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La teoría de Peter Turchin [2][2] Turchin, Peter y Sergey A. Nefedov. Ciclos seculares: dinámicas históricas de Estados y sociedades. Madrid: Akal, 2015. ilumina una parte esencial de este fenómeno al mostrar cómo la sobreproducción y competencia interna de las élites precipita el colapso estatal. Sin embargo, la disolución nacional no se limita a la fractura «arriba»: también se manifiesta «abajo», cuando las masas pierden narrativas de pertenencia, referencias de autoridad legítima y proyectos de desarrollo colectivo. Esa orfandad política —que se expresa en la desmovilización, la migración o el repliegue identitario— debilita la densidad orgánica de la nación y desarticula su capacidad de resistencia. Por ello afirmo que la expansión imperialista es la consecuencia estructural de la disolución nacional, entendida como la ruptura simultánea de la cohesión élite-pueblo que sostiene la existencia misma de la comunidad política.

Desde este enfoque, pienso la cuestión venezolana a contrapelo de las explicaciones morales hoy en boga sobre el avance del imperialismo mundial liderado por derechas extremas. Estas explicaciones asumen que, porque los imperialistas son gobernados por una naturaleza esencialmente mala del poder, por la irracionalidad del fanatismo religioso o por la disposición de un poder financiero absoluto o una fuerza militar sin contrapesos, operan sin medida sus políticas expansionistas. Frente a esta mirada, habría que recordar que, en política, ningún actor controla unilateralmente el proceso social: su acción es política porque se estructura en el marco de la lucha por el orden. La eficacia de un golpe es correlativa a las posibilidades o debilidades de su contrario, las cuales responden a efectos de acciones presentes o pasadas; y al tempo político. Es decir, es correlativa a la oportunidad o la fortuna. Quien gana la lucha por la hegemonía lo hace siempre en el marco de condiciones específicas que derivan de situaciones previas y en detrimento de otra apuesta de orden.

El ocaso del mito del Mundo Libre

El trastocamiento del orden mundial basado en la idea del «Mundo Libre», surgido tras la Segunda Guerra Mundial, es posible porque las políticas que lo concretaron han debilitado a las propias naciones que lo suscribieron. Políticas que han hecho la vida de miles muy difícil —sobre todo de los más jóvenes—, produciendo frustración y fragmentación. En este escenario, a los países del «Mundo Libre» les cuesta mantenerse unidos. Quizá también porque, mientras sus naciones se debilitan, surgen otras formas de ordenamiento nacional e internacional que muestran los límites del modelo occidental.

Efectivamente, la crisis de cohesión en el imperio produce reacción y empuja a la acción. Bajo la conducción de esta derecha, se interpela a las élites y se va a la guerra. Se combate bajo términos apocalípticos porque pareciera que no existe otra forma de mantenerse unidos, sino a través de antagonismos intensos que —sobre la base de la lógica amigo-enemigo— sostengan a las naciones occidentales cohesionadas. Que sea Rubio quien lidere la conversación entre las élites europeas indica que esta crisis civilizatoria se está definiendo como la crisis de las ideas políticas de la socialdemocracia que lideró la reconstrucción del mundo occidental tras la Segunda Guerra. La izquierda, sin una propuesta alternativa, no atina a formular nuevas narrativas que rearticulen en una dirección progresista a las masas que la crisis ha dejado políticamente huérfanas.

La derecha de la primera potencia del mundo trabaja para sostener una frontera agonista perdurable que la distinga de los otros gigantes que se levantan. Busca acordar quién es el enemigo para, a partir de allí, redefinir qué quiere y quién es amigo. Esta reinvención del orden occidental se patenta en América Latina como doctrina Monroe, corolario Trump. Sin embargo, siendo coherentes con nuestra hipótesis de partida, habría que plantear que esta doctrina sólo es aplicable en contextos de debilitamiento de la cohesión nacional de los países sobre los que se ciernen las pretensiones de dominación.

Podríamos decir que EE.UU. desea apropiarse de los recursos estratégicos de América del Sur por razones de seguridad nacional. También podríamos suponer que, frente a sus debilidades en Eurasia, ha decidido consolidar posiciones en América. Pero una cosa son sus intenciones y otra sus posibilidades. El caso venezolano brindaba condiciones especiales para una aplicación brutal de la Monroe Doctrine.

Venezuela: crisis nacional y expansión imperialista

En Venezuela, una década antes de la invasión militar (2015-2025), Estados Unidos venía aplicando una política sostenida de desgaste del bloque dirigente de la nación, promovida por una élite política —opositora— que, impotente ante la hegemonía chavista, acudió al «centilena extranjero» para conseguir el poder del Estado. Esta política estuvo marcada por tres estrategias: 1) la asfixia económica del país con más de 900 sanciones económicas al gobierno, el principal motor de la economía en tanto propietario de los recursos petroleros; 2) el ataque sistemático a la reputación del gobierno que fue cercando sus relaciones con Occidente y 3) el apoyo a una política insurreccional interna que, combinando tácticas violentas y episodios electorales in turbido, acentuó las fracturas sociales del país tras los agonismos planteados por la Revolución Bolivariana.

Estas tres operaciones fueron respondidas por el gobierno chavista con una estrategia de atrincheramiento que supuso la construcción de barricadas de naturaleza estatal. Esta estrategia produjo un proceso de desinstitucionalización, en tanto el Estado abiertamente tomó parte quedando anulado como el representante de todos. Esta configuración del conflicto produjo una crisis social y política sin precedentes en la democracia venezolana, que ocasionó la mayor diáspora en la historia latinoamericana y una fractura social aún irremediable. Este proceso que describimos no es otro sino un proceso de disolución nacional, que hizo a Venezuela presa, tierra-objeto, de la doctrina imperial.

Podría argumentarse que Venezuela —como todo país del Sur Global con significativas reservas de recursos naturales valiosos— históricamente ha sido no sólo objeto de apetencias imperiales, sino que concretamente funcionó durante casi un siglo como enclave económico estratégico de los negocios petroleros norteamericanos y como enclave político de su influencia en la región. De hecho, a partir de la llegada de Hugo Chávez al poder y su altisonante discurso anti-imperialista, se incrementaron las tensiones con Estados Unidos tras introducirse un giro en la política petrolera y la ampliación de las relaciones internacionales de Venezuela. Lo que constantemente puso sobre la mesa la posibilidad del uso de la fuerza para conseguir la dominación sobre Venezuela. Sin embargo, nunca antes en la historia republicana venezolana una potencia imperialista había encontrado oportunidad de concretar una invasión militar de las características vistas el 3 de enero de 2026. Bien, porque no la había buscado, en tanto la situación geopolítica de Estados Unidos era otra —estaba más ocupado en sostener sus posiciones globales en Medio Oriente y contender a Asia—; bien, porque había conseguido aliados nacionales para expoliar los recursos colectivos de los venezolanos; o bien, porque recientemente el proyecto político del chavismo conseguía articular a las mayorías convirtiéndose en el proyecto que representaba al conjunto de la comunidad y conservaba una sólida unidad nacional.

Sin embargo, la década de asfixia económica y diplomática a la que nos referimos y el tipo de conflicto político en que derivó, generó importantes fracturas sociales que en el mismo momento que debilitaron al chavismo, debilitaron a la nación. Lo que el chavismo había unido regulando el conflicto político por vías electorales y de construcción de nuevas identidades colectivas, se fragmentaba como consecuencia de una reactivación del conflicto político existencial tras la muerte de Chávez.

Tras su muerte, se produjo un giro en las formas de articulación política del chavismo. En el marco de las debilidades financieras que el bloqueo económico produjo sobre el Estado y sus capacidades para garantizar derechos, este giro fue correlativo a la decisión del gobierno chavista de atrincherarse en el Estado para defenderse de la insurrección que lideraba la oposición. Un atrincheramiento que, si bien buscaba hacer frente a los ataques enemigos, supuso un hermetismo que lesionó sus vínculos con las bases sociales del proyecto. El chavismo, así, dejó de ser un espacio político dinamizado por la interpelación social —un gobierno que «mandaba obedeciendo»— para convertirse en un proyecto político que sólo reclamaba obediencia hacia sus dirigentes. Este hermetismo defensivo, aunado a la aguda crisis económica, desmovilizó a grandes sectores sociales de la política, dejando al chavismo menguado —a nivel de la fuerza de sus masas— para hacer frente a las fuerzas opositoras que, en términos operativos, funcionaban como brazo nacional del imperialismo.

El chavismo dejaba de ser un proyecto hegemónico —en el sentido de que dejaba de representar al conjunto de la comunidad política— y se hacía objeto de importantes disputas no sólo por el control del poder, sino por el sentido del orden social. Las implicaciones de este debilitamiento hegemónico del proyecto chavista son de la más alta importancia para la nación: si el proyecto de la Revolución Bolivariana había sacado a las mayorías de la apatía política y la exclusión social, armando un cuerpo político que dinamizaba con fuerza a la comunidad política y representaba a la nación, su descomposición se manifestaría como una descomposición de lo nacional. Efectivamente, tal como Juan Carlos Portantiero [3][3] Portantiero, Juan Carlos (1998). «Notas sobre crisis y producción de acción hegemónica». En Labastida Martín del Campo (Coord.) (1998). Hegemonía y Alternativas Políticas en América Latina. México: Siglo XXI Editores. explica a partir de su lectura de Gramsci, la crisis del Estado no sólo es una crisis de la clase política —no sólo es una crisis de representación—, también es una crisis cultural que se expresa como disgregación y pérdida de fuerza de las formas organizativas —mediaciones— a través de las cuales los grupos subalternos tienen una «presencia efectiva en el Estado». Lo cual, en el plano ideológico-cultural, se vive como una crisis de identidad política, una crisis de convicciones de la sociedad hacia todo aquello llamado a regir la vida pública y colectiva.

Por ello, lo vivido durante esa década (2015-2025) se puede definir como una crisis nacional, del sentido que define y articula a la nación. Para sintetizar, podemos identificar al menos tres grandes efectos diluyentes de esta crisis, que comenzaron a ser muy claros desde 2017. El primero, el vaciamiento humano de la nación: su gente migraba. La ola más grande sucedió entre 2017 y 2019, cuando el proceso dejó de ser una migración de élites —como había sido desde que Chávez llegó al poder— para pasar a ser una migración masiva de supervivencia. El segundo, el intento de fragmentación territorial a partir del descongelamiento del conflicto territorial por la Guayana Esequiba (2023) que buscó quitar territorio a Venezuela en el marco del debilitamiento de su Estado [4].[4] Un conflicto que estuvo desactivado desde el Acuerdo de Ginebra de 1966 —el cual planteaba una solución práctica y satisfactoria por vías diplomáticas—, hasta 2023. Y que se reactivó cuando Guayana, —de la mano de la ExxonMobil y con apoyo de Washington—, rompió los equilibrios lanzando una ronda de licitaciones para bloques petroleros en aguas que Venezuela reclama como su fachada atlántica, y buscó una sentencia definitiva sobre la disputa territorial en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Y el tercero, la invasión militar por parte de Estados Unidos del 3 de enero de 2026, cuando se percibía no sólo una fragmentación de las élites y el desprestigio del presidente, sino también una sociedad políticamente desmovilizada.

Esta no es la primera crisis nacional de Venezuela. Estos procesos de disolución no son sino la consecuencia de una forma de lucha política antagónica que ha hecho tradición en la cultura del Estado venezolano, y que también ha sido alimentada por fuerzas extranjeras. Una forma de lucha política caracterizada por un conflicto político intenso, de fuertes exclusiones, cargado de revanchas, belicismo y violencia, que desborda permanentemente los términos que definen la vida colectiva y tritura al Estado como el universal de la comunidad política. Durante gran parte del siglo XIX, este tipo de conflicto minó al país de pequeñas pero constantes guerras entre caudillos locales, que condujeron a un cierre de siglo con la imposición de orden a través de una dictadura feroz que petrificó su desarrollo político y social. Con la llegada de la democracia, a partir de 1958, se consiguió una relativa estabilidad sistémica, que permitió 30 años de cierto desarrollo. Sin embargo, la democracia produjo una serie de exclusiones radicales que supusieron que entrara en crisis a finales del siglo XX. Esto dio paso a una nueva forma de Estado y sistema político —el chavista— que, si bien alcanzó estabilidad relativa por la vía de la participación popular, luego de 15 años en el poder no consiguió gestionar o encauzar de manera estable el conflicto político.

La crisis nacional de la que hablamos —que dio lugar a la invasión extranjera— expresa, en un nivel agravado, el mismo tipo de efecto que los conflictos anteriores provocaron a la nación: su petrificación social, la disolución de los lazos populares con las élites y el desvanecimiento de la creencia en las capacidades colectivas de la nación.

Las bases de una recomposición política para recuperar la nación

En medio de este escenario —que no es ajeno a procesos de recolonización, guerra y despojo en otras partes del mundo—, las preguntas a las que convoca este número de Metapolis nos invitan a pensar en las estrategias de resistencia, las narrativas y las lecciones aprendidas. Estas formas de resistencia, desde nuestra perspectiva, no son otra cosa sino la pulsión de los pueblos que luchan por mantenerse unidos, por reconocerse y defender sus territorios, tradiciones e identidades; que luchan por su existencia colectiva y sus recursos vitales; que luchan por su nación.

Lo que estamos presenciando actualmente en Venezuela es una modalidad de dominio imperialista sui generis: el chavismo sigue controlando el poder y no vemos tropas norteamericanas controlando el orden público; sin embargo, sí observamos un modo de tutelaje que se expresa en transformaciones de calado en la legislación que regula la explotación de los recursos naturales, las condiciones del comercio —arbitraje internacional— y la administración del dinero que se obtiene de la comercialización del petróleo venezolano —mediada por la Oficina del Tesoro de EE.UU. Igualmente, observamos que si bien el chavismo controla el poder y un escenario de guerra civil parece controlado, no está resuelto el conflicto político de fondo que produjo la crisis nacional. Por un lado, el mayor liderazgo de la oposición, María Machado, cabildea en Washington presionando por su regreso a Venezuela, por que se mantenga la asfixia económica sobre el país y por la celebración de elecciones inmediatas. Por el otro, el gobierno opera bajo la figura de una líder interina ante el secuestro del presidente que, sin contar con la fuerza que emana de una elección directa, es objeto de todo tipo de presiones para expoliar los recursos venezolanos.

Bajo estas condiciones, Venezuela como pueblo enfrenta un desafío crítico: o recomponer su Estado nacional o ser condenada a su disolución y ser anexionada como pueblo —nación— de otro Estado. Ante este desafío existencial, la sociedad alberga tres grandes movimientos humanos. Un primer movimiento lo encarna una parte de la sociedad que pareciera no renunciar a su soberanía, y que busca reconquistarla a través de las amplias premisas de la democracia que, con tropiezos, ha construido: derechos, acuerdos y consensos como base de la convivencia. En este sentido, se han producido cambios en las políticas de control social del Estado —como la ley de amnistía—, dando oportunidades para que la sociedad vuelva a la deliberación pública. La sociedad está hablando, comienza a ocupar las calles y a conversar sobre política —así sea en el marco de sus reivindicaciones más fundamentales: sus derechos económicos. Las pequeñas organizaciones que hace meses clamaban solas por derechos y garantías democráticas comienzan ahora a ocupar espacios, a articularse mejor. A ser escuchadas en la perspectiva de avanzar en un proceso de regularización institucional que habilite las mejores condiciones para ir hacia un escenario electoral que resuelva de manera sostenible el conflicto político.

Un segundo movimiento lo constituyen los grupos sociales que están «burnt out» de la política. Quienes, al no estar vinculados a ningún espacio colectivo y padecer las consecuencias de un conflicto político que expulsó a muchos seres queridos del país y envió a millones a la pobreza, han perdido las esperanzas y la confianza en la clase política. No confían en que los políticos venezolanos sean capaces de gobernar con eficacia el propio país. Este es un sector de la población que podría anidar peligrosos sentimientos de frustración política que, si no se contrarrestan con alternativas políticas creíbles, podrían empujarlos a aceptar la institucionalización de un gobierno extranjero. El balance que hace al respecto el líder chavista Elías Jaua —vicepresidente de Hugo Chávez—, ilustra claramente los problemas de la clase política venezolana:

«El mayor error cometido como generación política ha sido nuestra incapacidad o falta de voluntad para gestionar de manera nacional y democrática el conflicto político. Ese grave error abrió las puertas a una intromisión extranjera que ha puesto en riesgo la seguridad y la dignidad de la Nación entera. Esa intromisión extranjera nunca ha perseguido el bienestar de nuestra Nación, sino el control de nuestros recursos energéticos y mineros, y se aprovechó de nuestros desacuerdos irreconciliables para lograrlo» (Elías Jaua, vicepresidente de Chávez, abril, 2026).

Y un tercer movimiento lo representan grupos sociales altamente politizados de todos los estratos sociales, que alojan resentimientos, heridas e impulsos de revancha hacia quienes consideran enemigos. Estos grupos existen porque el conflicto político que fragmentó a la nación generó múltiples víctimas de ambos bandos políticos —chavistas y opositores— las cuales han sido instrumentalizadas por la narrativa de derecha extrema que exige castigo. Sin embargo, en las condiciones actuales, donde el conflicto sigue activado, una lógica de castigo y venganza acentuaría la espiral de crisis estatal que ya asola al país.

De estos tres movimientos políticos, el primero, al aparecer como una corriente de fondo que bebe de múltiples posicionamientos, —articulándose bajo una estrategia de mínimos comunes—, destaca como la alternativa que tendría más posibilidad de recomponer la nación en una nueva dirección histórica. Nueva, porque buscaría superar la herencia del conflicto existencial que a lo largo de todo este tiempo ha debilitado al Estado-nación. Es un movimiento que podría articular activos sociales de enorme valor.

A pesar de la crisis, el país conserva una sociedad civil organizada y movilizada, así como un Poder Popular —afín al chavismo— que, durante años, ha construido experiencias sólidas de participación y economías alternativas —Comunas, Consejos Comunales, redes productivas locales, etc.— que hoy pueden diversificar y enriquecer las formas de representación política. Todas estas estructuras, nacidas desde abajo, tienen la capacidad de interpelar a la clase dirigente y exigirle una renovación ética y programática que devuelva legitimidad a los partidos y confianza en que la nación puede gobernarse a sí misma. En un contexto de tutelaje extranjero y desconfianza generalizada, estas formas de organización popular constituyen un reservorio de soberanía social que puede impulsar una reconstrucción democrática del Estado-nación.

Conclusiones

La historia demuestra que la disolución nacional abre las puertas al dominio imperial. Pero también enseña que las naciones pueden rehacerse cuando sus sociedades recuperan la capacidad de deliberar, organizarse y reconocerse como un cuerpo político. En Venezuela, pese al tutelaje extranjero y a la fractura interna, emergen signos de recomposición: sectores sociales que vuelven a ocupar el espacio público, que reclaman derechos y que buscan reconstruir consensos básicos para la convivencia democrática. Ese movimiento —todavía frágil— constituye el activo más importante del país.

En un mundo marcado por la «diplomacia de las cañoneras», donde el orden internacional se fractura y la amenaza de guerra nuclear vuelve a ser un riesgo real, la reconstrucción de la comunidad política interna es condición de supervivencia. Sólo una nación cohesionada puede disputar márgenes de soberanía en un escenario global que tiende a la recolonización y al despojo. La historia venezolana lo confirma: Simón Bolívar sólo pudo emprender su gesta emancipadora porque logró articular un sujeto político colectivo, uniendo regiones, clases y grupos sociales diversos bajo un horizonte común de independencia. Sin esa unidad, la ruptura con el imperio español habría sido imposible.

Hoy, del mismo modo, la posibilidad de que Venezuela recupere su soberanía depende de su capacidad para reconstituirse como nación, superar la lógica del antagonismo existencial y reconstruir un espacio común donde las diferencias puedan tramitarse democráticamente. Si la sociedad venezolana logra consolidar este movimiento de recomposición —basado en la deliberación, la participación y la reconstrucción institucional— podrá disputar su lugar en un mundo convulso sin quedar reducida a objeto de tutela extranjera. Por ello, es claro que la nación, entendida como obra colectiva, sigue siendo el principal instrumento para defender la independencia y la vida digna en tiempos de desorden global.

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