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Tal y como expliqué en mi primer informe ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, como Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, afrontamos, entre otras, una crisis que es particularmente paradójica: la crisis global del agua en el Planeta Agua, el Planeta Azul; con más de 2 mil millones de personas sin acceso garantizado a agua potable.

Ante esta realidad, es frecuente encontrar diagnósticos basados en el argumento de la escasez del agua dulce en el planeta, que insisten en que tan sólo el 2,5% es agua dulce y que buena parte de ella está en las masas glaciares o en acuíferos profundos, difícilmente accesibles. Este argumento suele complementarse con el impacto del cambio climático que, según muchas voces, desecará el planeta. Pero la realidad es que el cambio climático, lejos de reducir las precipitaciones medias, las incrementará. Al fin y al cabo, afrontamos un aumento progresivo de las temperaturas que intensifica la evaporación en los mares, lo cual, en última instancia, supone y supondrá mayores precipitaciones medias. Los problemas vienen y vendrán por una creciente variabilidad pluviométrica, que incrementa los riesgos de sequía y de grandes lluvias; al tiempo que, por otro lado, varía la distribución territorial de las precipitaciones, intensificando la aridez de territorios que, estando en el límite de la habitabilidad, pueden pasar a ser realmente inhabitables por escasez física de agua.

En todo caso, justificar la crisis global del agua sobre la base de la escasez, tanto con cambio climático como sin él, desenfoca el problema. De hecho, la inmensa mayoría de esos más de 2 mil millones de personas sin acceso garantizado al agua potable no son propiamente personas sedientas —sin agua en sus entornos de vida—, sino personas gravemente empobrecidas que viven junto a ríos y lagos o sobre acuíferos contaminados, o bien sobre-explotados por desarrollos productivos abusivos e insostenibles.

La clave de esta crisis global del agua radica en un modelo de desarrollo basado en el paradigma de dominación de la naturaleza, y en una visión del progreso basada en la noción de «crecimiento ilimitado» que hace escaso el planeta. Se estima, de hecho, que con el ritmo de consumo y el modelo de desarrollo vigentes, necesitaríamos tres planetas como el que tenemos. En el caso del agua, la codicia y la irresponsabilidad —a menudo, de los más ricos y poderosos—, ha provocado que la disponibilidad de aguas de calidad sea cada vez más limitada e inasequible para esos 2 mil millones de personas extremadamente empobrecidas. Deberíamos, por tanto, reflexionar sobre la naturaleza de esta crisis global del agua, y preguntarnos si el problema fundamental es realmente de escasez de agua o de «excedente de codicia», generalmente por parte de los que más tienen.

Sobre la base de este diagnóstico, vengo promoviendo la necesidad de afrontar tres grandes desafíos: hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos, promover una gobernanza democrática que entienda el agua como un bien común, y hacer del agua un argumento para la paz y la cooperación entre los pueblos.

Hacer las paces con nuestros ríos y ecosistemas acuáticos

El desarrollo y la aplicación de nuevas tecnologías a menudo es señalado como una herramienta clave para acelerar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 6 —y por tanto, el cumplimiento universal de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Sin duda, disponemos de sofisticadas tecnologías que permitirían resolver todos y cada uno de los problemas que padecen las comunidades en las que viven esos 2 mil millones de personas empobrecidas; desde llevar agua desde fuentes lejanas, hasta depurar caudales contaminados de fuentes cercanas mediante técnicas como la ósmosis inversa. Sin embargo, no puede olvidarse que nos referimos a gentes y comunidades que, en su gran mayoría, viven en condiciones de extrema pobreza, y por tanto no pueden pagar esas soluciones.

De hecho, lo que resulta cada vez más evidente en todo el mundo —y no sólo para los más empobrecidos— es que las estrategias más eficaces para disponer de agua potable suelen ser las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), que permiten recuperar la funcionalidad del ciclo hídrico natural, garantizando el buen estado y la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos. De hecho, las legislaciones más avanzadas —como la Directiva Marco de Aguas en la Unión Europea (UE)—, asumen como objetivo central recuperar el «buen estado ecológico de los ecosistemas acuáticos», como forma de asegurar el buen funcionamiento de esa ingeniería natural que rige el ciclo del agua.

La red de ríos, lagos, humedales y acuíferos constituye, desde hace miles de años, la red natural de abastecimiento de todos los asentamientos humanos —pues estos siempre se ubican, de hecho, en sus entornos. Una red natural que no sólo distribuye caudales, sino que también cumple funciones de almacenamiento, regulación y depuración de las aguas.

Los acuíferos subterráneos son los pulmones hídricos de la naturaleza en islas y continentes. Si los cuidamos y evitamos su sobreexplotación, pueden y deben ser almacenes estratégicos para gestionar las sequías extraordinarias que el cambio climático intensifica.

Los humedales, lagos y ecosistemas ribereños cumplen por su parte funciones vitales de expansión de las crecidas, que permiten ablandarlas y reducir los riesgos de inundación aguas abajo. Esto resulta particularmente valioso en las actuales circunstancias, condicionadas por el cambio climático.

Por último, los humedales cumplen valiosas funciones de sostén de la biodiversidad y de autodepuración de caudales. Más allá de regular caudales superficiales, funcionan como macro-depuradoras naturales que resultan especialmente cruciales para las comunidades ribereñas —tanto para su abastecimiento de agua potable, como para sustentar pesquerías que son vitales para su alimentación.

El agua como bien común: promover su gobernanza democrática

Como es bien sabido, el agua permite desarrollar actividades productivas que tienen una gran proyección económica; pero ante todo y sobre todo, el agua sustenta la vida en este planeta, y es la clave del asentamiento territorial de los pueblos. También, de la cohesión social y de la convivencia en las sociedades humanas.

«Todos los necios confunden valor y precio», decía el poeta español Antonio Machado. Y hace ya 2 mil 500 años, Aristóteles distinguía «economía» de «crematística». La economía, decía, es el arte de administrar los bienes de la casa; mientras que la crematística gestiona los bienes que se compran y se venden en el mercado. Pues bien, si reflexionamos sobre los valores en juego en la gestión del agua, veremos que los más importantes no son intercambiables por dinero. Por ejemplo, ¿qué valor debería asignarse, en euros, en dólares o en cualquier otra moneda, al agua necesaria para salvaguardar la salud de nuestras familias? ¿Cómo comparar, siquiera, el valor del agua necesaria para mantener la salud pública, con el valor del agua para cultivar aguacates para la exportación?

Necesitamos discernir categorías éticas y establecer normas y leyes que marquen jerarquías, reservando la máxima prioridad para el agua-vida. Esto es, el agua necesaria para sustentar la vida en general, y muy en particular una vida digna para todos y todas. En un segundo nivel de prioridad deben situarse los usos considerados de interés general por la sociedad. En tercer lugar, el agua-economía, en usos productivos que nos permiten mejorar nuestro nivel de vida. Y en cuarto lugar, el agua-crimen, en usos y actividades que ponen en riesgo la salud pública y la sostenibilidad de los ecosistemas, y que por tanto deben ser prohibidos —por muy rentables que resulten para quienes los promueven. Desarrollar estas prioridades éticas para gestionar de forma integral, justa y sostenible el agua, desborda la lógica de mercado.

Es necesario reconocer el agua disponible en cada comunidad como un bien común, accesible para todos y todas, pero no apropiable por nadie. Del mismo modo, los ecosistemas acuáticos deben ser considerados patrimonios naturales comunes a gestionar de forma sostenible, por el bien de todo el mundo, incluidas las generaciones futuras. El ciclo del agua, incluso, como parte del sistema climático, debería gestionarse también como un patrimonio global común.

La consideración del agua disponible y de los ecosistemas acuáticos como bienes comunes, no sólo generaría derechos de acceso a las correspondientes comunidades y poblaciones que dependen de ellos, sino también responsabilidades compartidas. Sin embargo, dada la complejidad de la sociedad actual y la magnitud de los desafíos a gestionar —como por ejemplo, garantizar la sostenibilidad de grandes cuencas—, es fundamental que los Estados asuman el dominio público sobre aguas y ecosistemas acuáticos. Pero deben hacerlo sin perder de vista que gestionar bienes comunes exige una gobernanza basada en un enfoque de derechos humanos, sin ánimo de lucro y articulada a varios niveles: a nivel local, a nivel de cuenca e incluso a nivel transfronterizo y global. Una gobernanza que, a su vez, garantice transparencia, participación pública y rendición de cuentas.

Desde la visión neoliberal, el agua es una mercancía a gestionar bajo la lógica del mercado, por lo que los servicios de agua y saneamiento son considerados espacios de negocio. Ello conlleva que el acceso al agua dependa de la capacidad de pago de cada individuo, mientras que la información y la gestión quedan en manos de los accionistas mayoritarios de las corporaciones a cargo de los servicios. Esto no sólo contradice la concepción del agua como bien común, sino que es incoherente con un enfoque de gestión del agua basado en los derechos humanos.

Por otro lado, se han legalizado en diversos países mercados de derechos de agua, como ocurre en España con los llamados «contratos de cesión», que marginan a quienes tienen menor capacidad económica, aceleran la expulsión de pequeños y medianos regantes, y agravan la degradación de los ecosistemas acuáticos.

Finalmente, se multiplican las estrategias de financiarización del agua, que entregan el control de estos servicios a las grandes corporaciones financieras, movidas por intereses especulativos de corto plazo. Un ejemplo reciente es la entrada de los derechos de agua de California en los «mercados de futuros», dominados por la lógica de la especulación financiera.

Asimismo, son de suma relevancia las estrategias de «partenariado público-público» sin ánimo de lucro, y las estrategias de «partenariado público-comunitario» —en las que los Estados, como responsables últimos del cumplimiento de los derechos humanos, reconocen, respetan y apoyan a las autoridades comunitarias en zonas rurales y pueblos indígenas, aportando los medios precisos para que dichas autoridades puedan garantizar agua potable y saneamiento a sus comunidades.

El agua como argumento para la paz y la cooperación entre los pueblos

Los ríos han hermanado desde hace miles de años a las comunidades ribereñas, por encima de etnias, culturas y creencias religiosas. Sin embargo, hoy en día se multiplican los conflictos y las tensiones entre países que comparten ecosistemas acuáticos. Son 153 los países que comparten actualmente cuencas fluviales, en las que fluyen el 60% de los caudales de agua dulce disponibles en el mundo.

Por otro lado, es importante recordar que el cambio climático está agravando los riesgos de sequías e inundaciones, derritiendo los glaciares en las cabeceras fluviales —con la consiguiente reducción de sus capacidades de regulación—, lo que aumenta los riesgos de inundación y reduce los caudales en verano, cuando son más necesarios. Además, el aumento de la evapotranspiración de la vegetación a mayores temperaturas está reduciendo seriamente la escorrentía media y la disponibilidad de agua dulce. En este contexto, es vital entender que el cambio climático no puede abordarse de forma aislada ni a nivel nacional. Al igual que las tormentas y los huracanes no reconocen espacios de soberanía nacional, los ríos no reconocen fronteras: tanto las cuencas como los impactos derivados de sequías e inundaciones son transfronterizos. Las soluciones deben ser, por ende, transnacionales.

El enfoque tradicional de la gestión del agua como un mero recurso nacional fomenta la competencia y el conflicto entre pueblos vecinos, dificultando el combate contra el cambio climático. Es urgente, por ello, transitar hacia una visión ecosistémica que convoque a todos a compartir responsabilidades —y beneficios— en la gestión de esas cuencas; sin que ello suponga un deterioro del principio de soberanía nacional. La UE nos ofrece un buen ejemplo con la Directiva Marco de Aguas, acordada sin merma de la soberanía nacional de los estados miembro, en la que se establece la obligación de compartir responsabilidades en las cuencas transfronterizas a fin de garantizar el buen estado de los ecosistemas acuáticos y ecosistemas conectados. El continente africano, por su parte, lidera la firma de grandes acuerdos en cuencas transfronterizas como las del río Senegal, el Níger, el Okavango o el lago Chad. Acuerdos que ponen sobre la mesa la necesidad de priorizar los derechos humanos y las necesidades básicas de las poblaciones, a un lado y otro de las fronteras; y que demuestran que estas instituciones transfronterizas de gestión de las aguas pueden ser también herramientas de intermediación ante posibles conflictos.

En mi informe de 2023 a la Asamblea General, en plena sintonía con los principios y directrices establecidos por la Convención del Agua de las Naciones Unidas, insistí en la necesidad de avanzar hacia una gestión sostenible del agua a escala de cuenca bajo enfoques basados en los derechos humanos. Esto significa pasar de la competencia por los recursos a la responsabilidad compartida en la gestión sostenible de los ecosistemas acuáticos transfronterizos —y de los riesgos del cambio climático—, asumiendo la prioridad de garantizar los derechos humanos y las necesidades básicas de todos los habitantes de cada cuenca. No se trata sólo de una exigencia ética y de justicia, sino de una necesidad global si queremos hacer frente al cambio climático y promover la paz, la seguridad y la cooperación entre pueblos vecinos.

Concluí aquel informe haciendo un llamamiento, en línea con lo que defienden en concreto Suiza y Eslovenia, para que el Consejo de Seguridad de la ONU asuma la gestión de aguas en ecosistemas acuáticos compartidos. Y es que, bajo las actuales circunstancias marcadas por el cambio climático, las aguas y los ecosistemas pueden resultar una cuestión clave para la paz y la seguridad.

Desgraciadamente, lo que observamos en la actualidad es que en las cuencas transfronterizas que sufren conflictos armados, el agua se utiliza cada vez más como arma para castigar a la población civil. Así está ocurriendo en el Kurdistán sirio, en Palestina y muy particularmente en Gaza, donde viven 2,3 millones de palestinos —de los cuales, 1,7 millones fueron expulsados de sus tierras por Israel y forzados a vivir en campos de refugiados en la Franja. Desde el inicio de la guerra, Israel decidió cortar el agua, los alimentos y las medicinas a la población. Lo declararon abiertamente distintos miembros de su gobierno y de su cúpula militar, y así lo están haciendo.

A día de hoy, la población gazatí vive con una media de 4,7 litros de agua por persona y día, con el agravante de que la mayor parte de las aguas disponibles están contaminadas por aguas fecales. Esto ha producido ya 1,7 millones de infecciones —fundamentalmente diarreas, disentería y hepatitis A—, pero también casos de polio y viruela, entre otras enfermedades infecciosas que podrían estallar en epidemias desastrosas. A diario, la falta de agua potable, junto a la falta de atención médica, desemboca en la muerte de multitud de bebés, niños y niñas. Es una verdadera bomba que, no por ser silenciosa, es menos letal.

La quiebra por parte de Israel de la legislación internacional vigente, como ya están sentenciando los tribunales, es múltiple y sistemática. Tanto la Cuarta Convención de Ginebra y el Estatuto de Roma, como el Derecho Internacional humanitario consuetudinario, están siendo violados a diario desde el inicio de la guerra. La legislación internacional define el bloqueo sistemático de alimentos como un crimen de lesa humanidad en la categoría de crimen de exterminio, y es importante recordar a ese respecto que el agua es el alimento principal e imprescindible en la dieta que a diario necesitamos los humanos para sobrevivir.

Pero el problema va más allá de Gaza, y viene de atrás: la militarización de la gestión de aguas en Israel y en los territorios palestinos ocupados es, desde hace 50 años, eje central de una política de apartheid hídrico y territorial, que incluye la destrucción de infraestructuras básicas de agua, y la depauperación sistemática de pastores y campesinos por falta de agua. Los palestinos, en sus propios territorios, ilegalmente ocupados por Israel, no tienen acceso al río Jordán ni tienen derecho a hacer nuevos pozos o infraestructuras de agua. Todas las fuentes superficiales y subterráneas han sido apropiadas por Israel. Mucho antes de esta última guerra, los palestinos apenas disponían de 70 litros por persona y día, y numerosas comunidades rurales apenas contaban con 20 litros diarios. La población israelí, sin embargo, dispone de una cantidad de agua 4 veces mayor en promedio, mientras los colonos ilegales reciben y usan 18 veces más cantidad de agua para sus cultivos y piscinas.

Asistimos a un largo y sistemático proceso de marginación del pueblo palestino, que con las últimas ofensivas sobre Gaza se ha convertido ya en un auténtico genocidio. En este contexto, el agua, como arma de guerra, juega un papel decisivo; que la comunidad internacional no puede aceptar ni tolerar.

La necesidad de un nuevo concepto de progreso

En mi reciente informe de 2024 ante la Asamblea General de la ONU, analizo la estrecha vinculación entre las crisis globales del agua y de la alimentación. Crisis que se pretenden abordar desde sistemas alimentarios basados en el mito del crecimiento ilimitado de la producción, brutales desigualdades de poder y una confianza ciega en que los mercados distribuirán los alimentos producidos entre quienes los necesitan.

La realidad dista mucho de esa idea: un tercio de esos alimentos se tiran y desperdician; lo que supone desperdiciar también el agua usada en su producción. Esto demuestra que la crisis alimentaria y la crisis hídrica son distintas caras de la misma moneda, pues ese agua desperdiciada en la industria alimentaria permitiría satisfacer holgadamente el derecho humano al agua potable de toda la población mundial.

Por otro lado, a los 800 millones de hambrientos que hay actualmente en el mundo, debemos sumar 2 mil 500 millones de personas obesas —concentradas, en su mayoría, en poblaciones empobrecidas— que llevan dietas insalubres basadas en alimentos ultraprocesados, cuya producción requiere, para colmo, mucha agua.

La crisis global del agua se está viendo agravada también por los procesos de acaparamiento de tierras y aguas, que expropian y desplazan a poblaciones campesinas e indígenas para desarrollar monocultivos intensivos para la exportación. Monocultivos que, a su vez, destruyen bosques y quiebran los ciclos de fertilidad de las tierras. Además, el crecimiento de la agricultura y la ganadería intensivas —con un uso masivo de pesticidas y abonos industriales, y una producción concentrada de purines—, está quebrando la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, así como la fertilidad y la capacidad de los suelos para retener humedad. Como reconoce la propia Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los acelerados procesos de sobreexplotación, contaminación y salinización de acuíferos, perfilan más aún un horizonte de insostenibilidad.

Necesitamos transitar hacia sistemas agroecológicos basados tanto en estrategias agro-ganaderas regenerativas como en los principios de soberanía alimentaria —que desde hace tiempo y a nivel internacional vienen defendiendo movimientos sociales como la Vía Campesina. Necesitamos emprender una transición agroecológica que incluya una gestión de aguas basada en la consideración del agua como bien común, y de los ecosistemas acuáticos como patrimonios naturales comunes, a gestionar de forma sostenible desde un enfoque basado en los derechos humanos.

Como sostiene con acierto en su último informe el Relator sobre Pobreza Extrema, Olivier de Schutter, es urgente promover un nuevo concepto de progreso. Ahora que nos encontramos en la antesala de la «era del post-crecimiento», necesitamos un nuevo concepto de progreso basado en el respeto a los derechos humanos y al principio de sostenibilidad.

Entre el «suelo» de los derechos humanos y el «techo» de la sostenibilidad, es donde la humanidad tiene su casa común. En ella, en cada territorio y en el mundo entero, disponemos de amplio espacio para construir ese nuevo concepto de progreso sostenible y democrático; que es también la llave para garantizar los derechos humanos al agua y a la alimentación para todos.

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