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¿Adolescencias con derechos?

En el barrio donde crecí, Santa Rosa, Provincia de Buenos Aires, las calles eran de tierra con una zanja de agua podrida y estancada que inundaba todas las cuadras, dado que no había cloacas. Tampoco contaba con un tendido de luz eléctrica en condiciones seguras, ni agua corriente que fuera potable. La casa, de ladrillos sin revocar, apenas tenía unas chapas como techo, que ardían en verano y la transformaban en un horno, y que en cada lluvia filtraban un goteo de agua cayendo en ollas y baldes que hacían imposible dormir. No había escuela, ni centro de salud, ni ningún tipo de servicio comunitario que atendiese las necesidades básicas de las familias humildes y casi sin recursos. Esa sigue siendo la realidad de las villas y asentamientos del país: la falta de acceso a los derechos más básicos.

En nuestro país, el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap) contabiliza actualmente 6 mil 467 barrios en condiciones de precariedad. En muchos de ellos, gran cantidad de personas encuentran dificultades para obtener el Certificado de Vivienda Familiar. Este es un instrumento legal que reconoce el carácter de poseedor de la vivienda a la familia que la habita y, en consecuencia, le permite acceder a suministros básicos como luz, agua y gas —en la medida en que estas obras se vayan realizando en su barrio.

Sin embargo, el último reporte de gestión de la Defensoría del Pueblo de la Nación (2024) dio a conocer que dichos trámites se encuentran suspendidos. Además, con tan solo recorrer las villas y asentamientos del país, se observa la ausencia de obras públicas que garanticen los servicios mencionados.

En ese contexto, las infancias y adolescencias crecen con graves dificultades para desarrollar un proyecto de vida acorde a los derechos que les son reconocidos a través de la Constitución Nacional Argentina, la Convención de los Derechos del Niño y las diversas normas afines que no hacen sino consagrar el estándar mínimo de aquello a lo que una niña, niño u adolescente debe poder acceder por el sólo hecho de ser persona.

De acuerdo al último informe de UNICEF (2025), alrededor de un tercio de los hogares con niñas, niños y adolescentes en Argentina no logran cubrir los gastos corrientes; lo que se traduce en un elevado nivel de inseguridad alimentaria y de necesidades básicas insatisfechas.

Asimismo, en el ámbito educativo la evidencia muestra que la deserción escolar aumenta a medida que va creciendo la franja etaria. Es decir, las y los adolescentes que abandonan la escuela en mayor proporción son los de 16 y 17 años. Esto se debe a la temprana inserción en el mercado laboral y la asunción de tareas de cuidados de hermanas/os menores, que se producen a raíz de la situación de precariedad económica en la que viven y la necesidad del grupo familiar de contar con mayores ingresos.

En este aspecto, la política social de terminalidad educativa que implica el otorgamiento de una beca denominada PROGRESAR —creada en 2014—, está demostrando ser una valiosa herramienta para que estos jóvenes puedan afrontar los gastos derivados de sus estudios. Este programa fue ampliado en 2022, alcanzando a la población de 16 y 17 años, dando respuesta a una demanda latente que hasta ese entonces no contaba con ninguna política pública que hiciera frente a esa realidad. Los datos demuestran cómo un programa de este tipo está contribuyendo a robustecer las condiciones sociales que permiten a estos jóvenes terminar la escuela secundaria.

El mayor desafío del programa fue mantener el monto actualizado, acorde a la inflación en aumento de la economía local. Como consecuencia de ello, la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación (en adelante, Defensoría de NNyA) instó al Poder Ejecutivo, en reiteradas ocasiones, a establecer un mecanismo de actualización automática. Sin embargo, ello no ha ocurrido y se han ido efectuando aumentos fijos en plazos determinados de manera discrecional. Además, recientemente ha habido serias dificultades para concretar las últimas aperturas de inscripciones, lo que impide de facto poder ampliar la cobertura de esta política social.

En relación al derecho a la salud, la población juvenil no ha contado con mejor suerte. Según el último informe anual de la Defensoría de NNyA, correspondiente al año 2024, la mayor cantidad de requerimientos recibidos tuvieron que ver con las dificultades en el acceso a prestaciones de salud y medicamentos para chicas y chicos con discapacidad; seguido de jóvenes que presentan consumo problemático de sustancias y/o problemas de salud mental.

En relación a estas últimas dos cuestiones, el citado informe señala la falta de estrategias de intervención claras y sostenidas con recursos materiales y humanos suficientes: del 4.1% del presupuesto nacional de salud, sólo el 0.4% corresponde a políticas dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

En síntesis, existe un grave deterioro de las condiciones en que viven las y los adolescentes de los sectores populares. Es urgente que la intervención estatal no se limite a describir el contexto, sino que piense sus estrategias con ellas y ellos.

El mapa del delito: barrios populares y seguridad

No es una novedad que los barrios populares son los más golpeados por la inseguridad en el país. Para citar un ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), los barrios que en 2025 concentraron el mayor porcentaje de homicidios son aquellos situados en el sur de la ciudad —sumado al barrio Mugica de Retiro—, según consta en el Mapa del Delito del Gobierno de la Ciudad. Registros similares han tenido lugar año tras año, derivando en el despliegue de enormes operativos policiales con presencia constante en cada barrio.

Así, en la década pasada funcionó el Comando Operativo Cinturón Sur (2011-2017), que desplegaba a las fuerzas federales de seguridad —concretamente, de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Dicha intervención implicó la colocación de puestos de seguridad en distintas zonas de cada barrio y, a su vez, la vigilancia constante por parte de agentes que recorrían en trinomios cada sector. Pero también implicó, con el tiempo, un aumento de la violencia policial reflejado en casos de detenciones arbitrarias, vejaciones, torturas e incluso casos de violencia extrema conocidos como «gatillo fácil». Es decir, homicidios cometidos por un agente policial.

Posteriormente, en el año 2017, el gobierno de Mauricio Macri, con la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, disolvió dicho operativo y transfirió la función securitaria a la Policía de la CABA. Sin embargo, la situación no varió demasiado: el mapa del delito de esta jurisdicción continuó exhibiendo cómo los barrios con mayores niveles de pobreza concentran el mayor porcentaje de homicidios; mientras que, del relato de los propios vecinos y vecinas, se deduce que la violencia policial tampoco ha disminuido.

Así que nos encontramos ante una paradoja: a pesar de tratarse de localizaciones con gran cantidad de agentes policiales desplegados en el territorio, siguen siendo los barrios que más sufren la inseguridad. En ese sentido, las organizaciones comunitarias han denunciado que el Estado no solo parece ignorar esta situación, sino que incluso se constituye en partícipe de una amplia variedad de delitos que incrementan los niveles de violencia cotidiana.

Es decir, que en aquellos lugares en los que abunda la ausencia de control estatal y los prejuicios de ser «villa» es precisamente donde las fuerzas de seguridad permiten que el crimen ocurra. De otro modo, no se explica por qué se cometen tanta cantidad de homicidios en zonas «liberadas» de la presencia policial, como se denominan popularmente.

En simultáneo, la problemática de la violencia institucional, entendida en este caso como la violencia ejercida por las y los agentes policiales contra la población civil, predomina en cada uno de estos barrios, especialmente contra adolescentes y jóvenes varones. Ello se evidencia en el último informe del Ministerio Público de la Defensa de la CABA (2025), que da cuenta de que el 79,1% de las víctimas de este tipo de violencia eran de género masculino, con un predominio de la agresión física (75%). También se evidencia la xenofobia imperante en el accionar policial puesto que, del total de 2 mil 670 hechos de violencia institucional, el 83,7% eran personas de nacionalidad extranjera. Finalmente, se repite un mismo dato: tanto la comuna 1 —donde se encuentra el barrio Mugica— como aquellos barrios situados al sur de la CABA, registran la mayor cantidad de episodios violencia policial.

Así, los barrios de extrema vulnerabilidad sufren la inseguridad en dos sentidos aparentemente opuestos: uno, entendida como el clásico delito callejero —robos, hurtos, homicidios, etc—; y la otra, aquella que se genera a partir del accionar violento de las fuerzas de seguridad.

Algunos relatos de vecinas y vecinos exponen con precisión lo que ocurre bajo el silencio de los medios de comunicación y la mirada juzgadora del resto de la sociedad: «cuando tienen que fingir que van a atrapar narcos allanan la casa del vecino de al lado del que saben que vende, y obvio no encuentran nada pero rompen todo»; «ven las filas de gente rota esperando para comprar drogas a metros de las garitas de seguridad y no hacen nada»; «esperan a que salgan del barrio para detener a las personas que fueron a comprar drogas y muchas veces ni registran lo que secuestran, se lo quedan ellos».

En la otra cara de la moneda, las palabras de los chicos y chicas que crecen en este contexto de extrema violencia y marginalidad: «yo tenía 13 años y me llevaron a la garita, me quemaron cigarrillos en la espalda y me pegaron»; «me encerraron horas en un patrullero, en verano, esposado, con los vidrios cerrados y con la calefacción al máximo prendida»; «me esposaron, me tiraron al piso, me patearon y me rociaron gas pimienta en la cara».

En la línea de estos testimonios, meses atrás se viralizó un video de un youtuber al cual otra persona enseñaba a disparar, efectuando disparos al aire en un pasillo del barrio Mugica. Esas imágenes pusieron sobre la mesa una pregunta lógica que tiene una respuesta polémica: ¿dónde estaba la policía? No estaba, pero a partir de ese día, estuvo. Una consigna fija se colocó en ese pasillo gracias a la necesaria presión social que desató el video. Sin embargo, con la presencia de la policía comenzó el maltrato a las y los vecinos.

Lilian Andrade, vecina del barrio Mugica, relata: «Si bien ello ocurre desde hace muchísimos años, lo que sí cambió es el nivel de crueldad, ahora se ven muchos más niños en situación de calle y consumo de drogas, muchos no son del barrio, viene gente que baja de los trenes o colectivos cercanos y llega a comprar».

Y agrega que «En estos sectores sería perjudicial que pase algo, por eso la policía cuida la zona para que no pase nada. Pero una vez que los chicos salen a otros pasillos, son pollo para la policía: ahí los agentes cumplen con la cantidad de detenciones del día. Otro problema es que los controles de autos y motos no se hacen de acuerdo a la ley: te sacan la moto por bronca, aunque tengas toda la documentación correctamente».

También debemos poner de relieve lo que ocurre con las adolescentes y mujeres de estos barrios. En estas zonas «liberadas», muchas mujeres de entre 20 y 30 años, con hijas e hijos, se encuentran en extrema vulnerabilidad. Al ver que no pueden pagar el alquiler, es habitual que el dueño del lugar que alquilan les ofrezca un pago en dólares a cambio de transportar drogas a otros países. Con la promesa de «tener una mejor vida para sus hijos», estas mujeres acaban presas por tráfico de drogas e, irónicamente, acaban siendo juzgadas también socialmente: «no pensó en sus hijos», se suele decir. En este caso el género actúa como agravante, pues cuando son varones los que caen presos por traficar con drogas, son de nuevo valorados cuando vuelven a la comunidad. Cosa que no sucede con ellas.

Otra dificultad que enfrentan particularmente las mujeres en este tipo de barrios es que, cuando son víctimas de violencia de género y se dictan medidas de prohibición de acercamiento, no cuentan con la intervención policial necesaria para que estas se cumplan. Y de poco vale que esas medidas se otorguen si pueden ser incumplidas con impunidad por el agresor gracias a la ausencia de policía en estos barrios.

También sucede que muchas no quieren ir a la comisaría a hacer la denuncia porque saben que no serán tratadas adecuadamente y que gran parte de su relato será omitido del registro policial. Esta omisión deliberada del accionar policial es también un tipo de violencia institucional, y tiene por consecuencia que las mujeres terminen optando por pedir ayuda a otras vecinas de la comunidad o a alguna organización en lugar de denunciar.

Las jóvenes de los barrios están expuestas también a detenciones arbitrarias. Cuando estas se producen, es común que los agentes policiales no den información de por qué las están deteniendo ni a dónde las trasladan. Al haber más acceso a celulares y formas de registro, los principales actos de violencia se cometen dentro de los patrulleros, donde las chicas son más vulnerables a recibir golpizas o tocamientos indebidos. El género sigue operando como agravante en este sentido, como también la orientación sexual, el color de la piel o la nacionalidad potencian la discriminación que ya de por sí padece cualquier persona que viva en uno de estos barrios vulnerados.

La segregación por zonas es tan clara que, incluso dentro de un mismo barrio, algunas paradas de colectivo [1][1] Nota del editor: Autobús público. cuentan con mayor protección que otras. Es el caso, por ejemplo, del barrio Mugica, donde se ubica el Ministerio de Educación de la Ciudad. En esa zona del barrio hay paradas con vigilancia —las que usan las personas que van a trabajar al Ministerio— mientras otras están totalmente abandonadas. Todo el despliegue policial está estratégicamente controlado para que, donde hay comercialización de drogas o donde circula gente que no vive en el barrio, no se cometan robos o hechos delictivos; mientras que en el resto del barrio no hay presencia policial activa.

Otro fenómeno de violencia institucional contra mujeres es el del acceso a la vivienda. En el barrio Mugica los carteles de alquileres dicen abiertamente «para persona sola o varones», pues existe el prejuicio de que las mujeres con hijas e hijos van a quedarse «usurpando las piezas». Por este motivo se dan muchos casos en que, frente a un retraso en el pago, el dueño del domicilio llama a la policía y esta expulsa a la mujer y a su familia con violencia, dejándolos en la calle y sin siquiera contar con una orden judicial.

Las mujeres pagan alquileres más altos por este prejuicio de género, y en muchos casos terminan endeudadas y recurren a prestamistas del barrio, convirtiéndose finalmente en víctimas de amenazas y abusos por parte de estos. Se han dado casos en los que, frente a un retraso en el pago, las mujeres han recibido palizas por parte de estos usureros, quedando inconscientes en el piso dejando solos a sus hijos e hijas.

Así, en este tipo de comunidades vulnerables las vecinas y vecinos muchas veces no saben si es mejor contar con presencia policial permanente que les defienda de algunas clases de maltrato; o si, por el contrario, y ante la inacción o el abuso de los propios agentes, constituyen más bien una nueva amenaza. Y es que, de algún modo, los habitantes de los barrios acaban siendo rehenes de las mismas fuerzas policiales que en cierto sentido requieren.

¿Persecución del delito o persecución de adolescentes?

Cuando se observa el perfil de las personas que son detenidas, se advierte con claridad que la «política criminal», que se dirige especialmente a perseguir el delito callejero, alcanza a varones jóvenes menores de 34 años (según las estadísticas oficiales del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, 2024).

Un patrón similar se observa en la franja adolescente: la Base General de Datos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2024) señala que quienes en su mayoría ingresan al sistema penal juvenil son varones, circunstancia que se repite en todo el país.

Estos datos cobran especial relevancia en un contexto en el que en varias oportunidades se ha debatido algún proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad de los adolescentes. El último, presentado por el gobierno de Javier Milei, ha sido aprobado este mismo mes de marzo y entrará en vigor en el mes de septiembre de 2026.

Se trata de un grave retroceso en materia de promoción y protección de derechos de niñas, niños y adolescentes —especialmente de estos últimos—, que desoye las reiteradas observaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas —que instaban a nuestros gobernantes a no bajar la edad. No solamente porque, a partir de la entrada en vigencia de la nueva ley, el accionar policial se dirigirá —en las condiciones ya mencionadas— contra aquellos chicos y chicas de 14 y 15 años para someterles al poder punitivo; sino también porque tratar de resolver la delincuencia juvenil o el consumo de drogas mediante políticas securitarias y penales no es consecuente con el origen de estas problemáticas. Un origen que tiene que ver con las situaciones de vulneración de derechos que viven estos jóvenes, y que deberían resolverse en el ámbito administrativo, mediante servicios sociales, con políticas públicas de prevención y acompañamiento.

Dicha ley, la n° 27.081, presenta muchas cuestiones controvertidas a nivel constitucional y convencional; pero el problema de base sigue siendo que el derecho penal pretenda resolver lo que debería ser atendido en el ámbito de la promoción y protección de derechos.

Asimismo, los principios rectores del proceso penal juvenil han sido modificados, yendo más allá del paradigma de la integración social, resocialización y educación del adolescente, y ampliándose al de «superación del riesgo social» y la «conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito». Es decir, se desplaza la centralidad de la figura del adolescente como sujeto de derechos a proteger, para ponderar también la idea de orden social que promueve el actual Gobierno, basado en políticas punitivas.

En cuanto a las causas de las detenciones, la mayoría están asociadas al robo y al hurto. Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que estos delitos esconden, en no pocas ocasiones, situaciones de consumo de drogas o alcohol o deudas vinculadas a juegos y apuestas —problemática, esta última, en expansión. En lugar de tratar de resolver todo con más encierro, el Gobierno debería entender la complejidad de estas aristas para encontrar soluciones adecuadas y efectivas. La triste realidad es que, tras la lógica del encarcelamiento masivo, se esconde la voluntad de recluir y alejar de la «sociedad de bien» todo aquello que se considera molesto.

La bibliografía afín ha demostrado sobradamente que el aumento del encierro y las penas sólo profundiza las problemáticas que pretende erradicar, y además le añade otras. El encarcelamiento no sólo implica la pérdida de la libertad ambulatoria, sino también la ruptura de los vínculos familiares y con referentes afectivos de las y los adolescentes. También hay que tener en cuenta la afectación a nivel psíquico: desata problemas vinculados al desarrollo de trastornos psíquicos que, a su vez, pueden derivar en comportamientos autolesivos o en situaciones de riesgo para la integridad física de los y las jóvenes.

Todo esto aleja por completo a los y las adolescentes de toda posibilidad de desarrollar un proyecto de vida acorde a sus intereses, y de volver a integrarse en la sociedad. En ese sentido, resultan elocuentes testimonios como el de Maximiliano Castillo, quien fue detenido en numerosas oportunidades desde los 13 años, y desde los 16 ha sido alojado en instituciones de encierro para adolescentes —para finalmente ser trasladado a una unidad carcelaria de mayores del Servicio Penitenciario Federal: «yo tenía meses y mi mamá cayó detenida, mis bisabuelos se mantuvieron al margen, me crié distinto. De chico sentía cosas por el arte, la música, de chico cantaba. A los 13 empecé a dejar la música, y ahí empezó mi rebeldía, empecé a robar, a consumir drogas».

Maxi era conocido en su barrio como un pibe [2][2] Término coloquial para referirse a chicos jóvenes. que «bardeaba», es decir, que robaba. Vecinas y vecinos decían que «tenía aterrorizado al barrio». «Andaba en la mala» dice él. Cuenta que en los barrios como el suyo, las y los pibes se empiezan a manejar solos desde edades muy tempranas, porque sus madres, padres o quienes los cuidan salen a trabajar largas horas para conseguir unos pocos pesos que les permiten comer y subsistir. Así, él empezó a andar en la calle, a consumir drogas y a «bardear». Estuvo seis años y dos meses detenido, primero en el instituto Manuel Belgrano y luego en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Estando alojado en el primero, publicó su primer libro, que escribió a los 18 años y presentó a los 19, en el año 2023, sobre su tránsito por el circuito penal juvenil.

El libro, un poemario titulado «Pequeños sentimientos en un mundo amarillo», es un testimonio viviente de los efectos de dirigir el poder punitivo contra los jóvenes pobres. Es también un testimonio de la violencia policial y de un sistema penal juvenil que, lejos de acompañar a los adolescentes, los encierra en un círculo de abusos, hostigamientos y desatenciones. Una muestra clara de la necesidad de diseñar políticas públicas sostenidas de manera real, con recursos pero también con una impronta humana, que permitan que los chicos y chicas puedan superar las situaciones que los llevaron a delinquir.

Todo esto lo refleja Maxi en su poema «Preguntas», del que él mismo dice que es «un resumen de mi vida en un poema». Está inspirado en una entrevista que vivió en uno de los centros de detención por los que pasó, donde una psicóloga a la que le dijo que escribía poemas y que iba a publicar un libro, le miró con desdén y le reprochó: «el que mucho abarca, poco aprieta». A los dos años publicó el poemario.

La poesía, que sirve de cierre a este artículo, incluye un término del argot carcelario y callejero que habla por sí solo: «tumberos», como se llama a los presos, como se llaman los presos a sí mismos. Tumberos, de tumbas. Porque el encierro y la marginación con la que les excluye el sistema es como estar muertos antes de tiempo.

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