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Los ingentes retos que enfrenta la sociedad global nos encaminan hacia una incertidumbre cada vez más inquietante, en la que las dinámicas tradicionales parecen insuficientes para dar respuesta a problemas que trascienden fronteras y contextos locales. En este escenario, los resultados de las recientes elecciones en varios países occidentales han puesto de manifiesto una ciudadanía que se encuentra cada vez más desorientada. La región del planeta que, en su momento, lideró los procesos de institucionalización política y económica que impulsaron la globalización, se enfrenta hoy a sus propias y profundas contradicciones.

Los desafíos actuales son de una complejidad sin precedentes y sus consecuencias abarcan múltiples escalas, afectando tanto al ámbito local como al global. El marco identitario que ofrece el nacionalismo no solo se muestra insuficiente para enfrentar dichos desafíos, sino que incluso limita las posibilidades de la acción colectiva. Los Estados-nación europeos, que en su momento posibilitaron la consolidación de amplios sistemas de bienestar respaldados por el consenso socialdemócrata de la posguerra, han venido evolucionando en estructuras institucionales que hoy muestran claros signos de agotamiento. Dichos sistemas, diseñados como modelos perfectos y rígidos, carecen actualmente de los consensos necesarios para afrontar las complejas reformas que requieren. La sociedad se encuentra ante una disyuntiva: o bien se abren espacios de discusión valientes y se reconoce la necesidad de cambios estructurales, o se enfrentarán las nefastas consecuencias de seguir postergando estas transformaciones urgentes.

Nación y solidaridad

Desde finales del siglo XVIII, las naciones han desempeñado un papel innegablemente transformador, consolidándose como unidades políticas donde la ciudadanía no solo contribuía al sostenimiento de las burocracias estatales y sus intereses, sino que también participaba activamente en la vida pública, exigiendo condiciones de vida dignas y acceso a grados cada vez mayores de bienestar social. La soberanía nacional se erigió como uno de los principios fundamentales sobre los que se cimentaron tanto los derechos como las responsabilidades de la ciudadanía dentro de los sistemas democráticos. En el contexto europeo, aunque sin desconocer la multicausalidad ni las especificidades de cada contexto sociohistórico, este proceso resultó clave para el desarrollo de los estados de bienestar, concebidos como promotores de la justicia redistributiva y construidos en respuesta a las demandas y luchas colectivas de sus ciudadanos.

Sin embargo, es necesario señalar que este relato se enmarca, en gran medida, dentro de una visión sociocéntrica vinculada a las experiencias de las naciones occidentales. Estas potencias, beneficiadas por las ventajas comparativas que les otorgó el desarrollo temprano durante las primeras fases de las revoluciones tecnológicas, fueron las que dieron forma al sistema internacional tal como lo conocemos. Occidente, en su proceso de expansión global, actuó de forma irresponsable al imponer su modelo político y económico en otros territorios sin garantizar los mismos niveles de respeto a los derechos humanos ni la construcción de sistemas de bienestar similares a los que sí se habían conseguido en las metrópolis colonizadoras. Esta dualidad entre los derechos garantizados en el «centro» y las carencias impuestas en la «periferia» continúa siendo un recordatorio de las desigualdades estructurales que persisten hasta nuestros días.

Ciudad y libertad

El desarrollo de las ciudades fue un fenómeno clave para el progreso humano, permitiendo a un número creciente de personas independizarse de las economías de subsistencia y acceder a nuevas oportunidades económicas y sociales. Aunque la migración hacia entornos urbanos no siempre ocurre en condiciones ideales y, en muchos casos, ha sido impulsada por la expulsión forzada de los lugares de procedencia [2][2] Davis, M. (2007). Planeta de ciudades miseria. Madrid: Foca., sigue vinculada en el imaginario colectivo a un camino hacia la libertad y la posibilidad de mejora social. La promesa de la ciudad ha sido, desde sus inicios, una promesa de emancipación: un espacio donde los individuos pueden romper con estructuras tradicionales y forjar un futuro más próspero y libre.

Este proceso de urbanización tiene raíces históricas profundas. Con el surgimiento de la agricultura en el Neolítico, se generaron los primeros excedentes alimentarios, permitiendo la formación de los primeros asentamientos permanentes. Estos núcleos urbanos iniciales se consolidaron en torno a empresas comunes, dando lugar a una progresiva diversificación profesional y convirtiéndose en centros de intercambio cultural, comercial y de conocimientos. Sin embargo, la vida en estos primeros núcleos urbanos también estuvo marcada por la violencia, la conquista y la explotación, siendo a la vez espacios de creación y conflicto. Con el tiempo, las sucesivas revoluciones tecnológicas, desde la agrícola hasta la industrial, impulsaron nuevas formas de producción y organización social, atrayendo cada vez más capital y fuerza de trabajo hacia las áreas urbanas. Estas ciudades se convirtieron en verdaderos motores de innovación, no solo en el ámbito científico, sino también en el desarrollo de modelos productivos, como el sistema fordista, que transformó las estructuras económicas y dio lugar a una nueva cultura laboral [3][3] Mumford, L. (2002). La ciudad en la historia: sus orígenes, transformaciones y perspectivas. Logroño: Pepitas de calabaza. (Obra original de 1961)..

El crecimiento urbano trajo consigo una progresiva liberación de las antiguas estructuras feudales y religiosas, creando un espacio relativamente autónomo donde empezaron a germinar ideas de justicia social. En las ciudades, los ciudadanos encontraron un entorno en el que podían organizarse, expresar sus demandas y luchar por sus derechos, dando lugar a los movimientos obreros y a las primeras ideologías orientadas hacia la expansión de los derechos humanos. Estos movimientos, con el tiempo, contribuyeron a la creación de los estados de bienestar, que reflejaban las aspiraciones colectivas de justicia y solidaridad. La ciudad pasó de ser un simple centro de poder y comercio a un espacio político y social, donde sus habitantes no solo demandaban condiciones de vida dignas, sino que también promovían la creación de una sociedad civil fuerte y de un asociacionismo capaz de articular demandas en pro de una mayor igualdad de oportunidades.

De este modo, la ciudad se consolidó como el escenario en el que se gestaron instituciones sociopolíticas que defendían la solidaridad intergrupal y promovían reformas sociales en busca de mayor equidad. Así, la vida urbana ha sido, desde sus inicios, un catalizador del progreso humano, no solo en el ámbito económico, sino también en los planos cultural, social y político.

Soberanía nacional: de la solidaridad a la irresponsabilidad

Las naciones, que en su momento representaron avances emancipadores y cooperativos, amplifican hoy los enormes desafíos globales que enfrentamos. En el sistema internacional actual, la soberanía nacional, en lugar de ser un principio que fortalece la cooperación y la resolución de problemas globales, se ha convertido en una barrera para enfrentar cuestiones planetarias urgentes, como el cambio climático, la persistencia del hambre y el subdesarrollo. La fragmentación de las soberanías nacionales y la falta de una fiscalidad homogénea obstaculizan la implementación de respuestas coordinadas y efectivas [4][4] Díaz-Salazar, R. (2011). Desigualdades internacionales ¡Justicia ya!: hacia un programa mundial de justicia global. Barcelona: Icaria.. Las fronteras y jurisdicciones territoriales, que históricamente protegieron la independencia de las naciones, actúan ahora como muros infranqueables en un contexto global interconectado, donde los problemas requieren una responsabilidad compartida. En un planeta marcado por desequilibrios ecológicos y socioeconómicos, la preservación de la biosfera y la garantía de derechos fundamentales dependen de una acción colectiva que supere la compartimentación de un mundo dividido en doscientas jurisdicciones. Como sugiere García Picazo [5][5] García Picazo, P. (2010). Sistema Mundial: perspectivas políticas y sociológicas. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia., la única sociedad irrenunciablemente indivisible debería ser la humanidad en su conjunto.

Sin embargo, este ideal de cooperación y solidaridad global se ve truncado por la competencia entre estados, que obstaculiza la expansión de valores universales de cohesión, derechos humanos y justicia social. Los intentos de organismos internacionales y acuerdos transnacionales para contrarrestar estas tendencias no han logrado frenar una dinámica internacional dominada por la competitividad económica, en la que el crecimiento financiero se sitúa por encima del bienestar común. Este paradigma, centrado en la competencia y en valores puramente económicos, perpetúa desigualdades y ahonda las brechas entre los distintos grupos y naciones que componen nuestro planeta.

De igual manera, la «libertad de mercado» es otra idea que resulta ilusoria. Cualquier sistema socioeconómico que institucionaliza la herencia y carece de transformaciones estructurales tiende, inevitablemente, hacia la concentración de la propiedad y el poder. El mercado de libre competencia es un estado de equilibrio muy delicado, que solo podría prolongarse si se cuenta con un árbitro muy avispado y diligente. En el siglo XIX, Mill [7][7] Mill, J. S. (1836). “Civilization” [Civilización]. London and Westminster Review. preveía que, con el avance de la civilización, la propiedad y el conocimiento se distribuirían de manera más equitativa, permitiendo así la toma de decisiones compartidas y una mayor equidistribución económica. Sin embargo, la realidad contemporánea demuestra lo contrario: la exponencial acumulación desigual y la limitada meritocracia ponen en entredicho la noción de libertad individual en el mercado actual, que está lejos de ser un espacio de oportunidades igualitarias.

En este contexto, muchos analistas advierten sobre una supuesta disminución del poder de los Estados frente al mercado global. Sin embargo, una observación detallada muestra que, en realidad, ambos elementos se refuerzan mutuamente. El modelo de Estado-nación ha sido funcional y complementario al modelo de globalización contemporáneo, siendo un componente esencial en las reglas del sistema-mundo moderno [8][8] Braudel, F. (1984). Civilización material, economía y capitalismo Siglo XV-XVIII. Vol. III: El tiempo del mundo. Madrid: Alianza; y Wallerstein, I. (2016). El moderno sistema mundial IV: El liberalismo centrista triunfante, 1789-1914. Madrid: Siglo XXI. (Obra original de 2011).. La universalización de estos actores fundamentales responde a un «globalismo realista de Estado» con raíces en la modernidad occidental y su nacionalismo metodológico. Los valores que sustentan esta ideología estatal en el sistema internacional comparten una estrecha afinidad con los valores del «globalismo libertario de mercado». En este marco, la falta de coordinación entre los Estados no es una debilidad accidental, sino una característica intrínseca y necesaria para el funcionamiento del sistema económico actual.

Desde una perspectiva ontológica, las sociedades actuales enfrentan acelerados procesos de convergencia, aunque partiendo de realidades institucionales, culturales y materiales muy diversas. A pesar de las expectativas de convergencia en igualdad, la realidad muestra que cada contexto histórico-social influye en el ritmo y la dirección de los cambios [9][9] del Pino Matute, E., y Rubio Lara, M. J. (Eds.). (2013). Los Estados de bienestar en la encrucijada. Madrid: Tecnos.. En muchos casos, esta igualación tiende a ocurrir a la baja, limitando las oportunidades de desarrollo, especialmente en regiones en desventaja.

Este caldo de cultivo ha generado un entorno en el que la solidaridad nacional ha sido sustituida por un marco internacional donde las sociedades occidentales se enfocan más en proteger sus propios privilegios que en construir consensos socialdemócratas de bienestar universal. Ante desafíos como los flujos migratorios y las transformaciones de la transición demográfica, que generan presiones sobre los sistemas de bienestar en sociedades cada vez más envejecidas; los Estados nacionales han respondido profundizando las irresponsables lógicas de competitividad. La transición demográfica, si bien es la evidencia de la superación de las economías de subsistencia y la prueba irrefutable de nuestro éxito tecnológico, plantea a su vez nuevos retos vinculados con el desequilibrio territorial y la migración como solución individual de ajuste. La humanidad ha alcanzado logros tecnológicos extraordinarios, pero antropológicamente seguimos atrasados, limitados por paradigmas sociocéntricos de competitividad, otredad y fragmentación, que dificultan respuestas colectivas a problemas globales.

Ciudades globales: de la libertad a la inconciencia

La estructura de gobernanza de las áreas metropolitanas actuales carece, en la mayoría de los casos, de sistemas integrales y efectivos, complicando la planificación urbanística y la gestión de servicios. La movilidad urbana, por ejemplo, se convierte en un desafío crítico en las periferias de la mayoría de estas grandes ciudades, donde la dependencia del transporte privado aumenta, fomentando la congestión y la contaminación, y dificultando la conciliación entre la vida laboral y familiar. En este contexto, las políticas de mitigación que se toman solo desde los municipios centrales suelen profundizar los problemas, porque no enfrentan las causas originales de la desconcentración urbana circundante. La vida urbana se ha convertido en un entorno acelerado y competitivo que prioriza el consumo exacerbado y refuerza las desigualdades estructurales, sin responder adecuadamente a los retos medioambientales y sociales que enfrenta la humanidad.

El estudio de los fenómenos de la desigualdad urbana y la segregación residencial es fundamental para comprender las nuevas lógicas espaciales que han surgido en los últimos años, derivadas de procesos territoriales cada vez más complejos y concentrados en las grandes áreas metropolitanas. Sin embargo, estos fenómenos se siguen abordando con instrumentos desactualizados, aplicando políticas que, en lugar de resolverla, parecen haber asumido la desigualdad como una característica estructural inevitable. Las delimitaciones administrativas y las jurisdicciones competenciales poco relacionadas con las funciones reales del espacio urbano actúan como barreras que fragmentan el territorio y, con ello, limitan las respuestas a la altura de los problemas que enfrentan.

Sin cambios en la gestión metropolitana, se perpetuarán los patrones de crecimiento disperso, generando ciudades en las que la fragmentación y la desigualdad se manifiestan de forma evidente, pero descontrolada. La gobernanza de las áreas metropolitanas requiere un enfoque que abandone las lógicas competitivas y adopte una visión integral, orientada a la sostenibilidad y al bienestar colectivo. De no adoptar este camino, las ciudades globales, que deberían ser centros de oportunidad, se convertirán en epicentros de las fracturas sociales y ecológicas que definen nuestro siglo.

Discusión

A lo largo de la historia, las ciudades y las naciones han sido fundamentales en el avance emancipador y en la mejora de las condiciones de vida de amplios sectores de la humanidad. Sin embargo, hoy estas mismas estructuras son también un obstáculo para enfrentar los desafíos socioecológicos globales. Los objetivos de sostenibilidad económica y justicia social han alcanzado un nivel de urgencia que exige superar las fronteras políticas actuales y reformular nuestras instituciones para construir un futuro realmente equitativo y sostenible. En este contexto, la incapacidad de los mecanismos políticos actuales para impedir la acumulación de poder y riqueza está generando crecientes desigualdades, un deterioro del entorno natural y un retroceso de los valores democráticos que ponen en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. Muchos intelectuales e ideólogos de la izquierda continúan empeñándose en producir complejos aparatajes conceptuales a los que culpabilizar de las tendencias actuales [14][14] Naredo, J. M. (2022). La crítica agotada: claves para un cambio de civilización. Madrid: Siglo XXI.. Pero en realidad, todo se resume en la inconciencia generalizada en torno a la necesidad de apostar por un futuro común para la humanidad; así como a la falta de mecanismos efectivos que eviten la reproducción ad infinitum de las redes de poder y opresión. Como observaba José Saramago, la alternativa a la organización económica del sistema-mundo actual radica en la toma de conciencia global sobre la necesidad de un futuro común para la humanidad. En esta era, la reproducción de desigualdades a través de la herencia y la acumulación de poder económico vaticinan un futuro en el que las divisiones sociales serán cada vez más difíciles de revertir, y resulta sorprendente la escasez de proyectos cooperativos que trasciendan los límites de los Estados nacionales para enfrentar estos desafíos.

La situación requiere una apuesta clara por mecanismos de redistribución que garanticen derechos y bienestar: educación gratuita, sanidad pública, vivienda social, políticas de apoyo a la infancia, y hasta una renta y herencia básicas universales. La movilidad social, un fenómeno que históricamente ha sido efectivo solo en épocas de cambio económico estructural, necesita hoy ser replanteada para asegurar el bienestar en un contexto de deseable equilibrio económico. Además, es imperativo desarrollar sistemas de gobernanza auténticamente democráticos, que escapen de la «ley de hierro de la oligarquía» [15][15] Michels, R. (2017). Los partidos políticos. Amorrortu Editores. (Obra original de 1911)., donde el control del poder sea constante y efectivo. Sin embargo, estos esfuerzos serán inútiles si las democracias no logran aumentar su legitimidad mediante cambios profundos que apunten a largo plazo y no se limiten a los ciclos cortos de la política electoral.

Los valores que sostienen el neoliberalismo y el sistema internacional actual están cimentados sobre mitos de libertad y soberanía, promoviendo una idea de autonomía personal y nacional que poco tiene que ver con la realidad de un mundo interdependiente. Este marco ha derivado en una competitividad desenfrenada y en un individualismo que prioriza la maximización de beneficios a expensas de cualquier responsabilidad social, contribuyendo a la exclusión y al agotamiento de recursos. Este desajuste entre la escala de los grandes problemas globales y el alcance limitado de los modelos de gobernanza actuales impide una respuesta efectiva a desafíos como el cambio climático, la justicia social o el equilibrio de los ecosistemas. Las migraciones —como motor histórico de cambio guiado por factores económicos, geopolíticos y ambientales—, así como los servicios ecosistémicos, superan los límites artificiales de las fronteras estatales, demostrando que las estructuras políticas actuales no responden a las dinámicas territoriales de un planeta globalizado.

Además, nos enfrentamos a un momento clave de transformación acelerada, en el que el impacto de la actividad humana sobre el sistema Tierra ha alcanzado dimensiones planetarias. La magnitud del cambio global —entendido como las transformaciones ambientales resultantes de la actividad humana en el sistema Tierra— se ha convertido en la mayor amenaza a medio y largo plazo. Nuestra huella en procesos geomorfológicos y climáticos evidencia una alteración significativa de los ecosistemas, causada por el avance de la tecnología, el flujo masivo de materiales y energía y los hábitos de consumo exacerbado, aunque con un fuerte componente histórico de responsabilidad desigual.

Para enfrentar estos problemas, es esencial identificar los factores que impulsan las desigualdades actuales: mercados inmobiliarios especulativos y tensionados en los grandes centros urbanos, una planificación dispersa en las periferias, el desarrollo inmobiliario usado como fuente de ingresos rápidos en los municipios periféricos, la falta de adaptación de los sistemas de transporte metropolitano y la dependencia creciente del automóvil… A medida que enfrentamos los efectos cada vez más intensos del cambio global —marcado por un calentamiento acelerado, un modelo energético insostenible y una degradación ecológica de proporciones alarmantes— y el incremento de las desigualdades socioeconómicas, el sistema internacional y los diversos sistemas locales continúan fragmentados en cientos de unidades soberanas, fomentando una competencia que a veces sacrifica la protección social y ambiental.

Hoy en día, es evidente que carecemos de los mecanismos de gobernanza necesarios, tanto a nivel global como local, para enfrentar los enormes desafíos de nuestro tiempo. Sin una revisión profunda de las instituciones políticas y económicas que rigen nuestras sociedades nacionales y urbanas, estos problemas solo seguirán agravándose. La clave está en construir un sistema de gobernanza que permita enfrentar las realidades del cambio global, pero que también apueste por una redistribución justa y una gestión responsable de los recursos, preservando un futuro viable para todas las formas de vida en el planeta.

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