es por ello por lo que hablamos de Green New Deal o de Nuevo Acuerdo Verde, porque el reto ambiental requiere de un nuevo pacto social. Un nuevo proyecto de sociedad basado en el acuerdo entre todos los sectores sociales, que no se limite a echar una capa de barniz sobre el status quo, sino que impulse transformaciones reales y profundas de abajo hacia arriba.

Un nuevo acuerdo social que modifique verdaderamente nuestro modo de vivir y de interactuar con nuestro entorno; y que también consiga construir otro tipo de instituciones. Instituciones más receptivas, más dinámicas, con más adaptabilidad y resiliencia y, sobre todo, con la capacidad de llevarle el ritmo a una ciudadanía llena de talento y de buenas ideas.

Lo que debemos aprender del New Deal de los años 30 es que fue, antes que nada, un contrato social distinto. En el corazón del New Deal había una propuesta normativa, un planteamiento sobre la justicia social, sobre los estándares mínimos de calidad de vida. Sobre lo que nos debemos los unos a los otros y sobre nuestra forma de organizarnos como sociedad. Esto se complementó con un paquete de políticas públicas, una serie de medidas macroeconómicas y una agenda de construcción de infraestructura.

Es urgente redoblar nuestra defensa de este Nuevo Acuerdo Social, que se construirá con los principios e instituciones que sostienen al sistema multilateral.

Multilateralismo para una transición socioecológica

Nadie ignora que el multilateralismo atraviesa una crisis y que la pandemia de la COVID-19 ha tensionado aún más algunos «puntos calientes» de la geopolítica planetaria. Pero, con todo, se trata de la herramienta imprescindible para poner en marcha la transición socioecológica de la que estamos hablando. El multilateralismo, con todos sus errores, con todos sus defectos, es sin embargo un instrumento inspirador para encarar los desafíos del futuro. Es un recordatorio de que la humanidad puede sortear su destrucción haciendo uso de la razón, de la cooperación, del diálogo y de la paz.

El multilateralismo está muy emparentado con la idea del Nuevo Pacto o Contrato Social, porque ambos consisten en una gran conversación. Se trata precisamente de abrir un diálogo a nivel civilizatorio, sobre el futuro de nuestro ecosistema y la supervivencia de nuestra especie; y encontrarnos todos, como humanos, en un mismo plano de acción. Por encima de las diferencias sectoriales, identitarias, partidistas, nacionales. Una gran conversación universal, sobre un acuerdo global que ya tiene como base dos grandes acuerdos pre-pandemia: la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y el acuerdo de Cambio Climático. Son estos dos hitos del multilateralismo los únicos que hoy nos llaman a una cooperación solidaria y universal.

En definitiva, necesitamos un gran pacto social multinivel y multiactor, que vaya desde las ciudades y las comunidades hasta las esferas multilaterales, que sea global y local (es decir, que sea glocal) y que nos ayude a superar el gran cuello de botella que está evitando que las medidas de las que hablamos, y en torno a cuya necesidad hay sobrada evidencia científica, sean implementadas. Ya sea por una economía política perversa, o por una polarización y un enfrentamiento que no permiten acuerdos sólidos tanto en el sistema político como en las estructuras e instituciones.

Para ello, contamos con la herramienta de la negociación y de la persuasión política. No es una herramienta infalible, sino imperfecta, que requiere un alto nivel de coordinación a escala global, nacional y local; y que implica, por ende, un gran reto de gobernanza. Pero el multilateralismo es, sin duda, la única herramienta que puede conseguir que volvamos a tener un proyecto común de sociedad.

En conclusión, creo que tanto la crisis de la COVID-19 como la crisis ambiental nos enfrentan con problemas «del futuro» (con amenazas sobre las que llevamos tiempo teorizando y que ya están aquí) y que, como problemas «del futuro», no podemos seguir enfrentándolos con instituciones del pasado. Y ambas crisis (la de la COVID como síntoma, la ambiental como causa mayor) son también crisis sistémicas, por lo que requieren de soluciones igualmente sistémicas a nivel institucional.

Es por esto que se hace urgente la construcción de un nuevo contrato social, en el que nos reconozcamos todos en condiciones de igualdad y libertad; con el que poder impulsar la nueva agenda verde, incluyente y solidaria, que enfrente los grandes desafíos glocales de nuestra civilización.

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