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A lo largo de las últimas décadas, la vivienda ha adquirido un papel central en la arquitectura económica del capitalismo contemporáneo. No se trata únicamente de un bien necesario para la vida ni de un elemento urbanístico: es el dispositivo material y financiero que permite comprender la profunda transformación del modelo económico que emergió tras la crisis de los años setenta y se consolidó bajo el neoliberalismo. La vivienda ha pasado de ser un mero componente del bienestar a convertirse en uno de los activos preferentes del capital global, articulando nuevas formas de acumulación, desigualdad y conflicto.

Este desplazamiento, de derecho social a activo financiero, no es un fenómeno aislado, sino que forma parte de una reconfiguración histórica más amplia. Desde finales del siglo XX, el capitalismo ha transitado de un régimen productivo, basado en la fabricación de bienes y la expansión del empleo industrial, a un régimen rentista, cuya lógica creciente es la apropiación de rentas derivadas de la propiedad de activos. La valorización de los patrimonios adquiere un peso cada vez mayor en la organización de la economía.

En este nuevo marco, la vivienda ocupa una posición privilegiada. Su aparente estabilidad y su capacidad para generar rentas constantes la han convertido en el activo estrella del capitalismo rentista. En un contexto de bajo crecimiento económico, tipos de interés reducidos y rentabilidades decrecientes en los mercados productivos, la inversión inmobiliaria se ha consolidado como un refugio seguro para el capital global. Esto explica por qué, a escala planetaria, la riqueza inmobiliaria supera con creces el valor combinado de las grandes empresas tecnológicas, de las bolsas mundiales y de activos tradicionales como el oro o el petróleo.

El capitalismo rentista no crea riqueza nueva: la redistribuye hacia arriba. Captura ingresos —alquileres, plusvalías, intereses— generados por la actividad social y los dirige a manos de propietarios, fondos y entidades financieras. A través del alquiler, los hogares transfieren parte de su salario a los rentistas, alimentando una economía que no aumenta la producción, pero intensifica la extracción.

Este artículo parte de una premisa clara [1]:[1] Este artículo es una adaptación divulgativa de la investigación Gil, Javier. De la burbuja inmobiliaria a la generación inquilina: Propiedad, alquiler y rentismo tras la crisis de 2008. Papers. Revista de Sociologia, 2025, vol. 110, no 4, p. e3372-e3372. Disponible aquí: https://papers.uab.cat/article/download/v110-n4-gil/pdf-es/16764 la crisis de vivienda es un efecto de la consolidación del capitalismo rentista. No se trata simplemente de escasez de pisos, de urbanismo mal planificado o de falta de políticas públicas; es el resultado de un régimen económico que ha colocado el beneficio financiero por encima del derecho a habitar. Las tensiones actuales no pueden entenderse al margen de esta reconfiguración estructural.

Lo que está en juego no es solo un precio de mercado ni una política urbana concreta, sino el tipo de sociedad que queremos construir. En la medida en que la vivienda condensa los vectores fundamentales del capitalismo rentista —la deuda, la renta, la especulación, la desigualdad—, también se convierte en uno de los lugares desde los que pueden emerger alternativas capaces de reorganizar la vida social más allá del rentismo.

Financiarización de la vivienda y formación de la sociedad de propietarios

La financiarización de la vivienda es uno de los procesos económicos y políticos más decisivos de las últimas décadas. Representa el giro mediante el cual la vivienda pasó a ser un instrumento central de valorización del capital y el eje del nuevo pacto social neoliberal. Para comprender cómo nació la sociedad de propietarios es necesario inscribirla en la crisis del régimen fordista-keynesiano y en la mutación del capitalismo productivo hacia el capitalismo rentista.

Tras la Segunda Guerra Mundial, las economías avanzadas vivieron una etapa de crecimiento sostenido sustentada en la producción industrial, el empleo estable y un Estado de bienestar expansivo. Este régimen fordista-keynesiano garantizaba que los salarios crecieran a la par de la productividad, permitiendo que el consumo masivo alimentara un ciclo virtuoso de acumulación. El Estado redistribuía, los sindicatos negociaban y el trabajo asalariado era el pilar del bienestar.

Pero este modelo empezó a fracturarse en los años setenta. La incorporación de nuevos competidores industriales, el aumento de la capacidad global de producción y la caída de la tasa de beneficio crearon una situación de estancamiento crónico. El capital excedente que no encontraba rentabilidad en la industria comenzó a desplazarse hacia las finanzas y, especialmente, hacia el mercado inmobiliario. La vivienda se reveló como un activo idóneo: estable, asegurado por el Estado.

Para que la vivienda pudiera convertirse en un activo financiero masivo, era necesario un mecanismo que conectara la demanda popular con los mercados globales: el crédito hipotecario. A partir de los años ochenta, los gobiernos liberalizaron los mercados financieros, desregularon los tipos de interés y facilitaron la expansión del crédito. Se produjo así una democratización aparente del acceso a la propiedad, que en realidad funcionó como una gran operación de endeudamiento doméstico.

La innovación clave fue la titulización hipotecaria. Hasta entonces, los bancos concedían hipotecas y las mantenían en sus balances durante décadas. Con la titulización, las hipotecas se agruparon y se convirtieron en productos financieros que podían venderse en los mercados internacionales. Esta operación permitió multiplicar la capacidad de los bancos para conceder préstamos, al tiempo que trasladaba el riesgo a inversores repartidos por todo el mundo. El resultado fue un flujo masivo de crédito que alimentó la demanda de vivienda, elevó los precios y convirtió el mercado inmobiliario en una máquina de valorización aparentemente infinita.

La expansión del crédito hipotecario no solo transformó la vivienda, sino también la forma de organizar el bienestar. En el régimen fordista-keynesiano, la estabilidad se basaba en el empleo y las políticas sociales redistributivas. Bajo el neoliberalismo, la vivienda en propiedad se convirtió en la nueva infraestructura del bienestar. La seguridad ya no provenía del Estado, sino del patrimonio familiar. Este modelo, descrito como «keynesianismo de activos», se sostiene mediante el endeudamiento garantizado por la revalorización de los activos.

Mientras los salarios se estancaban, el valor de las viviendas crecía sin parar. Las familias sentían que su patrimonio aumentaba, lo cual estimulaba el consumo. El crédito hipotecario, refinanciado una y otra vez, funcionaba como una extensión del salario. El Estado se retiraba y el mercado financiero ocupaba su lugar. Este pacto fue políticamente poderoso porque generó la ilusión de que no había conflicto entre los intereses de la clase trabajadora y los del capital financiero: ambos parecían beneficiarse de la subida de los precios de la vivienda.

La sociedad de propietarios fue, por tanto, algo más que un fenómeno económico: fue un proyecto político deliberado. El neoliberalismo necesitaba un nuevo consenso que sustituyera la legitimidad perdida tras el desgaste del Estado de bienestar. La idea de que cada familia podía asegurar su futuro mediante la propiedad se convirtió en la piedra angular de ese imaginario. Políticamente, implicaba desactivar el potencial de conflicto del movimiento obrero. Culturalmente, la propiedad se asociaba con responsabilidad individual, autonomía y ciudadanía plena, y se presentaba como el requisito para acceder a una vida de clase media: quien poseía una vivienda era «estable» y «sensato»; quien no, quedaba fuera del proyecto de prosperidad.

Este modelo de bienestar sustentado en activos solo funcionaba bajo una condición fundamental: la creencia generalizada de que los precios de la vivienda nunca caerían. Las burbujas inmobiliarias se convirtieron en un mecanismo de gobierno, un modo de sostener el crecimiento sin redistribuir y de mantener cohesión social sin derechos colectivos. Durante más de dos décadas, este equilibrio funcionó: los precios crecían, el crédito fluía, los bancos obtenían beneficios extraordinarios y las familias se sentían más ricas. El Estado reforzaba el ciclo mediante desgravaciones fiscales, políticas de suelo favorables al mercado y la reducción sistemática del parque público.

Pero ese orden descansaba sobre bases inestables. La acumulación basada en deuda es inherentemente insostenible: depende de una expansión perpetua del crédito y de la entrada constante de nuevos compradores. Desde esta perspectiva, el sistema inmobiliario-financiero se asemejaba más a una pirámide Ponzi que a un mercado eficiente: los rendimientos del presente dependían de las expectativas de futuro y de la incorporación continua de nuevos deudores. La sociedad de propietarios, presentada como modelo de estabilidad, contenía en su interior las semillas de su propio colapso.

La crisis de 2008 y el nuevo ciclo rentista

La crisis financiera de 2008 representa mucho más que el estallido de una burbuja inmobiliaria. Supone la ruptura histórica del modelo que había sostenido la sociedad de propietarios y el punto de inflexión que inaugura un nuevo régimen de acumulación: un capitalismo rentista basado no ya en la expansión masiva del crédito hipotecario a los hogares, sino en la propiedad concentrada de activos inmobiliarios por parte de grandes fondos y actores financieros globales.

Pero la lógica interna del sistema era insostenible. Cuando los precios dejaron de subir y comenzaron los impagos hipotecarios, la cadena de titulizaciones se colapsó. Bancos, fondos y aseguradoras quedaron expuestos a activos que habían perdido súbitamente su valor. Lo que se había presentado como arquitectura financiera sofisticada se reveló como un castillo de arena levantado sobre deuda de baja calidad.

El 15 de septiembre de 2008, la quiebra de Lehman Brothers simbolizó el derrumbe de la ficción. Para contener el colapso, los Estados intervinieron con una rapidez sin precedentes, movilizando cantidades gigantescas de dinero público para rescatar bancos y entidades financieras. Un aspecto decisivo de este proceso es su carácter político: los Estados no rescataron a los hogares endeudados ni a las familias desahuciadas, sino al sistema bancario y financiero. Se socializaron las pérdidas privadas, mientras las ganancias acumuladas en los años anteriores permanecieron en manos de las entidades.

La crisis reveló así la verdadera naturaleza del capitalismo rentista: un sistema que depende estructuralmente de la intervención estatal para sostener la valorización de los activos. La retórica neoliberal sobre la autorregulación del mercado quedó desmentida: cuando la burbuja estalló, el Estado se convirtió en guardián último del valor de los activos, garante de que el capital financiero sobreviviera y recuperara su posición dominante.

Tras el estallido, la expansión del crédito hipotecario a los hogares se frenó abruptamente. Las condiciones de acceso a una hipoteca se endurecieron, los bancos restringieron el riesgo y amplios sectores de la población fueron excluidos de la propiedad. Lo que había sido vía generalizada de bienestar —endeudarse para ser propietario— dejó de estar disponible de forma generalizada. Al mismo tiempo, la crisis destruyó el patrimonio de millones de familias: las ejecuciones hipotecarias masivas en países como Estados Unidos y España evidenciaron la fragilidad de un modelo basado en la deuda. El sueño de la propiedad universal se reveló como lo que era: una ficción sostenida por una burbuja especulativa.

A partir de 2008, la sociedad de propietarios se rompe de forma estructural. No solo porque las familias ya no pueden acceder a la propiedad, sino también porque el sistema económico deja de necesitar su participación para sostener los mecanismos de acumulación. Se abre un nuevo ciclo, más concentrado y más financiarizado, basado en un actor central: los fondos de inversión. Si el ciclo 1980–2008 descansaba en el endeudamiento de los hogares, el ciclo post-2008 se basa en la adquisición masiva de vivienda por parte de inversores institucionales. Los bancos, cargados de activos inmobiliarios depreciados, venden paquetes completos a precios rebajados; los fondos oportunistas aprovechan la ocasión para reconstruir un nuevo régimen de rentas.

Este giro inaugura un nuevo ciclo especulativo: las viviendas dejan de comprarse para vivir en ellas y pasan a adquirirse para generar rentas mediante el alquiler. La demanda ya no proviene de hogares que buscan un techo, sino de actores financieros que buscan rentabilidad. La financiarización ya no opera endeudando a las familias, sino convirtiendo el alquiler en un mecanismo sistemático de extracción de rentas.

La consecuencia es un estrechamiento radical de la geografía del capital: los mercados urbanos, ya conectados al circuito global, pasan a estar condicionados cada vez más por los flujos internacionales de inversión. La vivienda se comporta como un activo financiero cuyo valor depende de esos movimientos de capital, de los tipos de interés, de la política monetaria y de las expectativas de los inversores. Empresas que gestionan grandes carteras de alquiler estandarizan contratos y paquetizan viviendas. El mercado inmobiliario deja así de responder a dinámicas domésticas y se somete a una lógica global cada vez más desconectada de las necesidades habitacionales reales.

En este nuevo equilibrio económico y social se gesta la figura emergente que vertebra el resto del artículo: la generación inquilina.

El nacimiento de la generación inquilina

En España, este nuevo ciclo rentista adopta una forma específica, marcada por la larga trayectoria de construcción de la sociedad de propietarios. Los orígenes de este modelo se remontan al franquismo, cuando el régimen abandonó progresivamente las políticas de alquiler para promover la propiedad como mecanismo de pacificación e integración social. La célebre frase del ministro de vivienda José Luis Arrese —«no queremos un país de proletarios, sino de propietarios»— sintetiza este proyecto: desactivar el conflicto social mediante la patrimonialización del bienestar.

La transición democrática no revirtió esta lógica; la reforzó. Medidas como el Decreto Boyer de 1985, que eliminó las prórrogas forzosas de los contratos y liberalizó los precios del alquiler, consolidaron el giro hacia la propiedad. La burbuja inmobiliaria de 1995-2007 fue la mayor fase de expansión de la sociedad de propietarios: más del 80 % de la población llegó a residir en una vivienda en propiedad. La vivienda se convirtió en un eje de estabilidad económica y emocional, pero sobre bases financieras cada vez más frágiles.

Foto_ Anabella Salem

El concepto de generación inquilina alude a una cohorte de adultos jóvenes cuyas trayectorias residenciales están estructuralmente determinadas por la imposibilidad de acceder a la propiedad. Más que una etapa transitoria, el alquiler se convierte en forma de tenencia prolongada o permanente. Esta situación responde a transformaciones profundas en los regímenes de vivienda, impulsadas por los arreglos financieros y políticos posteriores a 2008.

Entre 2007 y 2023, la proporción de hogares en régimen de alquiler aumentó del 13,55% al 18,7%. En ese mismo periodo, el parque de alquiler pasó a unos 3,6 millones de viviendas principales, alrededor de 1,3 millones más que en 2007: un incremento superior al 50%. No se trata de un desajuste coyuntural, sino de una reconfiguración estructural.

Este proceso está atravesado por tres ejes: territorio, nacionalidad y edad. En la Comunidad de Madrid y en Cataluña, los hogares en alquiler alcanzan el 23,7% y el 24,9% respectivamente, llegando al 44,1% en la ciudad de Barcelona. Por nacionalidad, el 71,6 % de la población extranjera extracomunitaria y el 61,3 % de la procedente de la UE viven de alquiler, frente al 14% de la población española. Por edad, el 56% de los hogares encabezados por personas de 16 a 29 años residen en alquiler, frente al 8% de los mayores de 65.

La formación de la generación inquilina no comenzó con la crisis, sino durante la burbuja, cuando el encarecimiento progresivo de la vivienda ya dificultaba el acceso a la propiedad. Pero tras 2008 el proceso se acelera. En el grupo de 16 a 29 años, la proporción de hogares en alquiler pasa del 28,2% en 2006 al 56,6% en 2023. En la cohorte de 30 a 44 años, aumenta del 18,1% en 2007 al 34,3% en 2023. Entre los 45 y 65 años, del 8,8% en 2005 al 16,1% en 2023. Solo los mayores de 65 permanecen relativamente al margen: en 2004, el 8,1% vivía de alquiler; en 2023, el 7,6%.

Las herencias y transferencias patrimoniales intrafamiliares introducen matices, pero no corrigen la tendencia. En Madrid, el 67% de la generación inquilina declara no esperar heredar una vivienda; en Barcelona, el 71%. Entre quienes sí la esperan, en la mayoría de los casos se trataría de herencias compartidas [2].[2] Pérez, Pablo; Palomera, Jaime e Ill, Marta (2024). De propietarios a inquilinos: Informe sobre la creciente desigualdad en el acceso a la propiedad. Institut de Recerca Urbana de Barcelona. El patrimonio familiar actúa así más como mecanismo de reproducción de desigualdades que como solución estructural.

La consolidación de la generación inquilina se produce en un contexto en el que la vivienda tiende a ser tratada como un activo líquido, favorecido por las transformaciones de los arreglos implementados tras la Gran Recesión de 2008: entrada de fondos de inversión, paquetización del parque de alquiler, estandarización de la gestión. La lógica rentista se impone sobre la función social de la vivienda; lo que importa no es su uso, sino la rentabilidad que genera.

Foto_ Anabella Salem

Para la generación inquilina, esto se traduce en un régimen de vida marcado por la inestabilidad, la presión económica y la vulnerabilidad estructural. Según el Banco de España, en 2022 aproximadamente el 40% de los hogares arrendatarios se encontraba en situación de sobreesfuerzo. La Encuesta de Presupuestos Familiares muestra que el porcentaje de hogares que destinan más del 30% de sus ingresos al alquiler pasó del 33% en 2015 al 38,2% en 2022, y si se incluyen suministros básicos, la cifra asciende del 52,3% al 60,5% [3].[3] Romero-Jordán, Desiderio (2024). ¿Cuál el esfuerzo por vivir de alquiler en España?: Evolución y diferencias por comunidades autónomas. Cuadernos de Información Económica, no. 299, p. 41-50. Informes como Fotocasa-InfoJobs (2024) [4][4] Los españoles destinaron 7,1 años de su salario íntegro para pagar su vivienda en 2024. Disponible aquí: https://blogprofesional.fotocasa.es/los-espanoles-destinaron-71-anos-de-su-salario-integro-para-pagar-su-vivienda-en-2024-cuatro-meses-mas-que-el-ano-anterior/[5][5] Los españoles destinaron el 47% de su salario al pago del alquiler en 2024, cuatro puntos más que el año anterior. Disponible aquí: https://nosotros.infojobs.net/los-espanoles-destinaron-el-47-de-su-salario-al-pago-del-alquiler-en-2024-cuatro-puntos-mas-que-el-ano-anterior/ estiman que el porcentaje del salario destinado al alquiler se ha elevado del 38% en 2019 al 43% en 2023, alcanzando niveles extremos en Baleares, Madrid, Cataluña o el País Vasco.

En este escenario, el alquiler deja de ser una forma secundaria de tenencia para convertirse en un dispositivo central de extracción de rentas. Sobre esta base, se configura el inquilinato como una nueva clase emergente.

¿El inquilinato como nueva clase emergente?

En el nuevo ciclo rentista, el alquiler se convierte en una forma central de explotación: una transferencia mensual de riqueza desde quienes producen valor —los trabajadores— hacia quienes poseen activos inmobiliarios —propietarios, fondos y patrimonialistas. La diferencia respecto al capitalismo industrial es significativa: la explotación ya no se concentra solo en el ámbito laboral, sino que coloniza la esfera de la vida cotidiana. Se trabaja no solo para pagar alimentos, transporte o suministros, sino para sostener la rentabilidad del capital rentista.

Esta forma de explotación es especialmente intensa porque recae sobre un bien esencial: la vivienda no es prescindible. De ahí que la generación inquilina experimente una vulnerabilidad permanente: inestabilidad, movilidad forzada, incapacidad para ahorrar, dependencia del propietario, amenaza constante de subidas de precios. Esta precariedad vital tiene efectos psicológicos, familiares, laborales y demográficos: la crisis habitacional atraviesa la biografía entera.

La generación inquilina, además, fue socializada bajo expectativas propias de la clase media: estudios universitarios, movilidad social, estabilidad económica. Pero se encuentra atrapada en un régimen económico que le impide cumplir esas promesas. La brecha entre el horizonte meritocrático prometido y una vida organizada en torno a un alquiler asfixiante genera frustración y sensación de injusticia estructural.

A diferencia de generaciones anteriores, la generación inquilina no se beneficia de la subida de los precios de la vivienda: la padece. Cada incremento no la enriquece, sino que la empobrece, encareciendo su vida y reduciendo su autonomía. Se rompe así la ficción de que «todos ganaban» con la revalorización inmobiliaria. Lo que antes se percibía como un juego de suma positiva se revela como un mecanismo de transferencia permanente: los beneficios de unos son el malestar de los otros.

En este contexto, el inquilinato deja de ser una simple categoría descriptiva y empieza a configurarse como una nueva clase emergente: un grupo social definido por su posición estructural frente a la propiedad y a los mecanismos de extracción de renta.

La politización de la generación inquilina y el nuevo sindicalismo inquilino

Si la sociedad de propietarios organizó la estructura de clases del neoliberalismo, el auge del inquilinato apunta a una transformación histórica de esa arquitectura social. El inquilinato no constituye simplemente un grupo demográfico, sino una posición estructural dentro del régimen de acumulación contemporáneo, definida por una relación material con la propiedad y con la extracción de rentas. El inquilinato no tiene activos; está sometido a una inseguridad material permanente, unificada por vulnerabilidades y experiencias compartidas que facilitan la organización colectiva, y cuyos intereses objetivos chocan de manera frontal con los del capital rentista.

Desde esta perspectiva, la generación inquilina constituye una potencia política de primer orden. Su fuerza no reside solo en su magnitud —en muchas ciudades es ya la forma habitacional mayoritaria—, sino en la centralidad de la vivienda en el régimen de acumulación contemporáneo. Si la vivienda es el principal vehículo de extracción de rentas, el sujeto que soporta esa extracción se ubica en un lugar estratégico para confrontarla. Allí donde se concentra la captura de renta, puede concentrarse también la resistencia.

En la última década, el conflicto habitacional se ha convertido en uno de los ejes centrales de la disputa política. La generación inquilina impulsa esta politización al cuestionar la naturalización de la vivienda como mercancía y al impugnar las formas de poder que la gobiernan: la especulación patrimonial, la figura del rentista, la financiarización del suelo y la concentración de activos.

Este proceso de politización adopta múltiples formas que expresan un desplazamiento desde la defensa reactiva hacia la construcción propositiva de alternativas. La generación inquilina no se limita a denunciar los efectos del modelo; está formulando horizontes que implican una reorganización profunda de la economía y de la vida social, desplazando el principio de rentabilidad como eje ordenador del derecho a habitar. En los últimos años, esta politización ha comenzado a cristalizar en iniciativas concretas que muestran hasta qué punto el conflicto por la vivienda se ha convertido en un campo central de disputa social y democrática.

Un ejemplo paradigmático es el histórico referéndum de Berlín del 26 de septiembre de 2021. La ciudadanía votaba si expropiar a los grandes caseros del país, aquellos con más de 3.000 viviendas en propiedad. La medida podría afectar a unas 260.000 viviendas, convirtiéndose así en una de las iniciativas de expropiación más ambiciosas de la historia reciente. Tras años de movilización, la campaña «Expropiar a Deutsche Wohnen y otras grandes inmobiliarias», impulsada por el movimiento Deutsche Wohnen & Co. Enteignen, llegó finalmente a las urnas. Sus impulsores denunciaban que Berlín sufría una profunda crisis de vivienda, fruto de la conversión de los hogares en activos financieros, y señalaban a las grandes corporaciones inmobiliarias como principales responsables. Un diagnóstico que, probablemente, podría extenderse a muchas otras ciudades del mundo.

Lo verdaderamente significativo fue el resultado: más del 56% de los votantes apoyó la expropiación, frente a un 39% que se opuso. Una diferencia clara y rotunda. El referéndum marcó un hito en la política urbana europea: evidenció que la vivienda se ha convertido en uno de los grandes ejes de conflicto social contemporáneo y que una parte importante de la ciudadanía está dispuesta a cuestionar las bases del mercado en nombre de la justicia social y del derecho a la ciudad. Que los habitantes de Berlín, la capital de la principal potencia económica europea, votaran mayoritariamente a favor de una medida abiertamente contraria a uno de los principios centrales del neoliberalismo contemporáneo constituye, sin duda, un acontecimiento político de enorme trascendencia.

Apenas dos meses más tarde, en noviembre de 2021, el Sindicato de Inquilinas de Madrid logró una victoria sin precedentes frente al fondo buitre Blackstone, el mayor propietario de viviendas en alquiler de España y del mundo. Todo comenzó en 2019, cuando el fondo inició una política sistemática de incrementos abusivos de los alquileres en sus edificios madrileños. Al finalizar los contratos, notificaba a los inquilinos que, si querían permanecer en sus viviendas, debían aceptar subidas que en muchos casos alcanzaban el 100% del precio anterior.

Ante esta situación, decenas de familias decidieron organizarse junto al Sindicato de Inquilinas y lanzaron la campaña «Nos quedamos», una de las tácticas centrales del movimiento. Su lógica era clara: rechazar tanto el aumento del alquiler como la desocupación del hogar, permaneciendo en la vivienda y pagando la renta original, aunque ello implicara estar «fuera de contrato». De esta forma, las inquilinas desafiaban una ley injusta y el supuesto derecho del propietario a especular con un bien esencial como la vivienda.

A lo largo de 2019, una cascada de edificios de Madrid comenzó a sumarse a esta táctica, dando origen a la campaña «Madrid vs. Blackstone», que en poco tiempo se convirtió en un frente principal contra la financiarización de la vivienda en España. La campaña desplegó un amplio repertorio de acciones: movilizaciones, denuncias públicas, campañas en redes sociales, presión institucional y una demanda judicial contra el fondo. Además, el sindicato obtuvo el apoyo de ayuntamientos, parlamentarios, del Defensor del Pueblo y de organismos internacionales, como las Naciones Unidas. Todo ello contribuyó a convertir a Blackstone en un símbolo del poder rentista global.

La empresa respondió con amenazas. Enviaba cartas advirtiendo que quienes estuvieran vinculados al sindicato no podrían renovar sus contratos y serían desalojados. Al principio se negó a negociar colectivamente, aceptando solo tratos individuales. Más tarde, y ante la presión social, aceptó negociar por edificios, aunque sin reconocer la representación sindical. Finalmente, cuando los procedimientos judiciales ya estaban muy avanzados y los desahucios parecían inminentes, el fondo cedió: aceptó la negociación colectiva y renovó todos los contratos sin subidas. Pese a tener la ley de su lado, comprendió que ejecutar los desalojos habría supuesto un daño político y reputacional enorme. Madrid había ganado a Blackstone.

El auge de la vivienda como activo ha impulsado el surgimiento de una nueva generación de sindicatos de inquilinos. Aunque estas organizaciones existen desde hace más de un siglo, el contexto actual ha renovado su papel como herramienta central frente al rentismo inmobiliario. La primera gran oleada de sindicalización de inquilinos y huelgas masivas de alquiler se produjo a finales del siglo XIX y principios del XX, en las décadas previas a las dos guerras mundiales. Entonces, los sindicatos de inquilinos fueron una expresión directa de la organización de la clase obrera, desempeñando un papel decisivo en las luchas sociales urbanas.

Hoy, la organización inquilina resurge con fuerza. Se están formando sindicatos en múltiples ciudades del Norte Global que organizan a los inquilinos para resistir desahucios, rechazar subidas abusivas y defender el derecho a la vivienda. Además, disputan la narrativa mediática, señalan responsables políticos y promueven movilizaciones. Culpan directamente al Estado por haber convertido la vivienda en un activo financiero y sostienen que, si el nuevo ciclo de especulación se gestó desde los parlamentos, también puede revertirse desde ellos. Por eso, su acción ha trascendido las calles y alcanzado las instituciones, donde exigen políticas que frenen la especulación y pongan fin a la crisis habitacional.

Sin embargo, pese al creciente apoyo social, estos sindicatos se enfrentan a un bloqueo institucional. La gobernanza rentista impide aprobar reformas que pongan fin a la explotación y precariedad de la generación inquilina. En este escenario, parece inviable resolver la crisis de vivienda desde los parlamentos. No existe fuerza social suficiente para impulsar el cambio legislativo.

La generación inquilina vive hoy una situación análoga a la que enfrentó el movimiento obrero durante el auge del capitalismo industrial. Entonces, la clase trabajadora fue despojada de sus medios de vida y convertida en sujeto de explotación; pero mediante su organización, desobediencia y conciencia, logró transformarse en sujeto político. La conformación del movimiento obrero como contrapoder permitió conquistar derechos, mejorar las condiciones de vida y transformar el sistema. Su fuerza llegó a representar una amenaza real para el capitalismo, al plantear la posibilidad de una sociedad alternativa.

Hoy, la lucha por la vivienda solo podrá avanzar si la generación inquilina se constituye como sujeto político, se organiza como contrapoder y activa procesos de formación de clase. Solo así será posible disputar el dominio del capital sobre la vivienda y avanzar hacia una transformación estructural.

La cuestión decisiva es si la generación inquilina puede convertirse en un sujeto político capaz de disputar el poder al capitalismo rentista. Las condiciones estructurales para ello no solo están presentes, sino que se intensifican año tras año. Entre ellas destacan: una experiencia común de injusticia vinculada al acceso a la vivienda, un conflicto objetivo con los intereses del capital financiero y rentista, una vivencia cotidiana de precariedad que actúa como motor de organización, una concentración creciente de la población en el régimen de alquiler y un movimiento social ya existente, con capacidad de articulación territorial y discursiva.

El potencial transformador del inquilinato se deriva de un hecho central: la vivienda es hoy el núcleo del régimen de acumulación. Si la financiarización y la extracción de rentas constituyen el corazón del capitalismo rentista, la lucha por la vivienda puede convertirse en un vector estratégico para imaginar y construir un orden económico distinto. La generación inquilina, al situar la desmercantilización de la vivienda en el centro de sus demandas, impugna no solo un mercado específico, sino los fundamentos del régimen económico actual: la idea de que la propiedad privada de activos debe organizar la vida social.

En esa impugnación radica la posibilidad de que el inquilinato deje de ser únicamente una posición de vulnerabilidad para convertirse en el germen de un sujeto político capaz de articular una alternativa histórica al capitalismo rentista. La vivienda, convertida en eje del sistema de explotación, se convierte al mismo tiempo en una trinchera estratégica desde la que disputar el sentido de la riqueza, del bienestar y de la democracia en el siglo XXI.

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