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Este podría ser el titular de nuestros tiempos: La geopolítica del miedo y el colonialismo fósil como motores de la barbarie contemporánea. En el ecuador del 2026, constatamos que el siglo XXI se desangra por un exceso de violencia extractiva estructural. El mapa global ha sido redibujado de manera agresiva bajo lo que denominamos un «colonialismo fósil». La Administración de Donald Trump, en nombre de una supuesta seguridad energética, está consolidando el expansionismo y la injerencia militar. Esta doctrina regresiva ha sido evidenciada en la invasión de Venezuela, las amenazas de incursión corporativa y soberana en Groenlandia o Cuba, y el conflicto abierto de Estados Unidos e Israel contra Irán. No es una coincidencia geográfica: los principales escenarios de guerra coinciden milimétricamente con las últimas reservas de combustibles fósiles que el planeta, por estricta seguridad climática, no puede permitirse quemar.

Vivimos atrapados en una calculada geopolítica del miedo. Se nos repite, a través de los altavoces del poder, que para mantener nuestra «libertad» y bienestar en el Norte Global debemos seguir aceptando de forma sumisa la destrucción de los derechos de los pueblos del Sur Global. Nos encontramos ante la máxima expresión de un mundo al revés: un sistema que destruye las bases materiales que sostienen la vida en nombre de la seguridad, y que utiliza la escasez inducida para paralizar la imaginación política colectiva.

Sin embargo, este modelo fosilista, imperialista y militarizado es un gigante con pies de barro. La extrema volatilidad de los mercados financieros y energéticos, sumada a una inflación asfixiante que castiga diariamente a las familias de a pie —disparando las facturas de la luz, el combustible y la cesta de la compra—, no constituye un fallo accidental del engranaje: son características intrínsecas de su diseño. La dependencia absoluta del gas, el carbón y el petróleo no solo destruye los ecosistemas y genera el cambio climático, sino que financia regímenes autoritarios, alimenta guerras globales y nos vuelve profundamente vulnerables ante los tiranos del capital.

Frente a este crudo diagnóstico, la parálisis no es una opción aceptable. Romper esta cadena de dependencia no es una mera métrica de mitigación ambiental: representa el mayor y más urgente acto de construcción de paz de nuestra era. Descarbonizar las economías occidentales es, en esencia, desmilitarizar las relaciones internacionales. Reconocer esta interconexión nos otorga una inmensa responsabilidad histórica y moral. No podemos quedarnos de brazos cruzados porque las soluciones técnicas, sociales y políticas ya existen, y porque dar la vuelta a esta realidad es el único camino viable para garantizar vidas dignas que merezcan ser vividas. El cambio de rumbo no nacerá de una concesión de las élites, sino de nuestra capacidad colectiva para hackear este presente distópico y fundar un nuevo paradigma de seguridad compartida, ecofeminista y desarmada. Y esto pasa ineludiblemente por transitar desde una economía extractivista a una que respete los ciclos de la naturaleza.

Genocidio, ecocidio y resistencia: de la Global Sumud Flotilla a la justicia planetaria

En este mundo configurado al revés, donde quienes defienden los derechos humanos son perseguidos y quienes financian la destrucción humana y planetaria se sientan en consejos de administración, la trinchera deja de ser un lugar de paso o un espacio de trágica reclusión defensiva: se transforma en una posición ética activa y en un laboratorio de desobediencia civil transformadora. Cuando, el 15 de abril de 2026, el buque Arctic Sunrise de Greenpeace zarpó para unirse a la Global Sumud Flotilla en el mar Mediterráneo, no lo hizo bajo la lógica del auxilio asistencialista; sino con la firme determinación de actuar como un sujeto político disruptivo, acompañando y empoderando a una ciudadanía global decidida a demostrar que sus sueños colectivos de justicia son infinitamente más potentes que los miedos inoculados por el poder. Nuestra misión allí ha sido clara: ayudar a romper el asedio criminal y a exigir el fin inmediato de un genocidio y de un ecocidio sistemáticos.

En la Franja de Gaza, la maquinaria bélica no solo siega vidas humanas de forma atroz: está destruyendo deliberadamente la infraestructura biofísica, la base material que permite pensar en la posibilidad misma de un futuro viable en la región. Como hemos manifestado públicamente desde la primera línea de la protesta, la paz auténtica jamás podrá reducirse a la mera ausencia de bombardeos o a una tregua armada temporal. La paz real se define por la capacidad estructural de una población para beber agua limpia de sus acuíferos, respirar un aire libre de toxinas militares y cultivar alimentos sanos en un suelo libre de venenos.

El análisis científico y cartográfico de esta catástrofe arroja datos devastadores [1]:[1] UNRWA. (2025) Destrucción sin precedentes: impactos medioambientales del conflicto en la franja de Gaza. UNOSAT. Disponible aquí: https://unrwa.es/defensorasdelatierra/INFORME_CAST.pdf más del 81% de las tierras agrícolas de Gaza han sido completamente arrasadas o irreversiblemente emponzoñadas por las operaciones del Ejército israelí, mientras que el 95% del agua disponible se ha vuelto tóxica e imbebible debido al colapso deliberado de los sistemas de saneamiento. Esta aniquilación planificada de los ecosistemas locales y de las redes de agua no es un daño colateral de la guerra, sino una estrategia militar de ocupación y apartheid ecológico.

Ante este panorama, desde Greenpeace levantamos la voz con absoluta contundencia y rigor conceptual: no existe, ni existirá jamás, la justicia climática sobre tierras ocupadas, militarizadas y colonizadas. Es una profunda contradicción ética pretender construir un futuro verde, circular o sostenible sobre el sufrimiento masivo y el exterminio de comunidades humanas. Silenciar el genocidio palestino, o cualquier otra agresión imperialista en el Sur Global, es validar de forma implícita una tesis inaceptable: que la ecología es un «lujo» reservado exclusivamente para los tiempos de paz en los países enriquecidos, y no un requisito de supervivencia biológica y de derechos humanos universales.

La navegación del Arctic Sunrise junto a la Flotilla por la libertad y la dignidad en Gaza se erige como la gran metáfora de nuestra era. Significa avanzar con determinación contra el asedio geopolítico, desafiar la parálisis que intentan infundirnos y reconocer de forma inquebrantable que el derecho inalienable a la existencia de los pueblos es la piedra angular sobre la que se edifica cualquier ecotopía. No pedimos permiso para ejercer nuestra humanidad: nos organizamos para defenderla en cada coordenada donde la vida sea agredida.

La osadía de la suficiencia: diseñar y crear juntas el futuro que ya habita en nosotras

Es precisamente desde este nexo entre la resistencia activa y la denuncia internacional desde donde debemos transitar, con audacia, hacia la arquitectura de las alternativas reales. El sistema imperante nos ha educado en la falsa premisa de que no hay alternativa al crecimiento ilimitado y la explotación irracional de los recursos, pero la realidad nos demuestra que el verdadero realismo consiste en diseñar estructuras que quepan dentro de los límites biofísicos de la Tierra.

La propuesta programática de Greenpeace España y Portugal ante estos desafíos es amplia, sistémica y orientada a soluciones. Además de plasmada en el presente artículo, está condensada en una hoja de ruta estratégica para la Península Ibérica, cuyo título es una declaración de intenciones y de principios: «Energía para vivir mejor» [4].[4] Idem. Este documento no constituye en absoluto un catálogo de racionamiento o un plan de austeridad punitiva para las clases populares: es, muy al contrario, un manifiesto político de emancipación social y energética; además de una propuesta de nueva relación con la vida y las futuras generaciones. Nos atrevemos a plantear un escenario de suficiencia riguroso y viable con la mirada puesta en el año 2040 —fecha absolutamente necesaria para llegar al horizonte de emisiones cero netas y cumplir con nuestros compromisos climáticos y nuestra responsabilidad histórica. La propuesta se articula sobre tres ejes fundamentales, que desafían la lógica del sistema y los intereses del oligopolio energético:

·Reducción del 39% del consumo final de energía. Una meta que no se alcanza mediante el sacrificio individual o el empobrecimiento de los de abajo, sino a través del rediseño integral y planificado de las «ciudades de 15 minutos» —con servicios públicos de proximidad—, la reconversión de los sistemas de transporte hipertrofiados —basados en el mito de «una persona, un coche»— y la renovación energética de edificios y viviendas; junto a la electrificación de procesos industriales, la garantía de servicios energéticos con el menor consumo posible —eficiencia— y, lo más significativo, la supresión de actividades y procesos que consumen energía pero no aportan bienestar social —suficiencia.

En este nuevo diseño de la cotidianidad urbana y territorial, debemos atrevernos a poner el mundo al derecho y entender que el transporte público debe convertirse en el próximo pilar del Estado de bienestar [5].[5] Arjona, C., García, J. L. (2025). Una garantía de movilidad para movernos mejor. Greenpeace España. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2025/09/GP_movilidad-2.pdf Muy por el contrario, en el actual sistema al revés, se subvencionan con fondos públicos los coches privados térmicos o la aviación —inaccesible para las mayorías sociales en situación de vulnerabilidad—, mientras se infrafinancian los trenes, tranvías y autobuses que conectan nuestras periferias y zonas rurales. La movilidad sostenible, colectiva y asequible no es un simple añadido cosmético: es una herramienta de redistribución de la riqueza, de la salud y del tiempo de vida. Garantizar una red de transporte público de alta calidad, completamente electrificada y complementada con tarifas sociales universales, es la única forma real de arrebatarle el monopolio de la movilidad al asfalto fósil. La única manera de asegurar que el derecho a desplazarse, a trabajar y a estudiar no dependa de la cuenta bancaria. Así, debemos apostar por convertir el tren de cercanías en un escudo social rodante, que libere a las familias de la dictadura del combustible.

·Soberanía energética real, limpia y diversificada. Para que este cambio sea estructural, no basta con consumir menos: debemos transformar el cómo producimos. Frente al modelo del oligopolio fósil y nuclear, defendemos una hoja de ruta 100% renovable para la Península Ibérica [6],[6] Pizzinato, S., García, J. L. (2026). Energía para vivir mejor: Hoja de ruta para una energía suficiente, eficiente y 100% renovable para 2040 en la península Ibérica. Greenpeace España. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2026/04/energia_WEB.pdf que suministre con el menor impacto y coste las necesidades energéticas de la sociedad —ajustadas con suficiencia y eficiencia. Esta alternativa técnica demuestra con datos empíricos que la soberanía energética democrática y ciudadana es viable si se basa en un despliegue distribuido de las instalaciones; priorizando el autoconsumo, las comunidades energéticas locales y la participación de los territorios. No necesitamos seguir usando los combustibles fósiles que asfixian la vida en el planeta ni la energía nuclear que condena a las generaciones venideras. Tampoco necesitamos continuar devastando ecosistemas ni invadiendo suelos agrícolas de alto valor: el mapa renovable que proponemos demuestra que es posible alcanzar las emisiones cero netas para 2040 de forma respetuosa con la biodiversidad y sin depender de combustibles o minerales obtenidos en zonas de conflicto bélico o mediante la neocolonización.

·La arquitectura de la felicidad y la durabilidad afectiva. Es urgente sustituir de raíz la obsolescencia programada por el valor de lo duradero, lo reparable y lo compartido. Debemos plantearnos colectivamente la pregunta prohibida por el mercado: ¿cuánta energía necesitamos verdaderamente para garantizar una existencia feliz, plena y segura para toda la humanidad y para quienes vengan detrás? La respuesta científica es contundente: requerimos muchísima menos de la que el sistema financiero nos obliga a quemar diariamente en su loca carrera hacia el abismo. Una vez demostrado que no necesitamos destruir el planeta para vivir mejor, el gran debate a afrontar es dónde ponemos el límite, y cómo nos repartimos el presupuesto de carbono que nos permita seguir viviendo con dignidad.

Este cambio de paradigma entronca de forma directa con los principios del ecofeminismo [7],[7] Piris, N. (2026). Ecofeminismo: la vida y el planeta en el centro. Greenpeace España. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/noticias/el-transporte-publico-como-pilar-del-estado-de-bienestar/ una corriente de pensamiento y acción que nos recuerda que somos seres ecodependientes e interdependientes. Poner la vida en el centro implica desmontar la pirámide de dominación patriarcal y antropocéntrica que desprecia los trabajos de cuidados y de reproducción social —que son precisamente los que sostienen la existencia cotidiana.

Sin embargo, la transición ecológica ibérica no puede limitarse a sustituir un motor de combustión por uno eléctrico manteniendo intactas las jerarquías de clase y de género: debe ser un proceso que actúe como un faro de transformación para Europa —y, si apuntamos alto, para otros países del Norte Global—, demostrando que la suficiencia tiene que ser parte del camino democrático para garantizar la redistribución de la riqueza material mientras multiplicamos la riqueza relacional. Es una responsabilidad moral con nuestros hijos e hijas y con las generaciones que vendrán: no legarles un planeta calcinado, sino un mapa claro de que supimos organizarnos a tiempo para vivir mejor con menos presión sobre la biosfera.

La vivienda como laboratorio de futuros alternativos: el derecho al techo y el clima

Si la energía representa el flujo vital que atraviesa y dinamiza nuestras sociedades, la vivienda constituye el contenedor arquitectónico y social básico donde esa vida debe poder florecer y ser cuidada con absoluta dignidad. En el actual escenario de policrisis global, resulta teóricamente imposible y políticamente irresponsable disociar la emergencia habitacional que expulsa a las familias de sus barrios, de la emergencia climática que abrasa nuestras ciudades. El informe de Greenpeace titulado Tu llave de la vivienda digna [8][8] Prado, M., García, C. (2026). Tu llave para una vivienda digna: Cómo hacer realidad el derecho a una vivienda asequible, saludable y sostenible. Greenpeace España. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2026/02/Greenpeace_Informe-Vivienda-Digna_resumen.pdf plantea con total nitidez que el hogar no puede seguir siendo tratado como un activo financiero especulativo para el enriquecimiento de fondos buitre y operadores de la turistificación, sino que debe ser protegido como la primera línea de defensa biofísica y social de la ciudadanía frente a las embestidas de un mundo en llamas.

Frente al modelo de la especulación inmobiliaria, turistificación y el hormigón salvaje, desde nuestra organización defendemos una meta transformadora: la rehabilitación integral y profunda de 10 millones de viviendas en la Península Ibérica para el año 2040. Esta cifra no es un brindis al sol ni un objetivo caprichoso: representa la escala estructural necesaria para democratizar de una vez por todas el confort térmico, erradicar la pobreza energética estructural que sufren millones de personas y que nuestros hogares no estén en conflicto con el clima. En un sistema socioeconómico obsesionado con la edificación de obra nueva ineficiente y la gentrificación de los centros urbanos para el beneficio rápido de los mercados, plantear una política masiva de rehabilitación pública de los barrios obreros y el incremento de la vivienda social pública constituye un acto de resistencia política de primer orden. Significa arrebatarle a la lógica del libre mercado el control absoluto sobre un derecho constitucional fundamental, para reubicarlo de donde nunca debió salir: la esfera de la salud pública, la equidad de género y la justicia social distributiva.

Esta es otra verdadera ecotopía urbana: repensar las ciudades no como espacios de acumulación de capital, sino como ecosistemas humanos que se sanan desde sus propios barrios; convirtiendo los bloques de pisos ineficientes en auténticos refugios climáticos comunitarios, capaces de proteger la vida frente a los fenómenos extremos del cambio climático.

Soberanía alimentaria: la tierra y el mar, vivos contra el algoritmo financiero

La trinchera de la resistencia ecofeminista y popular no se detiene en los límites de las ciudades: se extiende con igual urgencia hacia el surco, la semilla y el mundo rural. En este presente convulso, la tierra fértil ha dejado de ser comprendida por las instituciones dominantes como un tejido ecológico vivo y complejo para ser degradada a la condición de mero producto especulativo. Estamos asistiendo a un proceso global de acaparamiento de tierras agrícolas sin precedentes históricos, perpetrado por grandes fondos de inversión internacionales y empresas de capital riesgo que —de forma completamente ajena e indiferente a la realidad ecológica e histórica de los territorios que adquieren—, compran miles de hectáreas como quien adquiere derivados financieros o criptoactivos en una pantalla. Un buen ejemplo de ello es el caso del olivar español [9],[9] Greenpeace España. (2026). El campo franquiciado: el caso del olivar español. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/ecofeminismo/ que hemos documentado desde Greenpeace. Su objetivo exclusivo es la maximización del beneficio a corto plazo, imponiendo macroexplotaciones de ganadería industrial y monocultivos intensivos altamente tecnificados que esquilman los acuíferos subterráneos, envenenan y desertifican los suelos con agroquímicos y fertilizantes fósiles y avasallan de forma irreversible el tejido social de nuestros pueblos. Este modelo no es exclusivo de la agricultura: se replica igualmente en la ganadería y la pesca.

Frente a esta ofensiva brutal del capital financiero contra la base misma de la nutrición humana, la respuesta no puede ser otra que la articulación firme de la soberanía alimentaria. Para dar la vuelta a este sistema al revés, desde Greenpeace también hemos diseñado una alternativa rigurosa: nuestra propuesta de modelo alimentario sostenible [10],[10] Ojeda, C., Moreno, H., Ferreirim, L., Martín-Borregón, M. (2025). Revolución alimentaria: urge una transición del inviable sistema actual a un modelo alimentario sostenible. Greenpeace España. Disponible aquí: https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2025/06/BIO-web-1.pdf una hoja de ruta de justicia social que demuestra que otra forma de producir, distribuir y consumir es plenamente viable si se sitúan las personas que consumen y producen —y los ecosistemas— en el centro de las políticas públicas.

Bajo este marco estratégico, defender de forma decidida la agricultura familiar, la ganadería extensiva y la pesca artesanal de pequeña escala no constituye en absoluto un ejercicio de melancolía folclórica o nostalgia ruralista: representa una de las estrategias de seguridad climática y de resiliencia civil más determinantes de las que disponemos. Es el reconocimiento político de que solo aquellas personas y comunidades que viven arraigadas en la tierra y en el mar —y que dependen directamente de la salud de sus ciclos ecológicos— poseen el interés genuino, la memoria histórica y el conocimiento empírico necesarios para custodiar la biodiversidad y mantener los ecosistemas vivos para las generaciones venideras.

·Desmercantilizar de raíz el derecho a la alimentación. La seguridad alimentaria de los pueblos y el derecho constitucional a una nutrición sana no pueden seguir dependiendo de las fluctuaciones especulativas o de las apuestas a futuro que se realizan en las bolsas de materias primas de Chicago, Londres o Frankfurt. El alimento es vida y tiene personas detrás. No es una mercancía para la especulación financiera.

·Arraigo e interdependencia frente al extractivismo corporativo. Mientras los fondos de inversión exprimen los recursos hídricos y abandonan de forma impune los territorios cuando los suelos quedan exhaustos y salinizados; mientras las grandes cárnicas producen para exportar y envenenan el agua; y mientras sobrecapacitamos —y damos ayudas en exclusiva— a una flota pesquera industrial que expolia los caladeros de «terceros países»; la agricultura familiar y cooperativa, la ganadería extensiva y la pesca sostenible fijan población en el entorno rural y costero, generan economías locales estables, redistribuyen la riqueza y actúan como las verdaderas guardianas del paisaje y de la biodiversidad autóctona.

·Resiliencia climática: agroecología y pesca sostenible. Un sistema alimentario relocalizado, fundamentado en los circuitos cortos de comercialización, el precio justo para los productores y la diversidad de cultivos agroecológicos o de especies pesqueras; es infinitamente más resistente y robusto frente a las crisis de suministro globales que las macrocadenas industriales controladas por un puñado de corporaciones transnacionales.

Al igual que argumentamos para el sector de la energía, el modelo alimentario global requiere una transición urgente hacia la suficiencia, la proximidad y la descarbonización. El planeta no necesita más macrogranjas contaminantes —ni en mar ni en tierra—, ni más agricultura industrial saturada de pesticidas derivados del petróleo: lo que necesita con urgencia son más personas del mar y del campo comprometidas con la salud de los ecosistemas. Implementar de raíz un modelo alimentario sostenible [11][11] Ibídem. frente a los algoritmos del sistema financiero es, en última instancia, defender nuestra autonomía democrática para decidir qué comemos, cómo nos alimentamos, quién y cómo lo produce o captura y de qué manera habitamos e interactuamos con el paisaje que nos sostiene. Es devolverle a la tierra y al mar su función sagrada de matriz proveedora de vida. Arrebatar el sistema alimentario de las manos de quienes solo ven en él un frío balance de pérdidas y ganancias supondría, en definitiva, una cartilla de ahorros para el futuro del sector primario y para la alimentación de todas las personas.

Para sostener en el tiempo esta titánica tarea de transformación sistémica y resistencia frente al acoso del capital, no basta con dotarnos de la mejor argumentación científica o de las propuestas técnicas más depuradas: es absolutamente imprescindible construir, de forma paralela, sólidas redes de apoyo mutuo que actúen como verdaderos escudos protectores de nuestra integridad colectiva. También resulta indispensable alcanzar un gran acuerdo para que la mayoría social pueda llegar a final de mes, evitando el «final del mundo», garantizando el bienestar presente y futuro y protegiendo especialmente a los grupos más expuestos a la vulnerabilidad económica y climática. En un mundo del revés, donde el hiperindividualismo consumista y la competencia feroz son jaleados como virtudes sociales mientras el aislamiento y la salud mental de la población se deterioran a niveles epidémicos; el acto de querernos, cuidarnos y sostenernos comunitariamente deja de ser una cuestión meramente privada o terapéutica: se convierte en un imperativo ético y en una de las herramientas políticas más revolucionarias y subversivas de las que disponemos.

Por ello nuestra propuesta programática ante la vulnerabilidad social no se limita estrictamente a la esfera ecológica: se despliega con fuerza en la exigencia de un escudo social verde [12],[12] García Paret, C. (2026). Un nuevo contrato social verde para una economía del bienestar. Greenpeace España. Disponible aquí: https://ecosfron.org/wp-content/uploads/2026/04/Dossieres-EsF-61-Alianza-Mas-Alla-del-Crecimiento.pdf inclusivo y democrático. Con este concepto político nos referimos a un conjunto articulado de políticas públicas y prácticas comunitarias diseñadas específicamente para proteger a las mayorías sociales con soluciones de justicia económica y ambiental. Un conjunto de políticas que garantice que los costes económicos y sociales de la transición ecológica obligatoria sean sufragados de forma justa por las grandes fortunas y las corporaciones que se han enriquecido históricamente con la destrucción del planeta —blindando, de forma incondicional, los derechos de las mayorías sociales y de los colectivos en mayor situación de vulnerabilidad. El escudo social verde es la plasmación práctica de la justicia redistributiva: un mecanismo que garantiza que nadie se quede atrás en ninguna crisis o transición, convirtiendo la transición ecológica en una oportunidad histórica para la reducción de las desigualdades de clase, género y procedencia. Este escudo, para ser verdaderamente sólido y resistente, debe complementarse con una profunda transformación cultural y organizativa que sitúe el cuidado y el afecto en la vanguardia de una sociedad amplia e inclusiva.

Debemos ser capaces de diseñar espacios de militancia y de trabajo que actúen como entornos seguros donde la ternura radical, la escucha activa, la conciliación de los tiempos de vida y el reconocimiento explícito y mutuo de nuestra vulnerabilidad e interdependencia no sean vistos como debilidades, sino como las fuentes primordiales de nuestra fortaleza colectiva. Querernos en la acción es lo que nos vuelve políticamente invencibles frente a la geopolítica del miedo. El afecto comunitario es el cemento que cohesiona la trinchera y la energía interna que nos permite sostener la sonrisa y la esperanza activa en medio de la tormenta.

La criminalización del derecho a la protesta: demandas SLAPP y la respuesta judicial colectiva

Esta creciente capacidad de la ciudadanía autoorganizada para imaginar, co-crear y poner en práctica alternativas reales al desastre, ha provocado una contraofensiva jurídica e institucional feroz por parte de los beneficiarios del modelo fósil. En el momento actual, los movimientos sociales no solo debemos destinar energías a mitigar el aumento de las temperaturas globales, a proteger ecosistemas, a frenar proyectos destructivos o a promover soluciones: nos vemos obligados a litigar permanentemente contra una ofensiva planificada de intimidación y persecución judicial. Asistimos a un aumento alarmante de la criminalización de la protesta y de las denominadas Demandas Estratégicas contra la Participación Pública —conocidas internacionalmente como SLAPP, por sus siglas en inglés. Se trata de herramientas de acoso legal promovidas por grandes corporaciones transnacionales que no buscan obtener justicia en los tribunales, sino asfixiar económicamente, desgastar psicológicamente y paralizar políticamente a las organizaciones y activistas que se atreven a señalar públicamente sus crímenes ambientales y sus prácticas coloniales.

Hemos visto con profunda preocupación cómo desde determinados sectores políticos y mediáticos se intenta de manera deliberada criminalizar la protesta social pacífica y la acción directa no violenta, llegando al extremo absurdo de etiquetar como «ecoterrorismo» o «vandalismo» lo que en realidad constituye un ejercicio legítimo de autodefensa y de libertad de expresión. El sistema, de nuevo en su lógica al revés, pretende juzgar a quienes encienden las alarmas climáticas mientras otorga total impunidad e incentivos fiscales a quienes continúan vertiendo millones de toneladas de gases de efecto invernadero a la atmósfera.

A través de estas sentencias, la judicatura empieza a reconocer —con rigor y perspectiva de derechos fundamentales— que la desobediencia civil pacífica no representa una amenaza para el orden democrático. Sino, muy al contrario, que actúa como una válvula de seguridad imprescindible y como un mecanismo legítimo de participación política cuando las instituciones y los gobiernos fracasan clamorosamente en su obligación —constitucional e histórica— de proteger la vida, la salud y el medio ambiente de la población.

Sin embargo, la respuesta democrática ante la emergencia civilizatoria no puede limitarse a la resistencia valiente en las calles o a la estrategia reactiva en los tribunales: debe avanzar con audacia hacia la vanguardia de la innovación institucional. Es una contradicción flagrante pretender pilotar una transición sistémica y biofísica de esta envergadura utilizando las herramientas oxidadas de una gobernanza formal que hoy se encuentra secuestrada por el cortoplacismo electoral y los intereses de los lobbies corporativos. Frente a este bloqueo estructural, el ecologismo político debe impulsar y defender la apertura de canales de participación directa y vinculante, tales como un parlamento ciudadano permanente para defender la democracia y el clima [13].[13] Saldaña, E., Delage, A., Jiménez, R. (2025). Parlamento Ciudadano permanente para defender la democracia y el clima. El País [Tribuna]. Disponible aquí: https://elpais.com/clima-y-medio-ambiente/2025-01-28/un-parlamento-ciudadano-permanente-para-defender-la-democracia-y-el-clima.html Solo abriendo las grandes decisiones estratégicas de Estado a asambleas ciudadanas deliberantes —configuradas por sorteo y blindadas de la influencia financiera del oligopolio fósil—, seremos capaces de destrabar la parálisis política actual y asegurar que los códigos normativos se subordinen, de una vez por todas, a los límites objetivos de la biosfera.

Ser valientes en el siglo XXI implica, de manera inequívoca, negarse a ser amedrentadas por el uso espurio de unas leyes que han sido redactadas o retorcidas para blindar el privilegio corporativo y la impunidad de las élites por encima del derecho universal a la existencia material. No olvidemos que los derechos civiles, laborales y democráticos más elementales de los que hoy gozamos de forma cotidiana —desde el sufragio femenino hasta la libertad sindical, pasando por las normativas de seguridad laboral o la protección de los espacios naturales— fueron en su origen histórico catalogados como «actos ilegales» y subversivos por el orden establecido.

Reconocemos en esa desobediencia histórica nuestro propio ADN activista. Hoy nuestra labor en los juzgados es exactamente la misma que desplegamos en las torres de refrigeración de las térmicas, en las cadenas de suministro de la industria armamentística o en las aguas del Mediterráneo: recordar de forma firme al poder que la legalidad debe subordinarse a la justicia, y que los códigos normativos deben ser herramientas vivas para la protección de la biosfera —jamás murallas de contención para frenar el cambio social que la ciencia y la dignidad humana exigen de forma improrrogable.

La memoria como combustible: de victorias «imposibles» a derechos colectivos adquiridos

Cuando defendemos la viabilidad de estas ecotopías concretas, la ortodoxia económica y los voceros del statu quo acostumbran a tildarnos de utópicas, ingenuas o desconectadas de la realidad. Pretenden hacernos olvidar que la historia social de la humanidad es, precisamente, el cementerio de las verdades absolutas del poder que en su día se consideraron inmutables. El fin de la institución jurídica de la esclavitud, la conquista del sufragio universal, el derecho al divorcio y al aborto o la implantación de la jornada laboral de ocho horas fueron catalogados en sus respectivas épocas como delirios insensatos, peligrosos e inviables por parte de las clases dominantes. Si hoy constituyen derechos humanos elementales e indiscutibles —al menos en estas coordenadas—, es porque existieron comunidades organizadas que tuvieron la osadía y la valentía política de imaginar lo que aún no existía en las leyes, y de arriesgar sus cuerpos para traerlo a la realidad. Los derechos no caen del cielo ni son concesiones benévolas: se conquistan a través de la lucha colectiva.

En nuestro contexto territorial más cercano, victorias ciudadanas contundentes —como el archivo definitivo del macroproyecto de la celulosa de Altri en Palas de Rei (Galicia) o la movilización social que ha paralizado la ampliación del Museo Guggenheim en la reserva de la biosfera de Urdaibai (Euskadi)— no deben ser leídas como meros éxitos locales o conflictos ambientales circunscritos a una región. Son verdaderas escuelas de valentía democrática y nodos de una resistencia global interconectada contra el capitalismo extractivista. Estos triunfos demuestran, con la tozudez de los hechos, que cuando la ciudadanía se organiza desde la base y se dota de argumentos científicos y legitimidad social; el supuesto «sentido común» de las corporaciones transnacionales y de las administraciones cómplices se pliega y retrocede.

Cada vez que la movilización ecologista y vecinal frena una infraestructura inútil, destructiva o especulativa, no solo está protegiendo un ecosistema concreto, un río o un bosque: está salvaguardando el espacio mental colectivo y el derecho democrático a imaginar un modelo de desarrollo radicalmente distinto. Somos capaces de ver el bosque vivo donde las lógicas financieras solo ven metros cúbicos de madera e ingresos a corto plazo; somos capaces de reconocer comunidades humanas con arraigo e historia donde los consejos de administración solo ven «recursos humanos» o «zonas de sacrificio» de baja densidad demográfica. La memoria de estas luchas ganadas es el combustible que alimenta nuestra resistencia presente. Nos enseña que la resignación es una trampa ideológica y que la audacia de cuestionar lo establecido es la única fuerza histórica capaz de ensanchar permanentemente los límites de lo posible.

Conclusión: la rebeldía de imaginar y la responsabilidad histórica de actuar

Llegados a este punto de la reflexión, resulta obligatorio acometer un ejercicio de honestidad radical y rigurosa: la situación civilizatoria actual es extremadamente grave y profundamente preocupante. El diagnóstico de un «mundo en llamas», que vertebra el presente volumen de la revista Metapolis, no constituye en absoluto una licencia poética, una hipérbole retórica o una metáfora académica distante: es una realidad material que se manifiesta con crudeza en el humo denso de los incendios forestales de sexta generación que devoran la Amazonía y los bosques mediterráneos; en el rastro de destrucción de las bombas financiadas por la codicia fósil en Oriente Medio; y en el frío o el calor extremo que soportan miles de hogares en nuestros barrios, atrapados de forma cotidiana en la estafa deliberada del oligopolio energético.

Pero es precisamente por esto, porque el panorama macroeconómico y ecológico es inquietante y nos sitúa al borde de puntos de no retorno biofísicos; por lo que la opción de la rendición, el cinismo ilustrado o la inacción representa un lujo inmoral y una irresponsabilidad histórica que ninguna de nosotras nos podemos permitir. Bajo ningún concepto.

Nuestra labor diaria en el seno de organizaciones como Greenpeace no se reduce a la necesaria catalogación del desastre o a la denuncia pública de la impunidad corporativa: nuestra misión fundamental consiste en actuar de forma decidida como las arquitectas y co-creadoras de un futuro justo que ya habita, en forma de potencia y alternativa, en las prácticas de resistencia de multitud de grupos y personas por todos los rincones del planeta. En términos estructurales, todas las propuestas que hemos desgranado en estas páginas —desde la suficiencia energética, la movilidad sostenible y la rehabilitación habitacional hasta la soberanía alimentaria— pretenden funcionar como un engranaje sistémico para ensanchar al máximo el espacio seguro y justo para la humanidad. Este conjunto de propuestas constituyen la humilde forma en que, desde Greenpeace España y Portugal, estamos intentando proyectar una biorregión entera hacia un futuro post-fósil. Un futuro habitable que solo podremos alcanzar poniendo en práctica la llamada «economía de la rosquilla», de Kate Raworth: esto es, levantando un suelo social inquebrantable que garantice vidas dignas para todas sin sobrepasar el techo ecológico de los límites planetarios. Se trata, en definitiva, de fundar las bases de un nuevo contrato social verde donde el bienestar colectivo no se mida por el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB), sino por nuestra capacidad social de garantizar derechos y biofísica para cuidar y sostener la vida.

No estamos dispuestas a sentarnos a esperar pasivamente que el futuro diseñado por los consejos de administración de las multinacionales llegue para imponérsenos: nos hemos organizado para navegar el presente e intervenir directamente en él. Lo hacemos pertrechadas con la brújula inquebrantable de la justicia climática ecofeminista, impulsadas por el motor transformador de la suficiencia material y sostenidas por la firme convicción política de que descarbonizar nuestras estructuras socioeconómicas es la única vía real para desmilitarizar el tablero internacional y garantizar la paz duradera entre los pueblos.

Como nos recordaba con lucidez el arquitecto y diseñador sistémico R. Buckminster Fuller, nuestra misión histórica en la Tierra no consiste de ninguna manera en resignarnos a ser las víctimas pasivas de los acontecimientos: fuimos llamados a la existencia para actuar como las arquitectas de nuestro propio porvenir. Hemos sido convocadas por la responsabilidad moral ante las generaciones presentes y futuras para co-diseñar y construir un mundo habitable, donde quepan muchos mundos con dignidad.

Esta es nuestra ecotopía activista: una trinchera de esperanza que no se limita a combatir los impactos del desastre, sino que tiene la capacidad de florecer, proponer y construir alternativas desde el apoyo mutuo. El futuro no pertenece a los dirigentes negacionistas ni está escrito en los balances de los fondos de inversión: pertenece por entero a quienes están luchando a pie de calle, poniendo en marcha las soluciones que nos señalan el camino. A quienes demuestran, con valentía política, ternura radical y organización colectiva, que es posible frenar la geopolítica del miedo y el colonialismo fósil. Que es posible, desde el día de hoy, empezar a construir juntas una alternativa.

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