_

Cada vez son más los jóvenes africanos que llegan solos a las costas españolas. Se trata de un hecho ampliamente recogido por los medios de comunicación pero, en general, desde una perspectiva deshumanizante. Lo que más destacan de este drama humanitario medios mainstream son precisamente las cifras de menores que arriban ilegalmente a España. Cifras muchas veces descontextualizadas y que transmiten la idea de un modelo negativo de inmigración —es decir, basado en el rechazo a las personas extranjeras y en un ideal de «migración cero», que busca la reducción, el control o incluso la eliminación de los flujos migratorios [1].[1] Abad, L. V. (1993). Inmigración, pluralismo y tolerancia. Madrid: Alianza Editoral. Si no, al menos, su negación teórica.

Los medios hablan de números para no contarnos que algunos de estos jóvenes extranjeros realizan un trayecto de más de 8 mil kilómetros, embarcándose como pueden para sobrevivir a una de las rutas migratorias más mortíferas de la actualidad. De una enorme volatilidad, la conocida como «ruta atlántica» recorre la costa occidental del continente africano hasta las Islas Canarias, el enclave más remoto de la frontera sur de Europa. Desde Tarfaya o El Aaiún, el periplo hasta arribar en el archipiélago abarca unos 225 km de lucha contra un océano implacable a bordo de embarcaciones endebles, pensadas para faenar en la costa; mientras que el trayecto desde los puntos de salida más lejanos documentados —en las costas de Guinea—, puede suponer más de mil 500 km de navegación de cabotaje y otros más de 500 en mar abierto, evitando patrullas costeras. Es decir, semanas de camino en las mismas naves y en condiciones infrahumanas.

Los medios y los líderes políticos, por tanto, se empeñan en hablar de números porque ponerle historia y rostro a las personas que llegan a este territorio de manera irregular nos haría empatizar con su dolor, con quiénes son, qué les movió a salir de sus países de una manera tan insegura; y probablemente nos veríamos interpelados/as a tener que hacer algo con todo eso. A organizarnos, a tejer, a ser solidarios/as, a exigir a nuestros gobernantes, y a dar una respuesta colectiva a las deficiencias de la Administración —como recientemente vimos en España tras la emergencia provocada por la catástrofe natural de la DANA [3].[3] Aguirre, A. (2023, septiembre 14). Las redes de solidaridad que surgieron en la pandemia afloran ante la devastadora DANA. El Diario. Disponible aquí: https://www.eldiario.es/sociedad/redes-solidaridad-surgieron-pandemia-afloran-devastadora-dana_1_11792352.html Los movimientos sociales, los/as activistas de los barrios, los/as ciudadanos/as comprometidos supieron, ante ese desastre, llegar donde el Gobierno no estaba llegando. ¿Sucedería lo mismo con la acogida de los jóvenes migrantes, con las muertes en el mar, si dejásemos de verlos como cifras?

Este hecho, conocido con el término crimmigration —acuñado en 2006 por Stumpf— es uno de los principales estigmas que sufren estos jóvenes migrantes al llegar a las sociedades de acogida: el miedo al extranjero y los estereotipos sobre su peligrosidad, que conducen a la confusión o solapamiento, en muchos Estados desarrollados receptores de inmigración, entre la legislación de extranjería y la legislación penal [5].[5] García España, Elisa (2017). «Extranjeros Sospechosos, Condenados y Excondenados: Un Mosaico de Exclusión». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, no. 19. La percepción de los inmigrantes como potenciales criminales o delincuentes hace que los Estados se armen administrativa y penalmente frente al extranjero, empleando medios y dispositivos legales que vulneran derechos fundamentales de la persona y principios básicos del sistema. La peligrosa consecuencia de este fenómeno es que el derecho penal y el derecho administrativo se entrecruzan cada vez más [6].[6] Ídem.

Ismail El Majdoubi, del Colectivo ExMenas, es uno de los jóvenes que vivió en carne propia esta estigmatización y criminalización social: «En realidad hay de todo. Si yo quiero buscar a un delincuente lo voy a encontrar, si yo quiero buscar a un poeta lo voy a encontrar, si yo quiero buscar a un músico o a un futbolista, también están allí», relataba [7],[7] El Majdoubi, I. (2021, marzo 10). [Declaraciones en «La doble criminalización de los menores migrantes no acompañados»]. El Salto. Disponible aquí: https://www.elsaltodiario.com/ refiriéndose a la amplia diversidad de jóvenes magrebíes y de África Occidental que emigran a Europa, y que se encuentran con este tratamiento deshumanizador por parte de las instituciones y los medios de comunicación. El riesgo último de ese trato, de percibir y presentar a los extranjeros como «crinmigrantes» consiste en que, a base de situarles continuamente en la «otredad», se acaba justificando la atrocidad contra ellos [8].[8] Fernández, Patuca (2021, febrero). [Declaraciones en la mesa redonda de la VIII «Marcha por la Dignidad del Tarajal»]. Pudiendo llegar al extremo de establecer pactos sociales en los cuales se reconoce solo «a los propios» y se excluye a los «extraños» [9].[9] Bauer, T. y Zimmermann, K. (1996). Dynamic labor demand: natives and inmigrants [Dinámica de la demanda laboral: nativos e inmigrantes]. Estrasburgo: ESF Conference.

El discurso del desborde

¿De verdad quieren que hablemos de números? Desde que lleva activa la ruta atlántica a Canarias —en la que se ha producido el 70% de las llegadas por vía marítima al Estado español de los últimos años— han arribado a nuestras costas 255 mil personas desplazadas [10].[10] Caminando Fronteras. (2023). Informe anual: Derecho a la vida en las fronteras. Disponible aquí: https://www.caminandofronteras.org/ Es decir, en 30 años han entrado de manera irregular 255 mil personas del continente africano, una media de 8 mil 500 personas al año, 709 personas al mes. La población africana censada en la Comunidad Autónoma de Canarias constituye un 5% del total: 45 mil personas sobre un total de 2 millones 200 mil. Esto es lo que la narrativa hegemónica llama «desborde».

Este concepto de margen de tolerancia tiene su correlato administrativo en lo que se suele denominar la «ideología del cupo» [13].[13] Ruiz de Olabuénaga, J. I. (2000). Inmigrantes, Hostilidad en la sociedad móvil. Madrid: Acento Editorial. Esto es, la pretensión de racionar la inmigración con mecanismos de regulación social para que la sociedad receptora pueda «asimilar» esos flujos sin poner en peligro su pretendida «paz social». Un orden social que se siente amenazado por los contingentes de inmigrantes, que son vistos como portadores o creadores de problemas sociales [14].[14] Meissner, D. y Hormats, R. (1993). International migration challenges in a New Era [Desafíos de la migración internacional en una nueva era]. Nueva York: The Trilateral Commission.

Esos 5 mil menores extranjeros de los que hablamos proceden de más de 16 países, como Senegal, Mali o Gambia; no solamente de Marruecos, como pretende la construcción reduccionista que prevalece en el imaginario colectivo. Reforzada por las narrativas de los medios de comunicación, esta falacia es una generalización simplista que no se corresponde con las cifras reales y que está cargada de prejuicios y estereotipos xenófobos. El problema de los estereotipos es que no desaparecen a pesar de que los datos reales los refuten: se trata de etiquetas que devienen en lo que Rumbout llamó en 2016 «ideas zombis» —que se niegan a morir a pesar de que las evidencias empíricas las desmienten continuamente [15].[15] García España, Elisa (2017). «Extranjeros Sospechosos, Condenados y Excondenados: Un Mosaico de Exclusión». Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, no. 19.

Un 93% de estos menores migrantes que llegan solos son varones, frente a las niñas y mujeres jóvenes —6,2%—. Si el viaje es duro para un joven varón, prueben a imaginar lo que implica para una mujer. El 85,4% de estos jóvenes son originarios de África Occidental, con Senegal —2 mil 27 menores— y Mali —mil 434— como principales nacionalidades de origen; seguidas de Marruecos —823—, Gambia —543—, Guinea —367— y Costa de Marfil —157. En menor medida, estos jóvenes migrantes proceden también de Mauritania, Sierra Leona, Congo, Benín y Pakistán.

Este tipo de cifras, sin embargo, no siempre logran desmentir los bulos y los relatos racistas, pues los estereotipos están arraigados en lo emocional y son impermeables a la realidad [16].[16] Ídem. Así, del mismo modo que la «narrativa del desborde» no se corresponde con los números reales, el odio tampoco se sostiene estadísticamente: el «discurso del reemplazo», que se basa en la pretensión de que todos los menores no acompañados son de religión musulmana, tiene una base fundamentalmente racista y antiislamista que debe su origen al 11-S y demás atentados cometidos por bandas terroristas como Al Qaeda. Las atrocidades perpetradas por estos grupos extremistas sentaron las bases discursivas para imponer narrativas de securitización y excepcionalidad a través del señalamiento de la migración, desmantelando en el proceso nuestra normalidad democrática y muchos de los principios del Estado de Derecho.

Todos estos prejuicios xenófobos siguen siendo instrumentalizados a día de hoy para criminalizar a la población migrante, y el auge de partidos populistas de ultraderecha no ha hecho más que alimentar y propagar esta clase de argumentarios —que, sobra decir, esconden intereses políticos y económicos de calado. Mientras a los partidos de extrema derecha les resulte fácil capitalizar políticamente discursos etnonacionalistas en su trayectoria hacia el poder, es imprescindible que quienes estamos del lado de los derechos humanos nos esforcemos por formular nuevas narrativas que superen estos marcos conceptuales tramposos.

De dualismos y centros de deshumanización

A raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania y el éxodo migratorio que provocó, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España acogió en dos años a 236 mil personas de origen ucraniano. «La integración de los desplazados ha sido una prioridad para el Gobierno español», declaraba orgulloso el entonces ministro [18],[18] Ministerio de Inclusión de España (2023, febrero 24). «La integración de desplazados, prioridad del Gobierno». Comunicado de prensa disponible aquí: https://www.mitramiss.gob.es/ mientras los medios de comunicación no interpretaban ni transmitían que esto supusiera amenaza de ninguna clase. Huyendo del dualismo al que nos empujan, es inevitable, no obstante, preguntarse por qué unos sí y otros no: si esto fue posible con los/as refugiados/as ucranianos/as, ¿por qué no con el resto de desplazados/as? Esta comparación, al igual que el dilema competencial —la excusa del Gobierno central en que la acogida de los menores migrantes es responsabilidad de las Comunidades Autónomas— evidencia que nos hallamos ante una cuestión de voluntad política.

Según el Ministerio, 39 mil 741 estudiantes ucranianos han sido escolarizados en el sistema educativo español. De ellos, aproximadamente 5 mil 500 están en Educación Infantil, 15 mil 500 en Primaria, 9 mil 500 en Secundaria y más de 8 mil en Formación Profesional y cursos de aprendizaje del idioma. En el ámbito universitario, mil 800 alumnos se encuentran matriculados en programas de grado, máster o doctorado. Canarias cuenta con tan solo 5 mil menores no acompañados. ¿Cuántos sin escolarizar? ¿Cuántos sin haber podido regularizar su situación administrativa? ¿Cuántos retenidos en centros de acogida que profundizan su deshumanización?

Existen 86 centros de este tipo para la acogida de menores repartidos en siete islas, concebidos en teoría como un recurso de emergencia, pero cronificados de facto. Saturados, sobrecargados y acusados de maltrato e incluso vejaciones y torturas contra los jóvenes acogidos [19],[19] González Vargas, Natalia. (2025, 19 mayo). La Justicia cierra un centro con 43 menores migrantes en Gran Canaria víctimas de presuntas torturas y delitos de odio. Disponible aquí: https://www.eldiario.es/canariasahora/tribunales/registro-policial-centro-menores-migrantes-gran-canaria-presuntos-delitos-odio_1_12310637.html estos centros forman parte de lo que se ha llamado «fronteras duras»: toda la serie de dispositivos de control que actúan como primeras barreras a la integración de los migrantes en el país al que llegan. Y es que las fronteras no solamente son las murallas físicas, pasos marítimos o controles aeroportuarios, sino las condiciones que se imponen para atravesar todos ellos. Los Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), Centros de Atención a la Infancia (CAI), centros de emergencia y centros de menores, son tan solo un ejemplo de ese tipo de fronteras duras que hacen que, ya antes de llegar ni tan siquiera a residir en la sociedad de acogida, los migrantes adquieran un estatus marginal [20].[20] Malgesini, G. y Giménez, C. (2000). Guía de conceptos sobre migraciones, racismo e interculturalidad. Madrid: Catarata.

Conclusiones: El problema es la pobreza

Como abogada especializada en Extranjería y Derechos Humanos, puedo afirmar con firmeza y conocimiento de causa que el problema de esos 5 mil menores extranjeros que llegaron solos a Canarias no es su condición como extranjeros, sino su condición de pobreza. Eso es lo que hace que la presencia de estos jóvenes que no cuentan con ningún adulto que se haga cargo de ellos se perciba —o se represente— como una amenaza para el archipiélago.

Son muchas las preguntas que podemos hacernos sobre estos menores que han recorrido más de 8 mil kilómetros, que se han subido solos a una embarcación precaria, que han sobrevivido al océano Atlántico enfrentando el hambre, la sed, el miedo y el frío. ¿Qué lleva a estos jóvenes africanos a jugarse la vida en una ruta letal hacia otro continente? ¿Qué clases de maltrato sufrían en sus países de origen? ¿Tenían familia? ¿No encontraron oportunidades en sus lugares de nacimiento? ¿Como serían sus condiciones de vida, para decidir marcharse así?

En general no cuentan con carburante suficiente para el trayecto, ni con medios materiales para los días que deben pasar expuestos al agua y al frío, ni con suficientes víveres o agua potable. Aunque hay indicios de una tecnologización cada vez mayor —con dispositivos de navegación por coordenadas—, los timoneles no suelen ser navegantes expertos. Así, además del miedo, los ataques de pánico, graves mareos y falta de sueño e incluso contusiones derivadas del oleaje, no es raro que aquellos que viajan en estas barcas experimenten cuadros de desnutrición, insolación, quemaduras, deshidratación e hipotermia, que no pocas veces derivan en muerte —especialmente las dos últimas.

Volvemos entonces a la pregunta central: ¿qué lleva a estos menores migrantes a exponerse a todos estos peligros? La cruda realidad es que migrar cientos de kilómetros para intentar llegar a Europa no es un antojo pasajero, sino una aspiración que se ha instituido en el imaginario colectivo de sociedades que, como las de la región de África occidental, enfrentan horizontes de miseria y el expolio de sus recursos. Sociedades en las que fenómenos como la degradación ambiental y la desestabilización del clima se suman a medios de producción deficientes, a la grave falta de infraestructuras, a una corrupción rampante y a otros tantos conflictos estructurales estrechamente vinculados con su pasado colonial, dejando a generaciones enteras en la estacada.

No hay pesca, no hay industria, y el rendimiento del trabajo agrario se desploma. La mayoría de quienes asumen los enormes riesgos de la inmigración irregular como única vía de escape a esas condiciones sabe de antemano qué enfrentará, igual que la mayoría de los repatriados pretenden volver a intentar migrar. La clave para comprender qué mueve a estos jóvenes a migrar, incluso siendo menores de edad y sin compañía de ningún familiar ni referente adulto, es tener en cuenta la persecución de la que escapan, la violencia de conflictos civiles y étnicos, el hambre y el encierro de los campos de refugiados. En la mayoría de los casos, migrar no significa tan solo la opción de una vida mejor, sino que responde al más atávico instinto de supervivencia.

En definitiva, las migraciones no van a frenar por más prácticas y políticas de control migratorio —y poblacional— que se impongan. Partiendo de esta premisa, parece claro que la ideología negativa de la inmigración, que la convierte en un asunto de seguridad, actúa como instrumento de justificación del endurecimiento de las políticas migratorias y de la progresiva rigidez de los controles fronterizos. El discurso de la «presión migratoria», que se ha analizado en el presente artículo, esconde un sesgo colectivo etnocéntrico e infundado que se sustenta en los mismos mecanismos retóricos que la securitización: mediante la demonización del inmigrante, los poderes públicos obtienen el visto bueno de la ciudadanía para saltarse el Estado de Derecho en el nombre de la seguridad ciudadana. Es por ello que la «crinmigración» o la retórica de la invasión migratoria representan un artilugio sumamente peligroso en manos de partidos políticos y creadores de opinión.

No hay que perder de vista que esta concepción de la inmigración como una amenaza cultural y social convierte a los jóvenes migrantes en un chivo expiatorio aparentemente necesario para una sociedad aquejada de crisis, incertidumbre y temor al futuro [23].[23] Ruiz de Olabuénaga, J. I. (2000). Inmigrantes, Hostilidad en la sociedad móvil. Madrid: Acento Editorial. Para desmontar esa visión de la migración como una amenaza potencial a la seguridad cultural colectiva de las sociedades de acogida, debemos transformar las narrativas que rodean a esta «juventud que llega sola». Y para ello, debemos ser capaces de interpelar a la empatía y a la compasión, pero también a nuestra responsabilidad como humanidad.

·

COMPARTIR: