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El segundo número del volumen inaugural de metapolis profundiza en el tema que le da título, «La ciudad pospandémica: cooperación transnacional y políticas públicas», tras casi un año de experiencia. Las comunidades del mundo se han enfrentado no solo a las repercusiones sanitarias y económicas de una crisis global, sino también a un dramático ajuste de cuentas social precipitado por el aumento de las desigualdades, que se ha hecho estremecedoramente palpable en los efectos y las medidas que conlleva la pandemia.

El año 2020 comenzó con la pandemia de COVID-19 pero no terminó con las fiestas navideñas convencionales. Aunque nos encontramos ya en marzo de 2021, en cierta medida sentimos que, en espíritu, seguimos asediados por el 2020. Esta transición temporal de kronos a kairós podría ser una justificación para el retraso en el cierre de esta segunda edición. Y hasta cierto punto lo es. Hace un año, reinaba aún cierta incredulidad respecto al impacto que tendría esta pandemia. Hace tan solo seis meses, dudábamos de la disponibilidad a corto plazo de una vacuna para el virus Sars-Cov2. Incluso hoy, armados con las vacunas disponibles, tenemos pendientes tareas esenciales: plantearnos cómo utilizar las herramientas disponibles para seguir respondiendo a la pandemia, y cómo recapitular y analizar todo el inmenso abanico de acontecimientos e información sobre lo que se ha hecho hasta ahora.

Un rápido vistazo a los hechos

Este periodo marca el tramo más difícil de la pandemia para varios países y no pocas comunidades. La imposibilidad práctica de mantener un cierre permanente ha llevado a muchos a relajar las medidas de protección durante varias semanas y meses. Esto, sumado a los períodos festivos de fin de año, sobre todo en los países occidentales, ha supuesto una pérdida directa de control en la gestión de distintos sistemas sanitarios. En el marco de un desarrollo desequilibrado y de mercados desiguales, los países con acceso privilegiado a las vacunas contra la COVID-19 son también aquellos que ya cuentan con más recursos y mejores infraestructuras. Y, como siempre, la consolidación de las asimetrías Norte-Sur sigue su curso.

Foto_ Tony Vacas_ Albergue Warnes

El supuesto éxito de China en el control de la pandemia le ha granjeado la capacidad de utilizar sus vacunas como instrumento geopolítico, llegando a ofrecerlas a sus aliados estratégicos antes que a su propia población. Por otro lado, Suecia, que puso en juego el patrimonio del paradigma socialdemócrata, ya ha enfrentado la derrota como resultado de su estrategia ultraliberal de trasladar decisiones de enorme complejidad y de consecuencias colectivas a la mera elección individual. En contraste con el resto de los países escandinavos, que coordinaron sus medidas imponiendo restricciones y evitando miles de muertes.

En el Reino Unido, Boris Johnson desistió finalmente de su negacionismo cuando se dio cuenta de que una gestión adecuada de la pandemia podía llegar a reforzar el apoyo popular al Brexit en tanto que liberación de la burocracia europea. Ahora, las vacaciones de verano podrían representar una redención política en toda regla, con británicos vacunados disfrutando del mar Mediterráneo mientras los holandeses y alemanes verían las islas por televisión —a menos, claro, que Europa establezca un nuevo protocolo de movilidad para sus ciudadanos no vacunados—. Tras el asalto al Capitolio, la joven administración Biden hereda la catástrofe de un país que ya ha experimentado más de medio millón de muertes. Su gobierno se está movilizando para administrar las vacunas con toda la rapidez posible, incluso prohibiendo a fabricantes locales que las exporten. Mientras, con Trump ya retirado en Florida, Brasil se ha convertido en el último gran epicentro de la pandemia y de la política negacionista de extrema derecha. Hace un año, la élite del atraso [1][1] Esta frase es utilizada por Jessé Souza para describir el papel histórico de la élite brasileña. Ver: Souza, J. (2018). A Elite do Atraso: da Escravidão a Bolsonaro [La élite del atraso: de la esclavitud a Bolsonaro]. Estação Brasil. brasileña estaba convencida de que no se podía sacrificar la economía por una enfermedad que mataría «como máximo a tres mil personas». En la actualidad, incluso con flagrantes carencias en los registros de incidencia, se producen cerca de tres mil muertes diarias por COVID-19. Liderado por Jair Bolsonaro y tutelado por militares, Brasil ha acometido una estrategia de minimización de la gravedad de la pandemia, engañando a la población con medicamentos no regulados y saboteando a los gobiernos locales que buscan alternativas para el acceso a pruebas y vacunas.

En definitiva, las últimas semanas de 2020 y las primeras de 2021 parecen ser la síntesis de la época actual: resisten las viejas configuraciones del pasado junto a las aspiraciones de un futuro que no acaba de materializarse. La misión de administrar vacunas contra la COVID-19 está aún ante nosotros; pero, al mismo tiempo, no es menos importante perseguir una vacunación contra otras formas de virus simbólicos que amenazan la democracia. Tanto de motu proprio, como por estar irremediablemente inscritos en el fracaso del neoliberalismo hegemónico y en el populismo emergente.

El populismo de extrema derecha, el extremo centro y la burocracia como fin en sí mismo en tiempos de pandemia

Desde el punto de vista de la justicia y la política internacional, hay dos situaciones que requieren de un serio ajuste de cuentas. La primera y más obvia son los efectos devastadores del populismo reaccionario, que ha surgido con fuerza en varios países del mundo de mano de ciertos partidos que han llegado incluso a asumir el mando de algunos gobiernos. Estas agendas y liderazgos defienden una estrategia calculada de exposición de grupos vulnerables al virus, de desinformación intencionada, que conduce a más infecciones y al abandono de tratamientos básicos (como el oxígeno, en Brasil). El resultado final, miles de muertes evitables, constituye un auténtico holocausto posmoderno. Uno en el que el exterminio pasa no por matar, sino por dejar morir.

La segunda situación, más grave (ya que facilitó las condiciones para el auge de los mencionados ideales y argumentos de la extrema derecha), es la necesidad de recapitular las maniobras ultraliberales propias de la «vieja normalidad» y del extremo centro [2][2] La idea de «extremo centro» fue adoptada por Tariq Ali en una crítica al capitalismo financiero, que desde la caída del comunismo se ha apoderado retórica y políticamente de la sociedad occidental. Ver: Ali, T. (2018). El extremo centro: una segunda advertencia, Verso.. Estas incluyen la utilización de la burocracia como dispositivo de control, como campo de mercado y por ende la burocracia como un fin en sí mismo.

Si la «vieja normalidad» ya antes merecía una crítica profunda, la pandemia expuso aún más sus desviaciones éticas, y las disfunciones del modelo hegemónico. Alemania (el corazón del extremo centro [3][3] Ibid.) es un caso emblemático de formas de pensamiento y acción impregnadas por una burocracia como fin en sí mismo. Desde un punto de vista individual, atenerse a pequeñas normas disciplinarias es una estrategia eficaz con la que reafirmar la sensación de que todo está en su sitio. Desde el colectivo, se genera un marco de opacidad en el que operan con astucia nociones como regla y orden. Evidentemente no es necesario que unos peatones esperen al semáforo en verde en calles pequeñas por las que no pasan coches, ya que la única razón de ser de un semáforo es atender a una ley física: dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio. Sin embargo, este tipo de obediencia disciplinaria casi anecdótica llega a colarse en el universo social, suspendiendo la comprensión del contexto, inhibiendo empatías situacionales y reduciendo la autonomía del individuo a simples operaciones prescriptivas. Las sociedades no pueden reducirse al famoso principio de la teoría general de sistemas, donde el todo es siempre mayor que la suma de sus partes. Por el contrario, en el universo de las prácticas humanas, la complejidad de las partes hace que su suma sea mayor que el todo que conforman, que siempre estará dispuesto de manera provisional e inestable.

Mientras que algunos países utilizan herramientas burocráticas como medio para garantizar un proceso de vacunación eficaz (cada dosis cuesta entre 3 y 30€, dependiendo del fabricante), en Alemania todos los procedimientos operativos del proceso pueden llegar a hacer que el coste de la vacunación completa de un individuo se acerque a los 1000€. La burocracia como fin en sí mismo aumenta el gasto bajo intereses corporativos, reduce la velocidad de la propia vacunación y da lugar a un número mayor de personas innecesariamente desprotegidas, lo que conlleva más infecciones y más muertes. Dado que las prácticas se ajustan a este modus prescriptivo y burocrático, una narrativa reforzada por supuestos ideales de calidad, confidencialidad y seguridad legitima todos estos procedimientos, que en última instancia ocultan una realidad objetiva contraria. Business as usual, incluso durante una emergencia pandémica.

Dinamarca y Noruega han suspendido recientemente el uso de la vacuna Oxford/AstraZeneca en razón de presuntos casos de trombosis potencialmente relacionados con ella. De inmediato, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea del Medicamento emitieron declaraciones en las que abogaban por seguir administrando esta vacuna, que ya había sido aprobada en tres fases de prueba; señalando cómo su eficacia superaba con creces cualquier eventual riesgo. Se han administrado unas 20 millones de dosis de la vacuna en todo el mundo. En Europa, de 5 millones de dosis aplicadas, se han detectado solo 30 casos de trombosis, lo que ni siquiera supera la tasa de la enfermedad en la población que no ha recibido la vacuna. Quizás Noruega, con sus 5 millones de habitantes y un total de 600 muertes desde el comienzo de la pandemia, podría estar lo suficientemente cómoda como para suspender la vacunación. Sin embargo, Francia, Italia, España y Alemania, países que han llegado a sufrir miles de muertes diarias, también han suspendido la administración de la vacuna. Aunque estas medidas hayan sido revocadas en apenas unos días, queda patente que están pensadas para priorizar la protección de intereses sobre la preservación última de la vida. Se puede plantear de forma sencilla, en términos de responsabilidad: no es posible enjuiciar a un virus por infectar y matar a miles de personas, a pesar de su claro potencial de erradicación mediante la vacunación; no se responsabilizará a un país, gobierno o agencia local por la lentitud de sus sistemas de vacunación o por conservar más dosis de las que se administran. Sin embargo, pareciera que el riesgo burocrático, legal o económico de ser responsabilizado por alguna muerte que ni siquiera se ha demostrado relacionada con la vacuna, es suficiente para justificar que se prive a millones de personas de una protección comprobada, sosteniendo así una ola de infecciones y muertes.

Semanas antes de la suspensión, varios países, entre ellos Alemania, ya habían entrado en debate sobre vacunas de primera clase (tecnología de ARNm de Pfizer) frente a las de segunda clase (AstraZeneca con la tecnología tradicional de vectores virales) y sobre la eficacia de las primeras (superior al 90%) al respecto de las segundas (inferior al 80%). De facto, esto supuso que las vacunas de AstraZeneca ya sufriesen su primer rechazo. Sin embargo, la eficacia señala la posibilidad de evitar la infección por COVID-19, pero lo más importante fue ignorado: en el caso improbable de infección, ambos tipos de vacunas lograrían una protección del 100% contra los síntomas graves y la muerte. Esto significa que una pequeña proporción de población aplicó la típica lógica individual de consumo a una situación que exige una lógica ciudadana de cooperación. Ante una enfermedad altamente contagiosa pero generalmente no letal, la única solución es colectiva: vacunar todo lo posible con las vacunas disponibles, aliviar los hospitales sobrecargados, recuperar la vida social y la rutina laboral.

Hace más de un siglo, Max Weber acuñó la expresión «jaula de hierro» al analizar la burocratización del orden social. Hoy, la disfunción en términos de seguridad, privacidad, responsabilidad, cumplimiento y tantas otras dimensiones, caracteriza el modelo burocrático-financiero vigente, que constituye un fin en sí mismo, y por tanto es anti-racional: simplemente una versión con barniz neoliberal y supuestamente civilizada del barbárico tánatos de Trump y Bolsonaro.

Aportaciones al presente número de metapolis

De hecho, las repercusiones y secuelas de la crisis de la COVID-19 han puesto de manifiesto cómo una meta-crisis global puede acelerar y exacerbar las desigualdades, poniendo en peligro el bienestar de toda la sociedad. Al mismo tiempo, nuestros colaboradores han observado y revelado cómo la acción y la participación comunitarias, basadas en experiencias, iniciativas y políticas a nivel local, han facilitado un cambio real y han iniciado nuevos procesos. Todo ello apunta a una transformación social innovadora, necesaria y posible gracias a las nuevas tecnologías sin precedentes, así como a la movilidad y el intercambio de conocimientos y recursos. Es a la luz de esto que las ciudades y comunidades locales se han preparado para reconocer y responder de la manera más ajustada y sensible a las experiencias y necesidades de sus ciudadanos. Necesidades y experiencias que, por otra parte, surgen en el contexto de esa conectividad global marcada por la amplificación de los fracasos y las oportunidades. Y si bien esto es más evidente en el caso de la respuesta inmediata a la crisis de la COVID-19, no se limita a este escenario.

El espacio público: una oportunidad para el bienestar

La historia del pensamiento y de la vida comunitaria no ha renegado del potencial de las ciudades, siquiera hoy. En sentido amplio, entendemos que los espacios públicos crean un sentido de lugar, incluso de pertenencia, vinculando a los miembros de la comunidad con oportunidades que afectan directamente a su bienestar y, por tanto, a la comunidad en su conjunto [5][5] Baumann, G. (1999). The Multicultural Riddle [El enigma multicultural]. Routledge.. En un mundo cada vez más globalizado y con entornos urbanos diversos, incluso la forma en que se diseña un barrio y los espacios que ofrece a sus miembros puede contribuir a la mejora general de la inclusión y a sus resultados, tanto para residentes establecidos como para los más recientes (así se ha citado en gran parte de la literatura sobre estudios de migración e integración de los últimos años) [6][6] Caponio, T., & Bokert, M. (2011). The Local Dimension of Migration Policymaking [La dimensión local de la política migratoria]. IMISCOE.. Al mismo tiempo, con la experiencia de la pandemia de la COVID-19 aún reciente en la conciencia pública, el verdadero potencial del espacio público ha pasado innegablemente a primer plano. La gobernanza, el liderazgo local y la interacción de la comunidad, que dan forma al uso y al acceso al espacio público, pueden orientarse alternativamente hacia la mejora del bienestar público y la equidad social, o hacia su obstrucción y declive.

Leticia Merino, profesora del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS/UNAM) de México, y Simone Buratti, ex Director Ejecutivo de la Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes, abordan la importancia del espacio público urbano como elemento interrelacionado con la noción de bien común. Ofrecen a nuestros lectores ejemplos ilustrativos de la experiencia latinoamericana de la crisis de la COVID-19 en «Ciudades, COVID-19 y bienes comunes en América Latina». En particular, señalan los efectos que la captura por parte de las élites ha tenido en la región más urbanizada del mundo. Los gobiernos jerárquicos y distantes y la privatización pueden hacer que los espacios urbanos se vean privados del acceso a bienes y servicios públicos básicos. El impacto de la privatización en la creación de una mayor concentración de riqueza entre una élite ya rica y privilegiada es evidente; al mismo tiempo, los bienes comunes urbanos también pueden ser cooptados exclusivamente por la clase media, ya que pueden permitirse la participación en mayor medida que las poblaciones más vulnerables. La pandemia ha supuesto altas tasas de mortalidad en la región, ya que agrava la situación de los ya deficientes servicios de salud, el empleo informal, la falta de seguridad social y las comorbilidades. Si bien los efectos de la neoliberalización y las desigualdades crónicas son nefastos, ambos autores esbozan las medidas necesarias para detener la privatización y la exclusión de los bienes públicos, en una América Latina post-pandémica que persiga y se beneficie del bienestar de todas sus poblaciones urbanas.

En su contribución, «El trabajo después del coronavirus», el autor y anarquista estadounidense Bob Black ofrece una manera específica de abordar el bienestar, en forma de «trabajo» reimaginado. En este ejercicio, señala el impacto de la crisis de la COVID-19 en el mercado laboral, antes de adentrarse en una problematización del trabajo, analizando su conceptualización tradicional como estructura social autoritaria. Black sostiene que hasta ahora la economía se ha dividido virtual y arbitrariamente en un sector primario agrícola y extractivo, un sector secundario manufacturero y un sector terciario y cada vez más hinchado de «servicios». Explica que, más allá del carácter limitado de esta vieja categorización, los empleos injustificados (o los bullshit jobs, como los denominó David Graeber) se están convirtiendo en una carga cada vez mayor. La pandemia, observa, sirve para ejemplificar cómo esos sistemas laborales autoritarios no son, de hecho, una necesidad. Una sociedad más sana y un mayor bienestar pueden lograrse, concluye, con un «juego productivo» alternativo, encarnado en comunidades de autonomía local y diversidad regional.

También forma parte del debate sobre el espacio público y el bienestar (especialmente en relación con el entorno urbano) la resistencia al espacio de la ciudad en términos de producto para el consumo, caracterizado por unos precios inmobiliarios disparados y prohibitivos. En esta línea, Saskia Sassen, profesora de sociología de la Universidad de Columbia (Estados Unidos), explora cómo el sector financiero, con sus diversas capacidades de extracción, ha adquirido una dimensión global que supera a la banca y las empresas tradicionales. Estas altas finanzas influyen profundamente en las economías locales y familiares, así como en la organización y el flujo del espacio urbano. De hecho, la urbanización y la acumulación de capital han parecido representar una misma cosa, y los esfuerzos de «revitalización urbana» de décadas pasadas han supuesto «asociaciones público-privadas» que llevaron a la gentrificación y a la agudización de las desigualdades. Si bien la COVID-19 también parece asemejarse a un actor global del mismo modo que las altas finanzas, no debe ocultar los sistemas y procesos de financiarización que ya estaban en marcha, afectando y conduciendo la dinámica de las ciudades.

Sin embargo, la vida urbana no está condenada a esta relación restrictiva con el capital, y al concebir la nueva posibilidad urbana es importante separar lo urbano del capitalismo financiero. El poder puede y debe ser devuelto al espacio urbano como un bien público, para el bienestar de todas las formas de vida que actualmente o potencialmente pueden habitar la ciudad [7][7] Moreno, L. (2018). Always crashing in the same city [Siempre se estrellan en la misma ciudad]. City 22(1): 152-168..

Redes participativas y movilización

Por supuesto, como han expuesto los autores y autoras a lo largo de este volumen, los efectos sociales y económicos de la COVID-19 han inspirado la acción colectiva en varias comunidades. También han demostrado que la acción social y política puede ser fomentada y construida sobre vías claras de comunicación y participación. El espacio público debe ser definido por el foro público, basando su legitimidad y su éxito en las necesidades reales y diversas de su comunidad, en lugar de en intereses ajenos y distantes. Las relaciones continuas y recíprocas que se producen al participar en una comunidad urbana pueden permitir la creación de redes basadas en el compromiso, en lugar de depender únicamente de normas fijas y reglamentarias. De hecho, transformar y reclamar el espacio público es un proceso dinámico que requiere una movilización de energías.

Al reconocer el potencial del espacio público para mejorar el bienestar y explorar cómo darle forma en beneficio de todos, la cuestión y el desafío incluyen cómo conectarlo. También en este caso, la ciudad emerge como un prometedor actor potencial, que quizá reconstituya las jerarquías de poder tradicionales. Como señala Allen, al concebir las ciudades como redes multilaterales (en lugar de ceder al paradigma comúnmente aceptado de que algunas ciudades globales dominan a otras) el poder que hay detrás de las redes de ciudades parece caracterizarse por su capacidad de «forjar las conexiones y salvar las distancias» o «asegurar las relaciones en red a través de extensiones de espacio y tiempo» [8][8] Allen, J. (2010). Powerful City Networks: More than Connections, Less than Domination and Control. [Redes de ciudades poderosas: Más que conexiones, menos que dominación y control]. Urban Studies 47(13): 2895–2911.. Este poder, bien aprovechado, podría dirigirse hacia la consecución de un desarrollo sostenible, como se intenta con el proyecto del Grupo de Liderazgo Climático de las Ciudades C40 [9][9] Ver: https://www.c40.org/about. Sin embargo, este tipo de iniciativas no escapan a la crítica, ya que el logro de esta configuración y aprovechamiento del poder sigue siendo susceptible de caer en los mismos viejos errores, como una colaboración insuficiente, el escaso intercambio de conocimientos o la falta de apoyo financiero y político.

El arquitecto Fernando Carrión, Presidente del Centro de Investigación CIUDAD y Coordinador General de la Red de Ciudades Latinoamericanas, habla de la existencia y los interrogantes que rodean a estas redes en su artículo «El sistema transurbano global: formas que adopta y nuevos retos». Utilizando también América Latina como trampolín para una perspectiva más amplia, traza un mapa de la configuración actual, de la distribución global y del papel de las entidades locales autónomas. Esencialmente, sostiene que el creciente empoderamiento municipal está marcado por la territorialización de la política nacional e internacional, lo que conduce a una red de ciudades autónomas que participan en un proceso de integración para perseguir el mejor interés de sus poblaciones.

Carrión describe cómo este conjunto de redes de ciudades mantiene relaciones y permite facilitar tanto la cooperación horizontal como la potenciación de los movimientos sociales. En particular, esboza las diversas formas de asociación que adoptan estas ciudades y gobiernos locales. Carrión cree que el multilateralismo tal y como se entendía en la época de la posguerra del siglo pasado ya no es relevante, sino que se ha transformado en un multilateralismo híbrido; y que éste crea un orden desde abajo como resultado de los vínculos entre lo local y lo global, que sustentan las redes y relaciones de poder. Al tiempo, advierte contra la trampa de las plataformas privadas de ciudades homogéneas, instando a una reactivación de la planificación urbana que favorezca un sistema transurbano heterogéneo y global.

Convivencia y solidaridad para un futuro sostenible

De lo local a lo global, las fisuras provocadas por la insolidaridad, los intereses excluyentes y la inequidad consentida aparecen como múltiples y amplificadas. Las respuestas nacionales a la crisis actual han sido el aislamiento y el separatismo. Al mismo tiempo, la colectividad y la solidaridad también han sacado adelante a muchas poblaciones de una pandemia mundial que, de otro modo, sería debilitante. Es por esto que Felipe Llamas, concejal de Madrid (España), nos propone «Viejos retos en un nuevo contexto: la pandemia acelera el multilateralismo de las ciudades». En este análisis, Llamas destaca cómo en muchos casos, las comunidades locales y regionales y sus líderes han garantizado la continuidad de los servicios públicos y han protegido el espacio público. También señala cómo esta solidaridad debe extenderse al ámbito ecológico para una convivencia verdadera y sostenible, llamando a la cooperación transnacional entre administraciones locales para lograrlo.

Por último, en «Un nuevo pacto social glocal para la recuperación», la Secretaria General Iberoamericana, Rebeca Grynspan, también señala la creciente destrucción del medio ambiente como una de las crisis sistémicas paralelas a la actual. Explicando que la crisis de la COVID-19 puede servir de llamada de atención para la humanidad, Grynspan afirma que esta pandemia señala claramente cómo la acción y la transformación a largo plazo se han hecho inevitablemente necesarias. Pero, ante esta nueva realidad cada vez más evidente, las instituciones no están configuradas para hacer frente al nuevo reto, por lo que también insta a mirar más allá de ciclos políticos pasajeros, construyendo instituciones capaces de adaptarse, ser receptivas y resistir. Reconociendo que el multilateralismo ha tenido sus defectos hasta este momento, Grynspan señala que es la herramienta primordial para promover el cambio institucional y la cooperación global a nivel internacional, nacional y local. Para hacer frente a la crisis medioambiental, es imperativo construir un nuevo contrato social «glocal» a nivel civilizatorio.

Foto_ Elke Mader_ White spring_ CC BY 4.0

Pues bien, nuestros autores y autoras han ilustrado con sus miradas cómo en la sociedad moderna y cada vez más diversa de hoy, aunque marcada por nuevas fricciones y fragmentaciones, todavía es posible encontrar cohesión, elementos comunes en el espacio compartido. La crisis mundial de este último año acentúa cómo el pensamiento y los sistemas homogéneos y hegemónicos, y las políticas públicas que los acompañan, pueden excluir, si no perjudicar activamente, a la gran mayoría de nuestras poblaciones. Mientras tanto, el espacio urbano y la ciudad pueden servir de espacio de interacción y convivencia, permitiendo que prosperen los diferentes contextos y la diversidad. Los esfuerzos de compromiso participativo en los barrios de tantas ciudades son ejemplos que se pueden señalar y que incluso deberían ser emulados por la cooperación transnacional, pues pueden inspirar una reestructuración institucional que priorice la representación. Debemos impulsar una participación verdaderamente igualitaria en el espacio público para perseguir valores de solidaridad y convivencia; entendiendo que esto no tiene por qué impedirnos, al mismo tiempo, aceptar y albergar la multiplicidad del mundo humano, tecnológico y natural.

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