Movilidades e (in)seguridades: de las políticas de vigilancia a las políticas de compasión

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María Lois
Jul, 2022
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La migración, entendida como desplazamiento, como movilidad de personas y/o de grupos de manera temporal o permanente, parecería consustancial a la historia de la humanidad. A la historia global de la humanidad, por así decirlo. Nos contaron que los seres humanos se movían, ya en la Prehistoria, y así lo hemos aprendido. Se movían buscando una vida mejor, cualquiera que sea el significado de ese adjetivo, que podría oscilar desde el tener acceso a más alimentos a un contexto de vida proyectado como más favorable, en términos materiales, climáticos, socio-ambientales, afectivos, o en cualquier otro posible; incluso en ninguno de ellos. En ese sentido, la movilidad y las migraciones son parte de lo social, en general, de cómo transcurre lo que entendemos por social, y de cómo se definen las propias comunidades, de las que son parte las personas que se mueven, independientemente de su estatus jurídico. Más que pensar esas movilidades como un elemento externo, como un otro externamente constituyente de esas comunidades, la migración y las formas de practicar el movimiento configuran la formación social.

Ahora bien, en las últimas décadas, especialmente en la última, se ha ido fortaleciendo una conexión entre movilidad e (in)seguridad, que imagina la frontera como dispositivo de control territorial de esa movilidad. Momentos como el 11-S, la «crisis de los cayucos», la «primavera árabe», el «largo verano de la migración» (también conocido como crisis de refugiados)… se han ido convirtiendo en referentes de cómo ese nexo seguridad-movilidad ha ido ganando centralidad en la imaginación social, performado desde la constante demarcación de sus límites, y practicado a través de su delimitación, en diferentes tiempos y espacios.

Foto_ Georgie Pauwels_CC BY 2.0

La vigilancia y la compasión

No parece que los obstáculos a la movilidad frenen las migraciones. Ni en términos de espacios de securitización de frontera, ni de tecnologías de control y retención de movilidades aparece una relación causal entre ambas dimensiones. Eso sí, esos obstáculos transforman las migraciones, cambian itinerarios, reformulan tiempos, pero no paran el cruce de las fronteras. Paradójicamente, algunas de las fronteras más securitizadas son también las fronteras más transitadas. Sin embargo, sí tendrían una incidencia en el fortalecimiento de percepción de la amenaza del movimiento y de la efectividad territorial de sus medidas de control. Esos obstáculos se convierten en una clave de la performance del movimiento amenazante e inseguro, atrapado entre prácticas políticas territoriales efectivas autorreferenciales donde se cerca la inseguridad, y en cartografías posibles donde reflejar el movimiento que va por encima de los límites territoriales. Igualmente, en torno a esas movilidades se ha generado toda una economía política de la migración, un tema cada vez más investigado en diferentes circuitos de producción de conocimiento. No son sólo las personas o grupos quienes se movilizarían, sino diversas organizaciones, instituciones, recursos, legalidades… y no sólo durante el viaje, en sus diferentes momentos, sino también como parte de la proyección, construcción y reproducción de las situaciones y contextos de migración, con escaso énfasis en la condición política de la vulnerabilidad en la movilidad. Entonces, obstáculos y limitaciones, pero también organizaciones, instituciones, recursos y derechos implicados en la movilidad redundan en las situaciones para las migraciones en el origen, en el destino en el que se establecen temporal o permanentemente, y, en definitiva, en la propia imaginación de la movilidad, escasamente percibida como un proceso con cierta autonomía y frecuentemente saturada de una mirada asistencial.

En ese sentido, resulta interesante proponer otro ángulo de reflexión, en este caso, desde el potente contraste entre imaginarios y narrativas en torno a la movilidad, tremendamente feraz como dimensión desde la que problematizar las prácticas de control sobre la movilidad. La imagen mediática de 150 hombres subsaharianos encaramados o saltando una valla de alambre como resumen de la movilidad del límite fronterizo sur en el caso de España, que además es la frontera sur de la Unión Europea, contrasta con el reconocimiento en informes de la Comisión Europea de que la mayoría de lo que denominan «migrantes irregulares» acceden a la zona Schengen de forma regular y legal, con una visa de duración determinada, permaneciendo una vez que la visa ha caducado [1][1] Ver, por ejemplo, European Commission 2020. Recuperado de https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/irregular-migration-return-policy_en o Krotký, J. y Kaniok, P., (2020). Who says what: members of the European parliament and irregular migration in the parliamentary debates. European security, 1–19. https://doi.org/10.1080/09662839.2020.1842362; algo que también aparecía como referencia en la leyenda de las cartografías migratorias divulgadas por Frontex en la anterior versión de su web o en las publicaciones sobre análisis de riesgo, y en trabajos académicos suficientemente difundidos y referidos. Es decir, cuestiones institucionalmente señaladas y relativamente debatidas. Sin embargo, ese contraste de narrativas apunta a una espectacularización de ciertas movilidades en torno a significantes y significados de racialización, género, o de formas de migrar criminalizables como referencias desde las que se generan políticas a gran escala para identificar y controlar movilidades. Esta visión remite a la vigilancia sobre extranjeros que acceden a Europa con probabilidades de permanecer de manera ilegal, habiendo traspasado ya sus límites de manera violenta y desordenada.

Ese contraste de narrativas apunta a una espectacularización de ciertas movilidades en torno a significantes y significados de racialización, género, o de formas de migrar criminalizables como referencias desde las que se generan políticas a gran escala para identificar y controlar movilidades.
Por otro lado, otras cifras de nuevo institucionalmente confirmadas apuntan a la necesidad de perspectivas y re-secciones en las miradas sobre las movilidades. Así, de nuevo en el contexto español, la estadística de migraciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) para el primer semestre de 2022 establece que los flujos migratorios por nacionalidad procederían de Marruecos, Rumanía, Colombia, Reino Unido, Italia y Venezuela, por este orden; esto es, país vecino de África del Norte, países miembros y ex miembros de la Unión Europea y América Latina. De nuevo, entonces, el contraste entre retóricas y representaciones resultaría un ejercicio sugestivo, ver cómo las personas con ciudadanía británica o italiana entran dentro de esa imaginación, o inversionistas en bienes raíces, o solicitantes de la Ciudadanía por Inversión (CIP), o miembros de las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Pareciese que hay una lúcida abstracción definitiva sobre quién es migrante, cuáles serían sus problemas, sus agendas posibles y su lugar en lo social, basado en la asistencia y en la intervención como forma de evitar la exclusión [2][2] Ver, por ejemplo, Colectivo IOE (2010) Discursos de la población migrante en torno a su instalación en España: exploración cualitativa. Madrid: CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas). O Ribas-Mateos, N. (2018) Las políticas de la compasión están construyendo a personas completamente asistenciales sin voz política. Recuperado de https://ajuntament.barcelona.cat/guardiaurbana/es/noticia/las-politicas-de-la-compasion-estan-construyendo-personas-completamente-asistenciales-sin-voz-politica_664994.


De la vigilancia política a las políticas de la compasión

En todo ese universo retórico y complejo, la concepción y gestión de las políticas públicas tiene un papel central. Las decisiones sobre derechos, controles, intervenciones, y, en definitiva, sobre cuáles son las movilidades legítimas, son parte de la institucionalidad, de las disposiciones de organismos públicos, en todas las escalas. Y ahí de nuevo vemos cómo se construye lo social, a partir de que la movilidad sea sancionada como derecho, como establece la Declaración Universal de Derechos Humanos, o la Carta de Derechos y Libertades de Canadá, por ejemplo. Ciertamente, para garantizar la diversidad dentro de la unidad del país; pero, finalmente, es una inclusión explícita del movimiento de lo social. Igualmente, en el marco de la guerra en Ucrania, se hacía manifiesta la capacidad europea de organizar y garantizar un sistema de asilo. La Unión Europea activaba en marzo de 2022 la Directiva de Protección Temporal, concediendo así una inmediata protección de 1 año a las personas que huyen de la guerra de Ucrania, incluyendo a ciudadanía ucraniana, nacionales de terceros países, apátridas o personas con permiso de residencia en dicho país. Esta protección implicaría permiso de residencia, posibilidad de trabajar, acceso a asistencia médica, etc. Esta Directiva, aunque creada en 2001, no se llegó a poner en acción en 2015, con la guerra en Siria, así que se habilitó por primera vez en 2022, mostrando una eficiente y organizada capacidad de asilo y protección a partir de ciertos universales. Ahora bien, el impacto en las instituciones y colectivos implicados en procesos de movilidad anteriores se hace evidente. La decisión institucional tomada en diferentes escalas, pero sin ampliarse a colectivos en situación similar, sostendría una desigualdad de condiciones, un establecimiento de movilidades preferenciales legítimas o afines y, finalmente, mantendría las condiciones materiales y simbólicas en las que se sostienen todas ellas, y también las jerarquías de legitimación y diferenciación entre movilidades. A partir de ahí podríamos establecer una responsabilidad, una necesidad de compromiso, sobre todo para la otra pirámide, para las otras graduaciones, que estaban en movilidad y que sin embargo ahora ven también un estatus diferenciado. Esa escasa visibilidad sobre una cuestión estructural, esto es, las prácticas diferenciales que atraviesan las políticas de asilo y refugio, pondría sobre la mesa cuestiones incómodas; por ejemplo, la racialización de las movilidades según sus orígenes y trayectorias, asumidas como aceptables.

De nuevo, la relación con las retóricas en torno a la migración en este caso sería cómo seguir adelante… cuando forma parte de la propia producción de lo social el que las personas se muevan y que se trasladen de un lugar a otro en unas condiciones en las que se garanticen ciertas condiciones mínimas. Pero no, desde luego, en todos los casos.


Los espacios otros

En el año 2015, con motivo del «largo verano de la migración», con personas que transitaban por Europa, caminando, buscando una localización temporal o permanente, hubo bastantes experiencias de las que creo que deberíamos aprender sobre espacios y dinámicas cotidianas de reproducción y construcción de desigualdades. Pero vamos a fijarnos en una que tiene especial interés para los estudiosos de las fronteras y la movilidad. En Nijmegen, en la frontera entre Alemania y los Países Bajos, en la Universidad Radboud, un grupo de colegas del entorno del internacionalmente reputado Centro de Estudios de Fronteras (Nijmegen Center for Border Research-NCBR) impulsaron una iniciativa informal, denominada Universidad de Asilo (Asylum University). Bajo ese rótulo se generaron dinámicas en torno a personas solicitantes de asilo como, por ejemplo, garantizarles acceso a educación universitaria, organización de charlas y debates, o clases de idiomas [3][3] Esta iniciativa es el objeto central en la tesis doctoral de Kolar Aparna, defendida en 2020 con el título de Enacting Asylum University. Politics of Research Encounters and (Re)Producing Borders in Asylum Relations, en la propia Universidad de Radboud Nijmegen, y en el seno del NCBR.. El espíritu del proyecto consistía en generar acciones cotidianas, en términos de docencia e investigación, a través de las que conectar los espacios de estancia provisional con los espacios de intercambio de conocimiento —es decir, albergues, centros de refugiados y Universidad—, creando así lugares seguros para la acción colectiva y la reflexión. Poco después, uno de los albergues de emergencia en los Países Bajos se localizaba al lado del Campus, alojando hasta unas 3000 personas frente a la sede de la comunidad universitaria. Pese a las dificultades y problemas que registró la iniciativa, sí consiguió, al menos temporalmente, sacudir los cimientos de la imaginación sobre movilidades, y los espacios y las formas de permanencia socialmente esperadas y aceptadas. Kolar Aparna (2020) recoge algunos intercambios con profesorado experto en estudios de fronteras y personal administrativo que revelan desde el miedo al relacionamiento con personas con un estatus sin regulación legal alguna a una incapacidad de entablar relación alguna con personas solicitantes de asilo más allá de su consideración académica, de su consideración como objeto de estudio, siempre situado en algún espacio de espera de un estatus, pero no, quizás, compartiendo el que se entiende como propio.

La frontera, entonces, borra la dimensión de ser (o no ser) personas enfermas, y se proyecta como esa línea que habilita como enfermas y/o transmisoras del virus a las personas de determinados lugares; en este caso, a los que no pertenecen al espacio doméstico.
En aquel momento, algunas propuestas similares se llevaron a Universidades en España, con mayor o menor acogida; más allá de que, ciertamente, el cupo de movilidades no era similar al de estados como los Países Bajos o Alemania, la propuesta no tuvo demasiado eco en una red administrativo-burocrático-académica donde los problemas (y las soluciones) de un colectivo por llegar ya estaban definidos. En diferentes instancias, la apertura del espacio público de aulas e instalaciones de la Universidad como espacios de presencialidad, de igualación, de circulación de todo lo social fueron desechados en pos de una seguridad colectiva ante las previstas desigualdades, diferencias y conflictos. La incomodidad de un encuentro no regulado, fuera de las expectativas preconcebidas de la vulnerabilidad de quien se desplaza y de la asistencialidad de quien recibe, muestra, de nuevo, una mirada complicada sobre las movilidades; o, como mencionábamos en párrafos anteriores, con algunas movilidades. Y, al mismo tiempo, apunta a las posibilidades disruptivas de abrir espacios de socialización cotidianos, inesperados para el movimiento como un fin en sí mismo, como parte de lo social. La Universidad, como espacio público con una función social, es también un lugar para el cambio social. Quizás la ingenuidad de las propuestas sea un ingrediente poderoso para seguir pensando en la posibilidad de una emancipación de la mirada sobre las movilidades.

Espacios donde se construya un horizonte para la emancipación de las miradas sobre las movilidades precisamente donde se estudian y analizan las movilidades, en lugares públicos, en espacios de igualación de condiciones públicamente reconocidos, se puede proyectar la posibilidad de otros encuentros. Y si no, al menos, como sugiere Aparna entre líneas, reflexionar sobre la comunidad universitaria como entorno a estudiar en su conformación de sujeto creador de diferencias y desigualdades. Pese a las posibles dificultades, en todo caso, me gustaría pensar también que en la proximidad y presencialidad del día a día, las relaciones que se establecen son complejas, pero abiertas, cambiantes, y potencialmente emancipadas de una mirada plana sobre las movilidades. El conflicto forma parte de lo social tanto como el acuerdo, se resuelve, se continúa, todo ello favorecido en un espacio relativamente impropio y vaciado de funciones reguladoras. Porque en la convivencia, finalmente, es el espacio en el que se resuelven los conflictos y también los acuerdos. Y la diversidad, finalmente, no es algo exclusivo de la población migrante.


La trampa territorial

Sin embargo, más allá de la ingenuidad de los párrafos anteriores, otra necesaria reflexión sobre la vinculación (in)movilidad–seguridad es su práctica territorial, que anticipábamos al inicio del texto; es decir, en torno al recurso sistemático a estrategias territoriales para la gestión de posibles amenazas. Es el caso del recurso a la construcción de muros fronterizos. Ciertamente, la idea de explicitar físicamente las barreras entre estados no es nueva; al contrario, está ontológicamente ligada a la construcción del Estado-nación moderno. Pero, curiosamente, ha alcanzado niveles extremos en los últimos años. Pese a su cuestionada efectividad (de nuevo, en diferentes circuitos de conocimiento), Elizabeth Vallet recuenta cómo la existencia de muros en el mundo pasó de 15 en 1989 a 74 en 2022, con al menos otros 15 en proceso de planificación [4][4] Vallet, E. (2022) The World Is Witnessing a Rapid Proliferation of Border Walls. Migration Policy Institute. Recuperado de https://www.migrationpolicy.org/article/rapid-proliferation-number-border-walls. La investigadora relaciona esta cuestión con el final de la Guerra Fría, posteriormente con el 11-S, y argumenta cómo la pandemia de la COVID 19 confirmaría la tendencia al desarrollo y colocación de infraestructuras físicas como elemento central en un hermético sellado de las fronteras. De nuevo en el contexto de la Unión Europea, la demanda de financiación para la construcción de infraestructuras físicas en las fronteras se repite periódicamente. Casi al tiempo que se iniciaba la implementación de la Directiva de Protección Temporal para movilidades procedentes de Ucrania, la militarización y el levantamiento de una valla por parte de Polonia en su frontera con Bielorrusia, y el proyecto de construcción de otro muro en su frontera con Rusia en Kaliningrado, resultaba de nuevo en una explicitación de tratamientos diferenciales a movilidades en función de sus supuestos orígenes y subsiguientes prácticas políticas. Algo que se explicitaba en las discusiones sobre la cuestión, en una carta a la Comisión Europea firmada por 12 países, a la manera de «necesidad de hacer frente a nuevas realidades y contrarrestar la instrumentalización de la migración irregular con objetivos políticos y otras amenazas híbridas» [5][5] Recuperado de https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2021/10/07/Joint-letter_Adaptation-of-EU-legal-framework-20211007.pdf. La posibilidad de salvar a ciertas movilidades a través de la construcción de un muro que la contenga resulta, cuanto menos, paradójica.

En el contexto de la pandemia de COVID 19, como apuntaba Vallet, ciertas tendencias en torno a la relación entre (in)movilidad y seguridad se confirmaban. En el mismo escenario, el de la Unión Europea, se tomaba por primera vez la decisión de cerrar las fronteras externas, el 17 de marzo de 2020. En las semana previas a este cierre, la vinculación entre movilidad y seguridad y pandemia se hacía presente en diferentes representaciones del espacio global proyectadas por representantes políticos como el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán: «El movimiento expande la enfermedad y hace que la epidemia sea global, y la migración es movimiento, así que hay un vínculo lógico entre los dos […] Hungría ha gestionado defenderse de la migración, así que estamos protegidos contra las infecciones que los migrantes podrían traer con ellos» [6][6] Dunai, M. (2020). «Hungary confirms first death from coronavirus» Reuters, 15 de marzo. Recuperado de https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-hungary- death/hungary-confirms-first-death-from-coronavirus-idUSKBN2120QD. En otras palabras, lo que está afuera se mueve; si entra, el problema se expande. Apunta casi a una cuestión de situacionalidad respecto a la enfermedad, cuyo antídoto sería, consecuentemente, una cuestión territorial. La frontera, entonces, borra la dimensión de ser (o no ser) personas enfermas, y se proyecta como esa línea que habilita como enfermas y/o transmisoras del virus a las personas de determinados lugares; en este caso, a los que no pertenecen al espacio doméstico.

Desde el cierre territorial, las únicas movilidades permitidas serían las de mercancías, y aquellas asociadas a determinados viajeros considerados esenciales para asegurar la continuidad del espacio común. La petición de coordinación que consta en la comunicación establece y sella un vínculo entre frontera y seguridad estableciendo un espacio donde «las fronteras exteriores de la UE deben servir de perímetro de seguridad para todos los Estados Schengen» [7][7] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo. COM/2020/115, 16 de marzo de 2020. Recuperado de https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0115&from=EN, a partir del vínculo entre frontera, y seguridad.

Las narrativas relacionadas con la politización de la migración son más importantes a la hora de moldear las visiones sobre la migración que los datos. En este contexto, quizás sea entonces el momento de comenzar a deliberar sobre otras narrativas y espacios de posibilidad donde situar la centralidad de la movilidad en lo social.
Respecto a las fronteras internas de la Unión, es interesante apuntar que su cierre se produce de forma relativamente continua, si hay presencia de las denominadas circunstancias excepcionales. El código Schengen siempre ha permitido un restablecimiento de controles en las fronteras interiores en función de la existencia de esa excepcionalidad, regulada en el capítulo II del Reglamento, reformado en 2016 (Reglamento UE2016/399), especialmente en los artículos 25 a 30. De hecho, las circunstancias excepcionales han oscilado desde eventos deportivos a visitas del Papa, reuniones del G-7, cumbres de la OTAN o sobre el Clima, atentados terroristas, manifestaciones políticas o encuentros de los Ángeles del Infierno [8][8] Lois, M. (2014). «Apuntes sobre los márgenes: fronteras, fronterizaciones, órdenes socioterritoriales» En E. Cardin, y A. S. Colognese A. (Orgs.), As Ciências Sociais nas fronteiras. Teorias e metodologias de pesquisa (pp. 239-259). Cascavel: Editora JB.. Y, en los últimos tiempos, la pandemia, escenario donde al menos 14 países (Austria, Chequia, Dinamarca, Hungría, Lituania, Polonia, Alemania, Estonia, Portugal, España, Finlandia, Bélgica, Suiza y Noruega) rehabilitaban sus fronteras internas como elemento de control de la movilidad de personas que, en los casos de Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Noruega y Suecia, se habían mantenido de forma más o menos regular tras la denominada crisis de refugiados de 2015.

La generalización de las restricciones a la movilidad en el contexto de la COVID 19, por otra parte, permite también otra reflexión sobre la inmovilidad como estrategia de construcción de seguridad. En tiempo de movilidad restringida generalizada, la irrelevancia de los espacios habituales de inmovilidad y de aislamiento se mostraba de forma contundente como otra herramienta territorial concebida para mantener la seguridad y la movilidad en circunstancias normales, como apuntan ciertos cambios en los lugares de control de movilidad situados dentro de la Unión Europea. Así, el 6 de mayo de 2020 se cerraban en España los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en funcionamiento en ese momento [9][9] Europa Press (2020). Hoy es un día histórico para España: los CIE se quedan vacíos. Público, 6 de mayo. Recuperado de https://www.publico.es/sociedad/hoy-dia-historico-espana-cie-quedan-vacios.html. Estos Centros, proyectados desde 1986 como lugares de carácter no penitenciario para aislar durante un máximo de 60 días a personas extranjeras en proceso de deportación, son producto de la primera ley de Extranjería, la ley Orgánica 7/1985 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros. La suspensión tanto de los plazos y procesos administrativos como de los vuelos (incluyendo los de repatriación) imposibilitaban la formalización de la expulsión. Curiosamente, la inmovilidad de unos se convierte en la movilidad de otros. Al igual que en otros espacios proyectados para salvaguardar la movilidad de unos desde la inmovilidad de otros (CIEs, campos de refugiados, prisiones), restringida la movilidad general, la inmovilidad y el aislamiento dejan de tener sentido. Y las restricciones a la movilidad habilitan otras movilidades, que, en este contexto se convierten, paradójicamente, en una estrategia de supervivencia. En definitiva, resulta realmente significativa la trampa territorial en la que se enganchan los esquemas de socialización espacial. Un imaginario territorial donde el cierre de fronteras y el control de la movilidad arrojan que, si cierras las fronteras, acotas el peligro, el movimiento, la excepcionalidad. Pese a ello, precisamente la excepcionalidad evidenciaba una vez más la movilidad como elemento clave de la formación social, consustancial de la economía-mundo, y al mantenimiento de las actividades laborales esenciales para la reproducción del propio sistema.


El juego de los datos: ¿por dónde seguir?

Poco queda por decir del papel de las movilidades y la migración en la sociedad. De nuevo, instituciones, institutos de investigación, académicos y académicas coinciden en mostrar la incidencia en términos económicos y de incremento del consumo, en contextos de crecimiento limitado; demográficos, en sociedades envejecidas; de cuidados, en contextos de crecientes colectivos dependientes. El impacto de las remesas en economías locales y regionales de origen muestra la estabilidad de un sistema complejo y anticíclico de intercambio y circulación de personas, bienes y dinero en el entorno de las unidades domésticas. Según datos del Banco Mundial, para 2022 habrían ascendido a 626.000 millones de dólares (USD).

Sin embargo, las divergencias entre conjuntos de narrativas siguen devolviendo miradas que interesaría ahondar. Un artículo recientemente publicado sobre la inmigración en Alemania, Francia, Estados Unidos, Italia, Reino Unido y Suecia, a partir de datos estadísticos sobre una muestra total de 24.000 personas no inmigrantes, sugiere que buena parte del debate sobre inmigración tiene lugar en un espacio de desinformación y estereotipos, relacionados con los partidos antiinmigración y los medios de comunicación [10][10] Alesina, A., Miano,A. y Stantcheva,S. (2022) Immigration and Redistribution, The Review of Economic Studies, 2022, https://doi.org/10.1093/restud/rdac011. Así, la investigación se mueve de nuevo en la discrepancia entre percepciones y datos: excepto en el caso de Suecia, las personas encuestadas asumen que la proporción de inmigrantes en sus países es al menos el doble de lo que es en realidad. Al mismo tiempo, tienen visiones incorrectas sobre sus orígenes, y creen que recurren más al Estado de Bienestar del país donde viven, y que presentan menos formación educativa y más desempleo que lo arrojado por las cifras correspondientes. La conclusión del artículo es que las narrativas relacionadas con la politización de la migración son más importantes a la hora de moldear las visiones sobre la migración que los datos. En este contexto, quizás sea entonces el momento de comenzar a deliberar sobre otras narrativas y espacios de posibilidad donde situar la centralidad de la movilidad en lo social. Sin intención de romantizar, perseguir, victimizar o apadrinar la movilidad, sino para incidir, de nuevo, en la dimensión central de esta reflexión, es decir, en lo social de la movilidad, y en su centralidad como constitutiva de la formación social. Pensar abiertamente sobre los circuitos de producción de retóricas institucionales y no institucionales donde se vincula inmovilidad a seguridad, sobre las prácticas y procesos de legitimación de ciertas movilidades, sobre la racialización de la inseguridad y de las jerarquías migratorias, sobre espacios no habituales donde coexistir con la proximidad y el alejamiento respecto a personas que se mueven… quizás contribuya a generar otras narrativas desde las que se trace una cierta funcionalidad de la irregularidad de las movilidades como parte de la reproducción de la normalidad.

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