_

Ser testigo: El precio de la disidencia

La primavera de 2024 marcó un punto de inflexión en la historia de la educación superior y del activismo político estadounidenses. En todo el país, los campus universitarios, considerados durante mucho tiempo santuarios de la libre investigación y del compromiso democrático, se convirtieron en epicentros de un profundo ajuste de cuentas moral y político. El catalizador fue el continuo ataque israelí contra Gaza, retransmitido en tiempo real a través de las redes sociales y los medios de comunicación. Las imágenes de hospitales bombardeados, barrios arrasados y niños asesinados en sus casas no eran abstracciones lejanas, sino que eran inmediatas, viscerales y afectaban directamente a las instituciones estadounidenses. Para innumerables estudiantes, el hecho de saber que sus universidades estaban financieramente vinculadas a empresas que se beneficiaban de la violencia en Gaza transformó la indignación en una crisis personal e institucional.

En respuesta, una ola de activismo estudiantil sin precedentes se extendió por todo el país. Estudiantes, profesores y demás personal se movilizaron para exigir que sus universidades retiraran sus inversiones de Israel y de las empresas cómplices de la ocupación, el apartheid y el genocidio israelíes. La demanda central era clara: las instituciones de enseñanza superior no deben beneficiarse ni ser cómplices de la maquinaria de opresión y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Este movimiento no fue un fenómeno aislado o marginal, sino amplio, interseccional y profundamente arraigado en una larga tradición de protesta y solidaridad en los campus.

Este artículo sitúa la actual ola de activismo pro palestino en el contexto más amplio del legado de las protestas estudiantiles en Estados Unidos. Cuestiona la maquinaria bipartidista que ha criminalizado la disidencia, expone la complicidad de las universidades y el Gobierno estadounidense en el menoscabo de las libertades fundamentales en nombre del sionismo, y analiza las implicaciones para la libertad académica, la libertad de expresión y la gobernanza democrática. En base a análisis históricos, acontecimientos recientes, marcos jurídicos y estudios de caso, sostiene que la lucha por los derechos de los palestinos es inseparable de la lucha por la democracia y la justicia en Estados Unidos. La criminalización de la solidaridad con Palestina no es solo una cuestión universitaria, sino que ha sido un banco de pruebas para el futuro de la disidencia y la integridad de las instituciones estadounidenses.

El legado del activismo estudiantil estadounidense y las raíces del activismo pro palestino

La universidad estadounidense ha sido durante mucho tiempo un crisol de disidencia, transformación social y contestación del poder. Desde la década de 1930, cuando los estudiantes de Columbia y otras instituciones se organizaron contra el fascismo y a favor de la libertad académica, hasta el Movimiento por la Libertad de Expresión de la Universidad de California, Berkeley, en la década de 1960; los estudiantes y los jóvenes han obligado repetidamente a la nación a enfrentarse a su complicidad con la guerra, el racismo y la injusticia. Las protestas contra la guerra de Vietnam, las sentadas por los derechos civiles y los movimientos por los derechos de la mujer tuvieron su epicentro en los campus universitarios.

Estos movimientos no fueron meros gestos simbólicos, sino que lograron victorias sustantivas. El activismo estudiantil fue fundamental para obligar a las universidades a desinvertir en empresas que apoyaban el apartheid en Sudáfrica, presionar al Gobierno para que pusiera fin a la guerra de Vietnam y ampliar la protección de los derechos civiles de los grupos marginados. Sin embargo, estas victorias se lograron frente a una feroz represión: vigilancia por parte del Programa de Contrainteligencia (COINTELPRO) del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), violencia policial, listas negras y medidas administrativas. La universidad siempre ha sido un espacio controvertido: lugar tanto de posibilidades emancipadoras como de control institucional.

Aunque a menudo simbólicas, estas votaciones reflejaban un consenso cada vez mayor en torno a la idea de que las universidades debían alinear sus inversiones con los derechos humanos y el derecho internacional. Sin embargo, las administraciones universitarias ignoraron sistemáticamente o socavaron activamente estos esfuerzos, alegando riesgos legales, financieros o de reputación. En algunos casos, se suspendieron o prohibieron grupos estudiantiles como Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP, por sus siglas en inglés) y los activistas sufrieron acoso y doxing.

En la década de 2010 y principios de la de 2020, los referéndums y las votaciones de las juntas estudiantiles a favor de la desinversión se convirtieron en una constante de la política universitaria. En instituciones como la Universidad de Nueva York, la Universidad de Michigan y la Universidad de Brown, los jóvenes estudiantes organizaron campañas de varios años, creando coaliciones y obteniendo mandatos democráticos para la desinversión. Sin embargo, en casi todos los casos, las administraciones ignoraron o anularon estas votaciones, invocando la «neutralidad institucional», la presión de los donantes o cuestiones legales.

Los administradores participaron con frecuencia en negociaciones de mala fe, prometiendo «considerar» la desinversión o crear comités consultivos que no produjeron ningún cambio significativo. Se intensificaron las represalias contra los jóvenes activistas: se suspendieron las secciones de SJP, se lanzaron campañas de doxing contra líderes universitarios y se amenazó con leyes contra el BDS la financiación de ciertas organizaciones estudiantiles. Esta hostilidad administrativa puso de relieve lo que estaba en juego políticamente: las universidades dieron prioridad a las relaciones con los donantes y a la conveniencia política por encima de las demandas de justicia de los estudiantes y el profesorado.

Los acontecimientos de octubre de 2023 y sus consecuencias marcaron un cambio paradigmático en la conciencia política de los estudiantes universitarios estadounidenses. A diferencia de episodios anteriores de violencia en el conflicto palestino-israelí, la devastación en Gaza no se filtró a través del lente retardado y edulcorado de los medios de comunicación tradicionales: se propagó de manera inmediata e íntima gracias a la omnipresencia de los teléfonos inteligentes, las transmisiones en directo y las plataformas de redes sociales. La circulación directa de imágenes y testimonios desde Gaza —universidades y hospitales bombardeados, fosas comunes, niños asesinados en sus casas— disolvió la distancia geográfica y psicológica que había aislado a muchos estadounidenses de la realidad de la ocupación y la guerra.

Este colapso de la distancia tuvo profundas implicaciones para el activismo estudiantil. El sufrimiento de los palestinos ya no era una cuestión humanitaria abstracta, sino que se convirtió en una emergencia moral con implicaciones institucionales directas. Los estudiantes de Columbia, UCLA, Harvard y docenas de otras universidades se enfrentaron no solo al horror de la violencia en sí, sino también a la complicidad de sus propias instituciones —universidades cuyos fondos estaban invertidos en fabricantes de armas, empresas de tecnología de vigilancia y corporaciones cómplices del genocidio de Gaza. La cuestión ya no era si preocuparse por Palestina, sino cómo responder al hecho de que el dinero de la matrícula universitaria y las afiliaciones institucionales estaban implicados en el proyecto de apartheid, ocupación y genocidio de Israel en Palestina.

El imperativo moral de la desinversión

En este contexto, la demanda de desinversión adquirió un nuevo y urgente significado. Los activistas estudiantiles, basándose en los precedentes de los movimientos contra el apartheid sudafricano y contra la guerra, articularon la desinversión no como un gesto simbólico, sino como un imperativo ético concreto. El llamamiento a las universidades para que rompieran sus vínculos financieros con Israel y las empresas que lo apoyaban se basaba en el derecho internacional, los estándares de derechos humanos y el principio de la resistencia no violenta. Las demandas del movimiento eran precisas: transparencia en las inversiones universitarias, desinversión en empresas cómplices de la ocupación y los crímenes de guerra, protección de los estudiantes palestinos y pro palestinos contra el acoso y el doxing, y amnistía para los afectados por procedimientos disciplinarios.

El movimiento pro palestino se caracterizó por su carácter interseccional e inclusivo: estudiantes judíos, musulmanes, cristianos y laicos participaron en él codo con codo, junto con profesores, antiguos alumnos y miembros de la comunidad universitaria. Organizaciones como Estudiantes por la Justicia en Palestina, Voz Judía por la Paz, IfNotNow y los Jóvenes Socialistas Democráticos de América formaron amplias coaliciones, vinculando la lucha por la liberación palestina con los movimientos de defensa de las vidas negras, la soberanía indígena, la justicia climática y los derechos de los inmigrantes. Esta interseccionalidad no era meramente retórica, sino que se plasmaba en la composición de las acampadas universitarias, el contenido de las charlas y las acciones de solidaridad que proliferaron en los campus.

La escalada de las estrategias de protesta no fue espontánea ni inevitable. Al principio, los estudiantes buscaron el diálogo y el compromiso: redactaron cartas abiertas, hicieron circular peticiones, solicitaron reuniones con los administradores y organizaron eventos educativos. Estos esfuerzos se encontraron con obstáculos burocráticos, silencio administrativo o, en algunos casos, abierta hostilidad. La negativa de los rectores universitarios a entablar un diálogo sustantivo o a atender las reivindicaciones del movimiento juvenil obligó a los estudiantes y a los manifestantes que colaboraban con ellos a intensificar sus tácticas.

Las acampadas en los campus se convirtieron en la característica definitoria del levantamiento universitario de 2024. Inspirados en los barrios marginales contra el apartheid de la década de 1980 y en el movimiento Occupy Wall Street, los estudiantes establecieron campamentos de solidaridad con Gaza en los patios y jardines de las universidades. Estos espacios no solo fueron lugares de protesta, sino también laboratorios de democracia participativa, ayuda mutua y educación política. Los jóvenes activistas organizaron campañas de recogida de alimentos, vigilias interreligiosas, charlas sobre la historia de Palestina y talleres de resistencia política. Los campamentos fomentaron un sentido de propósito colectivo y solidaridad que trascendió los campus y unió a activistas de todo el mundo.

Intransigencia administrativa y deriva hacia la represión

A pesar del carácter abrumadoramente pacífico de las protestas, las administraciones universitarias respondieron con una represión desproporcionada y creciente. En la Universidad de Columbia, la decisión de la rectora Minouche Shafik de llamar a la policía de Nueva York para desalojar el campamento sentó un precedente nacional. Escenas similares se vivieron en la UCLA, Harvard, la Universidad de Michigan y otras instituciones, donde se desplegaron unidades policiales militarizadas para desmantelar acampadas, detener a estudiantes y reprimir la disidencia. El espectáculo de la policía antidisturbios irrumpiendo en los campus universitarios, desalojando a los estudiantes de las tiendas de campaña y deteniendo a miembros del profesorado conmocionó la conciencia de muchos observadores y puso de manifiesto la fragilidad de la libertad académica.

Pero la represión no se limitó a la fuerza física. Los administradores impusieron suspensiones masivas, expulsiones y desalojos de las residencias universitarias. A algunos estudiantes se les negó el título a pocos días de la graduación. Los alumnos internacionales se enfrentaron a la amenaza añadida de la revocación del visado y la deportación. Paralelamente, las universidades y organizaciones afines dirigieron campañas de doxing, listas negras y humillación pública contra los jóvenes activistas, como formas de acoso y amenazas coordinadas.

La crisis de legitimidad a la que se enfrenta la educación superior estadounidense es, por lo tanto, inseparable de la crisis de Palestina. Las protestas de Gaza han revelado no solo la violencia de la ocupación en el extranjero, sino también la violencia del poder institucional en el país. En ambos casos, las demandas de justicia se contestan con represión, y el llamamiento al diálogo se responde con silencio o con la fuerza. La lección es clara: cuando la claridad moral se enfrenta al poder arraigado, la represión suele ser la primera respuesta.

Sin embargo, y a pesar de la magnitud y la intensidad de la persecución, el movimiento pro palestino ha demostrado una notable resistencia y capacidad de adaptación: los estudiantes han pasado a organizarse digitalmente, han celebrado seminarios fuera del campus y han creado redes de ayuda mutua para apoyar a los afectados por medidas disciplinarias o legales. La resiliencia del movimiento es una prueba de la profundidad de su convicción moral y del duradero legado del activismo estudiantil en Estados Unidos.

Las protestas por Gaza también han forjado nuevas formas de solidaridad, vinculando las luchas por la justicia más allá de las fronteras raciales, religiosas y nacionales. Al dar testimonio del sufrimiento de los palestinos, los estudiantes han incidido en la universalidad de los derechos humanos y la indivisibilidad de la justicia. Sus acciones desafían no solo las políticas de sus propias universidades, sino también las estructuras de poder más amplias que sostienen la ocupación, el apartheid y la represión.

El consenso bipartidista

Una característica fundamental de la represión del activismo pro palestino en Estados Unidos es su carácter inequívocamente bipartidista. Aunque los discursos populares suelen presentar la erosión de las libertades civiles y la represión de la disidencia como un fenómeno propio de la política de derecha o conservadora, la realidad empírica desde octubre de 2023 es que los dos principales partidos políticos han convergido en su oposición a las protestas en los campus y en su apoyo inquebrantable a Israel. Este consenso bipartidista no es teórico, sino que se materializa a través de la coordinación de las fuerzas del orden, así como de políticas y medidas administrativas en los más altos niveles del Gobierno y la gobernanza universitaria.

La mayoría de las detenciones masivas, suspensiones e intervenciones policiales se han producido en estados y ciudades gobernados por demócratas, como Nueva York, California, Massachusetts e Illinois. Los rectores y administradores universitarios, muchos de los cuales se identifican públicamente como liberales o progresistas, han estado al frente de las llamadas a la policía, la imposición de prohibiciones de protesta y la promulgación de nuevos códigos de expresión. El despliegue de policía militarizada en campus como los de Columbia, UCLA y la Universidad de Michigan no fue una aberración, sino una manifestación de una alineación política más profunda que trasciende las divisiones partidistas.

La retórica presidencial también desempeñó un papel legitimador en este proceso. Las declaraciones públicas del presidente Biden, que hicieron hincapié en la necesidad del «orden» y condenaron el «comportamiento violento» en los campus, no afirmaron los derechos de los estudiantes a protestar pacíficamente ni a participar de manera sustantiva en las demandas subyacentes de desinversión y justicia para Palestina, sino todo lo contrario. En lugar de defender la libertad académica, la Administración Biden proporcionó cobertura política a la represión universitaria y continuó suministrando ayuda militar a Israel, incluso cuando organismos jurídicos internacionales y organizaciones de derechos humanos habían dado la voz de alarma sobre los crímenes de guerra y los castigos colectivos que se están cometiendo en Gaza.

El carácter bipartidista de la represión se ve reforzado por la influencia de donantes, fideicomisarios y lobbys pro israelíes, entre los que destaca el Comité Americano-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC). Estos actores ejercen un poder significativo sobre la gobernanza universitaria y las políticas públicas, y a menudo condicionan su apoyo financiero a la adopción de posturas pro israelíes y a la represión del activismo pro palestino. La amenaza de retirada de las donaciones ha sido un factor decisivo en la toma de decisiones administrativas, y prueba de ello es que los rectores universitarios suelen citar la preocupación por la recaudación de fondos y la reputación institucional como justificaciones para las medidas punitivas contra los estudiantes que protestan.

La influencia del lobby pro israelí se extiende más allá de la universidad. En el Congreso, el AIPAC y organizaciones afines han invertido millones de dólares en contribuciones a campañas electorales y en actividades de presión para garantizar un apoyo inquebrantable a Israel por parte de todos los partidos. Los políticos que han expresado su solidaridad con los derechos de los palestinos o han criticado la política israelí, como las diputadas Rashida Tlaib e Ilhan Omar, se han enfrentado a costosas campañas de difamación pública durante las elecciones primarias. El mensaje tanto para los administradores universitarios como para los representantes electos es claro: la disidencia del consenso pro israelí tendrá consecuencias políticas y financieras.

Este clima crea poderosos incentivos para que las instituciones repriman de forma preventiva las protestas y se alineen con las demandas de los donantes y los grupos de presión. El resultado es una reducción del espacio para el debate abierto, la marginación de las voces pro palestinas y el afianzamiento de la complicidad institucional con la ocupación y el apartheid.

Fabricando el consentimiento: Narrativas mediáticas y demonización de las protestas

Los principales medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la construcción y difusión de narrativas que legitiman la represión de las protestas estudiantiles. La cobertura del activismo en los campus ha hecho hincapié con frecuencia en el «desorden», el «caos» y las supuestas amenazas a los estudiantes judíos, a menudo sin distinguir entre incidentes aislados y el carácter abrumadoramente pacífico de las protestas universitarias. Este enfoque se ve reforzado por las declaraciones de gerentes universitarios y líderes políticos, que habitualmente equiparan las críticas a los crímenes de guerra israelíes con el antisemitismo y el desorden público.

Este proceso de fabricación del consentimiento social tiene consecuencias materiales para los derechos y el bienestar de los estudiantes activistas. Al equiparar la disidencia con el discurso del odio y los disturbios, las administraciones universitarias y los actores políticos no solo se eximen de su responsabilidad, sino que también deslegitiman las protestas cívicas y contribuyen a un clima generalizado de miedo y autocensura. La disposición de los medios de comunicación a amplificar los argumentos de la administración universitaria y a excluir las perspectivas pro palestinas ha afianzado aún más la narrativa de que la protesta es sinónimo de extremismo o violencia.

Una táctica central en la represión del activismo pro palestino ha sido la redefinición y la instrumentalización del antisemitismo. La adopción de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) por numerosas universidades y organismos gubernamentales ha facilitado la confusión entre la crítica a los crímenes de guerra israelíes y el discurso de odio antisemita. Este cambio conceptual ha proporcionado una base jurídica y normativa para restringir la libertad de expresión, imponer sanciones disciplinarias y amenazar con recortes de la financiación federal, no solo en Estados Unidos, sino también en instituciones civiles, educativas y parlamentarias de todo el mundo.

Las consecuencias de esta instrumentalización son múltiples. Por un lado, socava la legitimidad de los esfuerzos genuinos para combatir el antisemitismo al trivializar el término y utilizarlo como herramienta de conveniencia política. Por otro lado, coloca a los estudiantes y al profesorado en una posición insostenible, obligándoles a elegir entre sus compromisos éticos y su futuro académico o profesional. El efecto intimidatorio sobre el libre discurso en los campus es profundo, ya que las personas y las organizaciones se autocensuran para evitar acusaciones de intolerancia —y los riesgos que ello conlleva a nivel de medidas disciplinarias o legales.

En resumen, la maquinaria de represión que ha tenido como objetivo al activismo estudiantil pro palestino en Estados Unidos es producto de una compleja interacción de fuerzas políticas, económicas y culturales. Se sustenta en un consenso bipartidista, reforzado por la influencia de donantes privados y grupos de presión, legitimado por los relatos de los medios de comunicación y ejecutado mediante la instrumentalización estratégica del antisemitismo. Las implicaciones para la libertad de expresión, la libertad académica y la gobernanza democrática son de gran alcance y exigen una atención intelectual y política urgente.

Las deportaciones arbitrarias y la erosión de la libertad académica

La intensificación de la represión contra el activismo estudiantil pro palestino ha sido especialmente grave para los alumnos internacionales, que ocupan una posición especialmente vulnerable dentro del sistema de educación superior de Estados Unidos. A diferencia de sus homólogos nacionales, los estudiantes internacionales no solo están sujetos a los procesos disciplinarios de la universidad, sino también al poder discrecional de las autoridades federales de inmigración. A raíz de las protestas universitarias de 2023-2024, esta vulnerabilidad ha sido utilizada como arma tanto por las administraciones universitarias como por los organismos gubernamentales, transformando la aplicación de las leyes de inmigración en una herramienta de represión política.

Han surgido informes de múltiples campus en los que estudiantes internacionales se enfrentan a la amenaza de revocación de sus visados, detención y deportación como consecuencia directa de su participación en las protestas universitarias. En algunos casos, los responsables universitarios han remitido a los activistas estudiantiles al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o han facilitado a las agencias federales información que podría poner en peligro la situación legal de los alumnos. El caso de Mahmoud Khalil, residente permanente legal y graduado de Columbia, que fue detenido y amenazado con la deportación por su activismo, es una clara advertencia para todos los estudiantes que no ostentan la ciudadanía estadounidense: alzar la voz contra los crímenes de guerra israelíes y ejercer derechos teóricamente protegidos por la Constitución puede suponer la pérdida de oportunidades educativas y profesionales, o incluso la expulsión del país.

La amenaza de deportación ha producido un profundo efecto disuasorio en el activismo de los estudiantes internacionales. Por temor a poner en peligro su estatus migratorio, muchos jóvenes extranjeros se han retirado de las protestas, se han negado a participar en los esfuerzos de organización o han autocensurado sus opiniones políticas en las aulas y en los foros públicos. Este clima de miedo es contrario a los principios de libertad académica y libre investigación que las universidades pretenden defender, y extiende su efecto intimidatorio a todo el colectivo. La presencia de estudiantes internacionales ha enriquecido históricamente la vida de los campus, fomentando el diálogo intercultural y las perspectivas globales; el hecho de que se persiga a estos estudiantes por sus creencias políticas no solo socava sus derechos individuales, sino que también empobrece el tejido intelectual y moral de la universidad en su conjunto. El mensaje para todos los alumnos, independientemente de su nacionalidad, es claro: la disidencia será castigada y la solidaridad con Palestina es motivo de exclusión.

El uso de la aplicación de las leyes de inmigración como herramienta de represión política también plantea serias cuestiones legales y éticas. La Primera Enmienda garantiza el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica, derechos que han sido reafirmados repetidamente por los tribunales como extensibles a todas las personas dentro de los Estados Unidos, independientemente de su ciudadanía. La aplicación selectiva de medidas punitivas contra los estudiantes sin ciudadanía estadounidense representa una violación tanto de la letra como del espíritu de las garantías constitucionales de los Estados Unidos.

Las administraciones universitarias han facilitado activamente la criminalización del activismo estudiantil internacional. En algunos casos, estas instituciones no han proporcionado ni el apoyo ni la defensa jurídica adecuados a los estudiantes que se enfrentan a consecuencias migratorias, dando prioridad a la gestión de riesgos y a la reputación institucional. La renuencia de los directivos universitarios a defender los derechos de los estudiantes internacionales refleja una pauta más amplia de complicidad institucional con la maquinaria de represión.

La persecución de los alumnos internacionales por sus creencias políticas tiene implicaciones que van mucho más allá de las fronteras de los Estados Unidos: las universidades estadounidenses se han posicionado durante mucho tiempo como líderes mundiales en la educación superior, atrayendo a jóvenes de todo el mundo y proyectando una imagen de apertura, diversidad y libertad intelectual. La criminalización del activismo pro palestino y la amenaza de deportación socavan esta imagen y corren el riesgo de alejar a las futuras generaciones de académicos internacionales de estos —en teoría— prestigiosos centros.

Además, la represión del activismo estudiantil internacional tiene repercusiones a nivel mundial, enviando una señal a otros gobiernos e instituciones de que la represión de la disidencia es permisible, incluso loable, cuando sirve a los intereses del poder. La lucha por los derechos de los palestinos en los campus estadounidenses es, por lo tanto, inseparable de las luchas más amplias por la libertad académica, los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.

La erosión de los valores estadounidenses: Libertad de expresión, libertad académica e imperio de la ley

La represión sistemática del activismo pro palestino en los campus universitarios estadounidenses pone de manifiesto una profunda contradicción entre los ideales democráticos que profesa la nación y las prácticas reales de sus principales instituciones. La Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos consagra los derechos a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a solicitar al Gobierno la reparación de agravios, derechos que se han invocado repetidamente como características definitorias de la democracia estadounidense y como pilares de la misión de la educación superior. Sin embargo, como han demostrado los acontecimientos de los últimos dos años, estos derechos no son absolutos, sino que con frecuencia se subordinan a imperativos e imposiciones políticas, cuando no a la influencia de donantes privados. El despliegue de la policía militarizada contra las acampadas universitarias, la imposición de suspensiones y expulsiones masivas y la amenaza de sanciones penales y de inmigración por protestas pacíficas revelan la fragilidad de las libertades civiles frente al poder institucional. Las mismas universidades que en su día celebraron su papel en los movimientos por los derechos civiles, contra la guerra y contra el apartheid, ahora invocan la «seguridad», el «orden» y la «neutralidad» para justificar la represión de la disidencia.

Este cambio retórico no es meramente semántico, sino que supone un retroceso sustancial con respecto a los principios de libertad académica y compromiso democrático que han distinguido históricamente a la educación superior estadounidense. La libertad académica —el principio de que los académicos y los estudiantes deben ser libres de buscar el conocimiento, expresar ideas controvertidas y desafiar la ortodoxia sin temor a represalias institucionales— se ha considerado durante mucho tiempo el alma de la universidad. La Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP, por sus siglas en inglés) ha afirmado en repetidas ocasiones que la libertad académica no es un mero privilegio, sino una condición necesaria para el avance del conocimiento y el cultivo de la ciudadanía democrática. La actual ola de represión representa un ataque directo a este principio. Los miembros del cuerpo docente que han alzado la voz en apoyo de los derechos de los palestinos han sido objeto de acoso, amenazas a su empleo y, en algunos casos, despido. Los departamentos y programas que han acogido eventos o emitido declaraciones críticas con la política israelí han sido sometidos a presiones externas, amenazas de donantes y censura administrativa. El efecto sobre la investigación académica y el debate en las aulas es palpable, ya que tanto los estudiantes como el profesorado se autocensuran para evitar represalias.

Esta erosión de la libertad académica es totalmente coherente con el patrón de aversión al riesgo institucional y conformismo político que venimos denunciando en el presente artículo. La disposición de los directivos universitarios a sacrificar los valores fundamentales de sus instituciones en aras de la estabilidad cortoplacista y el apaciguamiento de los donantes poe en cuestión el futuro de la universidad estadounidense como lugar de pensamiento crítico y transformación social.

El estado de derecho y la aplicación selectiva de la justicia

La represión del activismo pro palestino también ha puesto de manifiesto la aplicación selectiva y politizada de las normas jurídicas. Si bien la Primera Enmienda y sus garantías jurídicas derivadas se citan a menudo como blindajes contra la extralimitación del Gobierno, su aplicación es desigual y depende del contexto político. Los estudiantes que protestan por los derechos de los palestinos han sido objeto de códigos de conducta vagos y aplicados de manera incoherente, procedimientos disciplinarios arbitrarios y, en algunos casos, enjuiciamiento penal por acciones que en otros contextos estarían protegidas por la libertad de expresión.

El uso de la ley de inmigración como arma contra los estudiantes activistas internacionales ilustra aún más la maleabilidad de las normas jurídicas al servicio de la represión política. La amenaza de deportación por protestas protegidas por la Constitución no solo es una violación del debido proceso, sino una vulneración del principio de que la justicia debe ser ciega a las creencias políticas y al origen nacional.

La represión del activismo pro palestino en los campus estadounidenses no es una cuestión local o sectorial, sino un síntoma de una crisis democrática más amplia: la disposición de ambos partidos políticos, de los rectores universitarios y de los principales medios de comunicación a subordinar los derechos fundamentales a las exigencias de la política exterior y a la presión de los donantes privados, es señal de una peligrosa erosión de las normas e instituciones que sustentan la vida democrática por entero. Cuando se criminaliza la protesta pacífica, se sacrifica la libertad académica y se aplica selectivamente el impero de la ley, se ponen en peligro los cimientos mismos de la democracia.

Los levantamientos universitarios de 2023-2024 sirven así como indicador del estado de salud de la democracia estadounidense. Revelan hasta qué punto se tolera la disidencia solo en la medida en que no amenaza intereses arraigados, y la rapidez con la que se puede movilizar la maquinaria de represión contra quienes desafían el statu quo. La lucha por los derechos de los palestinos en los campus estadounidenses es, en este sentido, una lucha por el futuro de la propia democracia estadounidense.

Conclusión: La lucha por Palestina es la lucha por la democracia

La represión del activismo pro palestino en los campus estadounidenses no es un episodio aislado, ni puede entenderse únicamente como una cuestión de política o gobernanza universitaria. Se trata más bien de la cristalización de contradicciones y crisis más profundas en el corazón de la democracia, la educación superior y la política exterior estadounidenses. Este artículo ha argumentado que la criminalización de la disidencia en apoyo de los derechos palestinos es producto de un consenso bipartidista, sostenido por la presión de los donantes privados y el lobby israelí, legitimado por los relatos de los medios de comunicación y puesto en práctica a través de mecanismos legales y administrativos que subvierten los mismos valores que pretenden defender.

El movimiento estudiantil por Palestina se ha inspirado en una larga y orgullosa tradición de protestas universitarias en Estados Unidos. Al igual que los movimientos contra la guerra, por los derechos civiles y contra el apartheid que le precedieron, la actual ola de activismo pro-palestino ha desafiado a las universidades a alinear sus inversiones y políticas con los imperativos de justicia, derechos humanos y derecho internacional. La exigencia de desinversión en Israel y en las empresas cómplices de la ocupación y el apartheid no es una posición marginal o radical, sino un imperativo moral basado en los principios de la resistencia no violenta y la solidaridad global.

La respuesta de las administraciones universitarias y los líderes políticos ha puesto de manifiesto los límites de la neutralidad institucional y la fragilidad de la libertad académica. El despliegue de la policía militarizada, la imposición de suspensiones y expulsiones masivas, la amenaza de deportación contra los estudiantes internacionales y la instrumentalización de las acusaciones de antisemitismo; han revelado hasta qué punto se tolera la disidencia solo en la medida en que no amenaza intereses arraigados. La universidad, lejos de ser un santuario del pensamiento crítico, se ha convertido en muchos casos en un instrumento de gestión de riesgos, control de la reputación y conformidad política.

Las implicaciones de esta lucha van mucho más allá de la cuestión palestina. La criminalización de la protesta, los ataques a la libertad académica y la aplicación selectiva del estado de derecho son síntomas de una crisis democrática más amplia. La disposición de ambos partidos políticos a subordinar los derechos constitucionales a los imperativos de la política exterior y a la presión de los donantes privados, es señal de una peligrosa erosión de las normas e instituciones que sustentan la vida democrática en su totalidad. Cuando las universidades se convierten en lugares de vigilancia, censura y violencia estatal, se pone en peligro la posibilidad misma de una participación democrática significativa.

En este sentido, la lucha por Palestina es inseparable de la lucha por la democracia en Estados Unidos. Defender los derechos de los activistas palestinos y sus aliados es defender el derecho de todas las personas a disentir, a dar testimonio y a exigir justicia. El futuro de la libertad académica, la libertad de expresión y la gobernanza democrática depende de la voluntad de los estudiantes, el profesorado y el público en general de resistir a la maquinaria de represión e insistir en que las universidades no sirvan al poder, sino a la verdad.

Estos jóvenes serán recordados no solo por la represión que provocaron, sino por la claridad moral y el coraje que inspiraron. Han obligado a rendir cuentas en torno a las contradicciones de la democracia estadounidense y han desafiado a una nueva generación a imaginar y construir un futuro más justo e inclusivo. Al apoyar a Palestina, estos estudiantes han defendido la posibilidad de una universidad —y una sociedad— en la que la justicia, la libertad y la solidaridad no sean eslóganes vacíos, sino prácticas vivas.

El mayor logro de estos jóvenes universitarios ha sido la denuncia inquebrantable de los crímenes de guerra sistemáticos y los abusos contra los derechos humanos cometidos por Israel en Palestina y en todo el mundo. A través de protestas incansables y de su valiente denuncia de la verdad, estos estudiantes han obligado al mundo a afrontar la realidad de que las acciones de Israel —el desplazamiento forzoso masivo, los ataques y la destrucción deliberada de hospitales e infraestructuras civiles, la privación calculada de agua, alimentos y atención médica…— no solo constituyen crímenes de guerra, sino crímenes contra la humanidad; y —como han concluido ahora las principales organizaciones de derechos humanos [2][2] Amnistía Internacional (2024), “You feel like you are a subhuman”, Israel’s Genocide Against Palestinians in Gaza [«Te sientes como un ser inferior», El genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza]. Londres: Amnistía Internacional Ltd. Informe completo disponible aquí: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/8668/2024/en/[3][3] Human Rights Watch (2024), Extermination and Acts of Genocide Israel Deliberately Depriving Palestinians in Gaza of Water [Exterminio y actos de genocidio Israel priva deliberadamente de agua a los palestinos de Gaza]. 19 de diciembre de 2024. Informe completo disponible aquí: https://www.hrw.org/report/2024/12/19/extermination-and-acts-genocide/israel-deliberately-depriving-palestinians-gaza y la Organización de Naciones Unidas (ONU) [4][4] Comité Especial de las Naciones Unidas para Investigar las Prácticas de Israel (2024). A/79/363: Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territories [Informe del Comité Especial para Investigar las Prácticas de Israel que Afectan a los Derechos Humanos del Pueblo Palestino y de Otros Árabes de los Territorios Ocupados]. Asamblea General – septuagésimo noveno período de sesiones, 20 de septiembre de 2024. Disponible aquí: https://docs.un.org/en/A/79/363[5][5] Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967 (2024). A/HRC/55/73: Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 [Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967]. Consejo de Derechos Humanos, 55.º período de sesiones, 25 de marzo de 2024. Disponible aquí: https://docs.un.org/en/A/HRC/55/73—, actos de genocidio. Su activismo ha puesto al descubierto la magnitud y la intención del proyecto de Israel: el exterminio y el traslado forzoso de palestinos, los ataques deliberados contra niños y familias, y la conversión de Gaza en un lugar inhabitable. En suma, la violación de toda moral, ética y derecho internacional.

Al levantar el velo de la impunidad y el silencio, estos jóvenes han garantizado que la verdad sobre las atrocidades de Israel ya no pueda ocultarse ni negarse. El mundo no puede, ni va a, mirar hacia otro lado. La resistencia de los estudiantes no solo ha puesto de manifiesto el fracaso de las instituciones estadounidenses a la hora de proteger la libertad de expresión, sino que también ha alterado de forma irrevocable el discurso sobre Palestina; haciendo imposible que los artífices y facilitadores del proyecto criminal sionista se recuperen por completo de este juicio público.

·

COMPARTIR: