El desafío post COVID-19: ¿un simple reinicio o un cambio real?

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Herta Däubler-Gmelin

Jun, 2020
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En las últimas semanas de la crisis de la COVID-19, diversas circunstancias y expectativas han dado lugar a reivindicaciones y acciones. Sin embargo, hemos visto también cómo los gobiernos han regresado muy rápidamente y sin titubeos a sus políticas y planes anteriores a la COVID-19: los pocos cambios que se produjeron con el inicio de esta crisis se están revirtiendo; y el abordaje de las palpables debilidades y algunas de nuestras políticas públicas están quedando en el olvido de un segundo plano.

Los ciudadanos, sin embargo, exigen cada vez más precisamente lo contrario de la involución, reclamando una mayor integración de innovación y progreso que nos lleve a una sociedad más sostenible y a transformaciones políticas. Son conscientes de que esta crisis ha dejado al descubierto las fallas, las debilidades, la injusticia y el deterioro tanto de las comunidades locales como de la cooperación regional, nacional y mundial.

Mientras seguimos inmersos en la crisis de la COVID-19, muchas de estas reivindicaciones tienen aún la oportunidad de beneficiarse del impulso del que estamos siendo testigos. Aunque algunas de ellas aún pueden cambiar, y aunque la crisis está lejos de haber terminado, podemos observar que muchos gobiernos democráticos han demostrado que no son categóricamente más débiles o menos eficientes que los gobiernos autoritarios para responder a los desafíos. En principio, son bastante capaces de actuar de manera rápida y eficaz y, lo que es más importante, cuentan con el apoyo de las sociedades civiles y parlamentos. Mientras tanto, algunos gobiernos más autoritarios se han desempeñado peor durante esta crisis, o incluso han fracasado, a pesar de su potencial para dictar y ejecutar órdenes sin demora. El potencial de los gobiernos democráticos será una cuestión clave a lo largo de las siguientes reflexiones.

Foto_ ResoluteSupportMedia_ Refugiadas_ CC BY 4.0

La implementación de las primeras medidas contra la enfermedad en Alemania

Como alemana y habitante de Europa Central, me ha impresionado enormemente la onda expansiva de la COVID-19 y algunos de sus resultados en nuestra región. Ha supuesto un final repentino a la cotidianeidad de nuestras vidas, y ha sacudido la sensación de seguridad y control de nuestras vidas que antes dábamos siempre por hecho. Antes de la COVID-19 sentíamos que las enfermedades graves o los virus desconocidos podrían ser neutralizados rápidamente, o al menos amortiguados, gracias a sistemas sanitarios fuertes, a científicos cualificados y a la existencia de un estado del bienestar poderoso y eficiente. Así habían sido hasta ahora con las crisis de salud pública, incluidos el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y el Ébola. La COVID-19 nos ha demostrado que esta era poco más que una falsa seguridad, poniendo de manifiesto que las cuestiones de la salud pública no solo eran una amenaza para las poblaciones vulnerables de regiones lejanas, desfavorecidas y subdesarrolladas, sino que de hecho podían extenderse por todo el mundo, afectando también a los ricos europeos, aparentemente a salvo de tales problemas.

La conmoción causada por esta revelación ha sido el germen a muchos acontecimientos de interés: los vecinos se preocuparon por sus vecinos, especialmente atentos a la vulnerabilidad de los ancianos, y se pusieron a plena disposición para ayudar. Otro hecho especialmente inusual en nuestras democracias fue la forma en que los parlamentos y los políticos, a menudo objetos de desconfianza, actuaron con rapidez, recibiendo un apoyo inaudito de los medios de comunicación y de la sociedad civil [1].

En Alemania, un país de estructura federalista, con estados regionales autónomos muy autosuficientes, este tipo de comportamiento resulta aún más extraordinario. Los estados federados se coordinaron rápidamente para adaptarse a unas normas federales de emergencia bastante restrictivas, pero recomendadas por los científicos para contener la infección: distanciamiento social y cierre casi total de escuelas y guarderías, negocios, eventos culturales como óperas y teatros; así como medidas especiales para el transporte público. Por supuesto, en comparación con las impuestas en algunos otros países europeos, fueron medidas considerablemente menos restrictivas de lo que podrían haber sido. No obstante, han afectado al alcance de diversos derechos civiles garantizados constitucionalmente. A pesar del posible debate constitucional y de sus repercusiones, el apoyo a estas medidas de emergencia se mantuvo inicialmente firme durante las primeras semanas; algo que, por supuesto, tuvo que ver con las costosas ayudas financieras extraordinarias que acompañaron a estas restricciones.

Incorporando el shock a una nueva cotidianeidad

A juzgar por las cifras de la infección, el número de muertos y los daños sociales y económicos, la respuesta alemana a la crisis de la COVID-19, basada en la implementación de nuevas medidas de contención de la epidemia, ha resultado bastante exitosa. De hecho, podría pensarse incluso más exitosa que la gestión de la mayoría de nuestros países vecinos, y al menos tan exitosa como la de varios sistemas autoritarios, a pesar de que estos afirman ser más eficientes en el gobierno que en las «democracias occidentales».

Muchos gobiernos democráticos han demostrado que no son categóricamente más débiles o menos eficientes que los gobiernos autoritarios para responder a los desafíos. En principio, son bastante capaces de actuar de manera rápida y eficaz y, lo que es más importante, cuentan con el apoyo de las sociedades civiles y parlamentos.

Entrando en la Fase 2 de eliminación de las medidas anti-crisis, se han levantado la mayoría de las grandes restricciones, salvo las de mantener la distancia interpersonal y la de usar mascarillas protectoras. De acuerdo con nuestro sistema federal, cada estado federado ha tenido la discrecionalidad de aplicar sus propias medidas específicas. A la vez que el gobierno central trabajó estrechamente con ellos, fomentando la colaboración, los estados pudieron decidir de manera autónoma entrar en la Fase 2 y levantar las restricciones a los derechos de los ciudadanos y a las empresas. Así pues, en Alemania el proceso de suspensión de las medidas extraordinarias se ha producido con mayor rapidez y ha sido probablemente más eficiente que en democracias más centralizadas como Francia, España o el Reino Unido.

Resulta curioso, por otra parte, que durante esta segunda etapa, el inusual apoyo unánime a parlamentos, partidos y a la sociedad civil disminuyó rápidamente. Al no reproducirse los escenarios catastróficos de Madrid y Lombardía, empezaron a propagarse teorías de la conspiración, y empezaron a organizarse manifestaciones en contra de la política de restricciones: algunos de los manifestantes llegaban incluso a negar por completo el peligro de la COVID-19, pero la mayoría de ellos se centraron en cuestionar los costes que acarrearía la contención de la primera oleada de la COVID-19, destacando también especialmente la creciente división social, el lamentable aislamiento de muchos de los ancianos confinados en residencias y la desatención a los derechos de la infancia que suponía privar de educación a los niños mediante el cierre de escuelas y guarderías.

A esto se le suman, por supuesto, el descontento y las quejas en torno al impacto económico, ya que millones de trabajadores se han visto afectados por las medidas, a menudo enfrentando situaciones de desempleo; y tanto individuos como empresas afrontaban el panorama de un endeudamiento cada vez mayor. No han faltado tampoco críticas sobre el fracaso de la cooperación y de la solidaridad europeas, pues la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea (UE) empezaron actuando de acuerdo solamente a sus respectivos intereses nacionales. Esto, sumado al cierre de fronteras y a la suspensión de la libre circulación, parecía contradecir el carácter transnacional de la COVID-19. Se restringieron los derechos ciudadanos de la UE, perjudicando a los millones de personas que atraviesan diariamente nuestras fronteras. En definitiva, además del daño evidente infligido a la economía de la Unión, se ha puesto en entredicho el corazón de los valores europeos.

La cooperación y la solidaridad ha fallado por igual a migrantes y a los refugiados de los campamentos de Grecia, Italia, Oriente Medio, Turquía y Yemen. Estos colectivos, que eran ya vulnerables, prácticamente no han recibido protección y apoyo. Enfrentándose en muchos casos a restricciones o prohibiciones totales de desplazamiento, han sufrido también el estigma de ser considerados posibles portadores del virus, en base a acusaciones infundadas, en gran parte como consecuencia de un clima cada vez más extendido de xenofobia y de búsqueda de chivos expiatorios. Los países asiáticos y africanos, además, que dependían de las cadenas de abastecimiento de países industrializados como parte del actual sistema globalizado, se han visto solos no únicamente para hacer frente al virus, sino también a la hora hacer frente al creciente desempleo y la pobreza.

Foto_ Luc_ Diego de Alvear- CC BY 4.0

Cinco conclusiones para un futuro de cooperación y sostenibilidad

Habida cuenta de las consideraciones anteriores, debemos reflexionar sobre lo que hay que cambiar en el periodo posterior a la COVID-19, si queremos mantener el impulso actual y contribuir a un estado aceptable de democracia y sostenibilidad. Debemos seguir luchando por las oportunidades y los derechos de los pueblos y las sociedades de todo el mundo. A la luz de esto, se pueden extraer al menos cinco conclusiones que podemos plantearnos para avanzar:

1.  El cambio inmediato es necesario y posible

En muchos de los largos debates sobre cómo afrontar la crisis climática, los gobiernos democráticos alegan a menudo que necesitan más tiempo, y que no pueden actuar con rapidez en razón del potencial perjuicio económico que padecerían. Pero tal y como hemos podido aprender durante esta crisis, se nos acaba el tiempo, y es indispensable que actuemos con esta diligencia supuestamente imposible. Y de hecho sabemos que es posible.

La adopción de medidas de emergencia a veces se asemeja a una peligrosa violación de los derechos humanos. Durante esta crisis, hemos podido ser testigos de valientes esfuerzos de la sociedad civil, que ha dado con soluciones creativas e innovadoras para afrontar los desafíos.

Lo sabemos por las rápidas medidas que nos hemos visto obligados a tomar estos días. A fin de evitar que se produzcan más daños y de hacer posible de una economía sostenible y ecológica, debemos poner fin cuanto antes a la sobreexplotación de los recursos del planeta. Ahora es más necesario que nunca facilitar una economía «de cuna a cuna» [2], ya que el tiempo se agota. Nuestros respectivos gobiernos han sido capaces de actuar a la luz de la COVID-19, lo que demuestra que las soluciones de gran alcance son factibles si la amenaza parece ser lo suficientemente grave. Y esto se corresponde con las claras consecuencias que presenta la crisis climática; por lo que debemos reestructurar nuestra gestión de esta crisis y entenderla como una prioridad absoluta.

2.  Las democracias son fuertes: la sociedad civil marca la diferencia

Como se ha mencionado antes, los gobiernos autoritarios no han demostrado ser ni mejores ni más eficientes. Se enfrentan a menos restricciones a la hora de emitir mandatos en comparación con las democracias regidas por el estado de derecho, que no necesitan contar con la sociedad civil, con el poder legislativo y con los poderes judiciales independientes. Sin embargo, se puede decir que las democracias disfrutan de importantes ventajas: reciben un apoyo más dinámico de los científicos y la sociedad civil, algo vital para hacer frente a una crisis. Comparativamente, China perdió semanas muy valiosas en la lucha contra el virus, cuando en lugar de abordarlo como la amenaza inminente que demostró ser, permitió la circulación de rumores nocivos y enjuició de manera injustificada a los médicos que pedían que las autoridades se tomaran en serio la amenaza. Restringir la libertad de expresión solo a los temas que les son favorables es algo característico de gobiernos autoritarios; que pretenden con ello impedir la necesaria transferencia de noticias incómodas a los responsables de alto nivel, ya que los funcionarios de menor categoría temen su respuesta y las posibles represalias y culpas derivadas.

Al mismo tiempo, y de manera no poco paradójica, incluso entre nuestros regímenes democráticos, la adopción de medidas de emergencia a veces se asemeja a una peligrosa violación de los derechos humanos. Durante esta crisis, hemos podido ser testigos de valientes esfuerzos de la sociedad civil, que ha dado con soluciones creativas e innovadoras para afrontar los desafíos. Por supuesto, además de estos esfuerzos, debemos siempre exigir transparencia y rendición de cuentas a nuestros gobiernos. Es por eso que se hace tan necesario fortalecer nuestras instituciones democráticas y nuestra sociedad civil.

3.  Con la globalización, el cambio es vital

Es igualmente importante aprovechar este tiempo para cambiar nuestros parámetros de referencia, dada la globalización económica imperante, dominada por los intereses de grandes empresas. Un sistema centrado solo en servir a estos intereses conduce necesariamente a crear una brecha global cada vez más profunda, y desatiende los derechos humanos y las oportunidades de gentes de todo el mundo. En consecuencia, debemos remodelar, renovar y fortalecer las instituciones regionales y mundiales, algo que requiere de cooperación a todos los niveles. Además, es también acuciante que comprendamos y mitiguemos, o incluso que pongamos fin a las consecuencias negativas de la globalización; las que conducen a la sobreexplotación de recursos y a la destrucción de un número cada vez mayor de reservas naturales en Asia, África y América Latina. Estas pautas destructivas contribuyen a agravar la crisis climática y los conflictos armados, y al aumento de los flujos migratorios, algo que tal vez veremos sumarse a las posibles epidemias y a las enfermedades aún desconocidas que afectan a todas las poblaciones del mundo.

4.  Se necesita más cooperación

En Europa, los Estados Miembros deben centrarse en mejorar la cooperación, no solo a la luz de la crisis actual, sino también teniendo en cuenta los diversos retos a los que la Unión se enfrenta. Las recientes decisiones sobre una financiación común de la UE dirigida a apoyar a personas, instituciones y a economías damnificadas podrían ser un buen comienzo; sin embargo, deben ir acompañadas de medidas claras y eficaces.

Desde un enfoque global, es evidente que las decisiones unilaterales que han adoptado algunos países durante esta crisis no se ajustan al espíritu de urgencia solidaria sino que, de hecho, contrarrestan el progreso en ese sentido.

5.  Reducir la brecha en nuestra sociedad

Por último, hemos podido observar que la crisis de la COVID-19 ha hecho la brecha social aún más profunda: los más pobres y vulnerables se han vuelto más pobres y vulnerables. Los más afectados han sido los migrantes, las madres solteras, los ancianos que viven en residencias y las personas sin hogar. Los más desfavorecidos de nuestras sociedades, que ya se enfrentan claramente a la inseguridad y a situaciones precarias, se ven amenazados ahora por una inseguridad e inestabilidad aún mayores. Y mientras, las escasas protecciones sociales de las que disfrutan son objeto de un duro cuestionamiento.

Por otra parte, un gran número de personas con trabajos estables y con buenos ingresos apenas se están viendo afectadas. Esto es algo que ya ha ocurrido en otras tantas crisis sociales, sean sanitarias, económicas o climáticas. Cada vez que nuestras sociedades se enfrentan a nuevos desafíos, la brecha entre los vulnerables y la élite sale a la luz, afianzándose y haciéndose aún más profunda. Como hemos visto en esta crisis, somos capaces de actuar con premura y diligencia. Por eso debemos asegurarnos de que, en lugar de medidas reaccionarias, nos esforcemos por incorporar la equidad en el planteamiento y la articulación de una sociedad pospandémica.

[1]  Durante las primeras semanas de la crisis, instituciones científicas y expertos como el Instituto Robert Koch, la Universidad Johns Hopkins o el virólogo Christian Drosten, obtuvieron un notable protagonismo no solo como asesores de políticas públicas, sino también como referencia para la opinión pública.

[2]  Como la que proponen Michael Braungart y William McDonough, u otros adeptos de la economía circular para una revolución industrial comprometida con la ecología.

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