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Ahora, más que nunca, necesitamos una alianza efectiva entre gobiernos y comunidades. Dada la precariedad que enfrentan hoy en día muchas poblaciones de países en desarrollo, vale la pena estudiar la posibilidad de proveer bienes públicos y comunes «más allá de los mercados y los estados» [1][1] Ostrom, E. (2009). Beyond Markets and State [Más allá de los mercados y los Estados]. Nobel Lecture. como parte de la acción comunitaria colectiva. Esto es particularmente importante para las ciudades latinoamericanas [2][2] En 2019, en una muestra de 610 ciudades de 95 países, los espacios públicos (incluidas las calles) ocupaban sólo el 16% de los espacios urbanos, y las zonas verdes sólo el 25% del 16%., en las que los espacios público-comunitarios son pocos y se emplazan en zonas precarias, y donde las prácticas democráticas se ven obstaculizadas constantemente. ¿Qué impulsores de la acción colectiva pueden identificarse en aquellos contextos urbanos en los que el conocimiento y la confianza mutuos siguen siendo escasos, y en los que las comunidades urbanas (si existen) tienden a basarse en vínculos débiles y en un capital social limitado? ¿Cómo pueden los movimientos de construcción de bienes comunes ser inclusivos o estar atentos a las necesidades de las poblaciones vulnerables? ¿Qué bienes comunes se necesitan en el contexto de la pandemia de la COVID-19 en América Latina y de cara al futuro? La crisis de la COVID-19 puede servir para ampliar la conciencia de procesos complejos, multisectoriales y en gran medida todavía imperceptibles, en los que diferentes fuerzas sociales se mueven de manera asimétrica para lograr el bien común. Las ciudades son espacios críticos, dentro de los cuales podrían surgir tales procesos.

Un mundo cada vez más urbano: el Sur global y los bienes comunes

Según datos de Naciones Unidas, el 55% de la población mundial vive en ciudades, y se espera que en 2050 la población urbana mundial aumente en un 68%. La mayor parte de esta población reside además en países clasificados como «en desarrollo», en su mayoría antiguas colonias que aún están en proceso de superar posiciones subordinadas en la economía mundial. En este sentido, es clave reconocer cómo el valor de la ciudad se genera a partir de la vida en común.

Foto_ Martín Campello_ Cartonero

Históricamente, las ciudades han ofrecido oportunidades de acceso a la educación, la salud y el empleo, o han proporcionado un entorno en el que pueden tener lugar la creatividad, la innovación y el progreso político. De ahí las grandes olas de urbanización de los últimos siglos. Los buenos gobiernos locales, pero también la acción colectiva, son fundamentales para la creación y la preservación de los «bienes» más preciados de las ciudades: estos incluyen los servicios de salud, la educación, el conocimiento, los recursos culturales, las zonas verdes e incluso la seguridad [3][3] Putnam, R. (Leonardi, R. & Nanetti, R.Y). (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy [Haciendo que la democracia funcione: Tradiciones cívicas en la Italia moderna]. Princeton University Press., que pueden convertirse en «bienes comunes». Entendemos por bienes comunes los bienes, beneficios o servicios que se utilizan, crean o conservan colectivamente [4][4] Merino, L., & Cendejas, J. (2017). Peace building from a commons perspective [La construcción de la paz desde la perspectiva de los bienes comunes]. International Journal of the Commons, 11 (2), 907–927., cuyo manejo requiere una acción colectiva. La acción colectiva, o «comunión», puede intensificarse cuando las personas se organizan: contra un adversario o adversidad común, como la actual lucha contra la brutalidad policial o la acción colectiva contra las políticas urbanas de privatización del agua en las ciudades de América del Norte; en torno a un propósito común, como la organización de los vecinos para lograr la seguridad en las calles; o en torno al uso y la gestión de un bien común, en el caso de los bienes comunes naturales como zonas verdes protegidas y mantenidas por grupos locales, o en el caso de los bienes comunes de conocimiento, incluidos los programas informáticos de código abierto, la Wikipedia o los conocimientos médicos tradicionales. En estos últimos ejemplos, la experiencia de «comunión» hace que el suministro de bienes y servicios bajo la gestión de las comunidades sea más inclusivo y responda más a sus condiciones y necesidades, y que esté menos subordinado a las normas impuestas por el mercado.

En este sentido, algunos bienes se definen como públicos, incluidos los mencionados anteriormente; los bienes públicos o de interés público, que son utilizados, valorados y administrados por las comunidades, pueden convertirse en «bienes comunes». Sin esas comunidades que actúan sobre ellos, los bienes comunes no existen.

Los bienes comunes no son simplemente recursos. No existen independientemente de las relaciones sociales que los rodean. Más bien, recrean y fortalecen las comunidades y la confianza entre los miembros de la comunidad, un importante activo social para construir nuevos bienes comunes y enfrentar nuevas luchas.

Los comunes están compuestos por las personas que participan en la acción colectiva, los bienes comunes o propósitos colectivos y las reglas que establecen los límites y distribuyen los costos, los beneficios, las responsabilidades y el acceso. Los bienes comunes y las comunidades no son ni mucho menos exclusivos de la vida rural o de los pueblos indígenas. Son el resultado de las experiencias de cooperación, acuerdos, creación de consensos y elaboración de normas que constituyen las bases de la vida social; por ello, están presentes en los más diversos contextos sociales y ecológicos. La acción colectiva, las comunidades y los bienes comunes también pueden ser un medio importante para abordar —y tratar de revertir— los efectos de la captura de las élites.

Los gobiernos de las megalópolis se enfrentan al obstáculo de su dimensión y su segregación. Alrededor del 15% de la población urbana del mundo reside en 42 megaciudades con al menos 10 millones de habitantes y, en muchos casos, incluso más. Las grandes concentraciones urbanas son más frecuentes en los países «en desarrollo»: 26 de estos grandes centros están situados en Asia (siete en la China continental), con cuatro en África y seis en América Latina; sólo tres están situados en Europa y dos en América del Norte. Junto con América del Norte, América Latina es la región más urbanizada del planeta, con el 81% de la población viviendo en zonas urbanas [5][5] En los rápidos procesos de urbanización de la región, los factores de empuje de las zonas rurales están relacionados con la falta de oportunidades y los servicios en las regiones rurales se consideran tan importantes, si no más, que los factores de atracción, como las oportunidades de empleo y educación.. Los procesos de toma de decisiones tienden a estar fuertemente concentrados en lo que respecta a la gestión de los servicios, bienes y espacios urbanos, con una brecha entre los que toman las decisiones y los afectados por ellas, lo que da lugar a un acceso desigual a esos bienes. Los gobiernos de las megalópolis también son propensos a la captura de las élites y a una deficiente rendición de cuentas. En resumen, enfrentan mayores desafíos para lograr una verdadera gobernabilidad democrática, particularmente en las sociedades altamente desiguales que existen en muchas ciudades latinoamericanas. Hoy en día, el 24% de los habitantes urbanos del mundo, alrededor de mil millones de personas, viven en barrios marginales alrededor de las megalópolis de Asia, África y América Latina. Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Río de Janeiro y São Paulo representan en conjunto el 17% de la población de América Latina. La rápida urbanización que se produjo en el curso del último medio siglo en América Latina tuvo lugar en un contexto de recursos insuficientes o escasos para satisfacer las necesidades de empleo, vivienda, educación, cultura, salud, calidad y seguridad de las poblaciones jóvenes y en crecimiento, muchas de las cuales viven en condiciones de privación y precariedad.

En los últimos 30 años de políticas de ajuste estructural, muchos gobiernos latinoamericanos (que nunca alcanzaron la configuración de estado de bienestar que los estados de Europa occidental asumieron durante los años de la posguerra) abandonaron en gran medida la responsabilidad de proveer de bienes públicos fundamentales a sus ciudadanos. En muchos países y ciudades, la prestación de servicios de salud, educación, seguridad y agua fue privatizada, y las empresas privadas se hicieron cargo de ella. Este proceso significó que vastos grupos de personas quedaron excluidos del acceso a la educación, los medios de subsistencia, la seguridad, la información, la cultura e incluso el agua. Esto ocurrió en la medida en que, en la percepción de muchos latinoamericanos, el acceso a estos servicios y bienes ya no son derechos, sino privilegios de los que sólo disfrutan las minorías. Estos procesos también han dado lugar a una concentración de riqueza sin precedentes por parte de las élites ya ricas, cuyos niveles de vida contrastan drásticamente con los de la mayoría de sus conciudadanos.

Los bienes comunes urbanos son considerados por muchos como un medio para proporcionar bienes y servicios a los habitantes de las ciudades cuando el Estado o los mercados no lo hacen. La acción colectiva adopta la forma de movimientos sociales para luchar contra la exclusión o el agotamiento del agua, las viviendas urbanas o los espacios culturales. A veces esta acción colectiva se dirige hacia propósitos compartidos (por ejemplo, cambiar las leyes de privatización, defender o restaurar los recursos naturales locales, obtener acceso a los medicamentos en el contexto de la pandemia de la COVID-19). Además, si los esfuerzos tienen éxito, pueden convertirse en estructuras de gobernanza para proporcionar y gestionar bienes urbanos. No obstante, los bienes comunes y los bienes urbanos comunes no son una panacea. Por un lado, los estados siguen siendo responsables de proporcionar bienes públicos básicos a sus ciudadanos. Y por otra, los bienes comunes urbanos pueden excluir a las poblaciones vulnerables y ser apropiados en gran medida por la clase media instruida, ya que, entre otras ventajas, este grupo puede afrontar más fácilmente el costo de la participación.

COVID-19 y los bienes comunes en América Latina

En junio de 2020, el 90% de quienes habían enfermado con el virus de la COVID-19 vivían en ciudades. La transmisión de la enfermedad se ha producido, en gran medida, en los barrios de las grandes ciudades con condiciones precarias. No es sorprendente que los impactos de la COVID-19 en América Latina sean particularmente intensos. Seis meses después del inicio de la pandemia en la región, en agosto de 2020, ésta tenía el mayor número de casos reportados en el mundo, con la mayoría de los infectados entre 25 y 50 años. América Latina representó el 64% de las muertes mundiales, a pesar de que los latinoamericanos solo constituyen el 13% de la población mundial. Esta elevada mortalidad, a pesar de que la población de América Latina es en su mayoría joven, se debe a factores tales como: una cobertura deficiente de los servicios de salud; la alta prevalencia del empleo informal en el sector de los servicios, que hace prácticamente imposible permanecer en el hogar y reducir el contacto social; la falta de seguridad social; y, por último, la alta prevalencia de las comorbilidades de la diabetes, la obesidad y la hipertensión, especialmente entre los pobres de las zonas urbanas.

Cuando la pandemia llegó a la región, la mayoría de los países ya se enfrentaban a graves dificultades económicas. El rendimiento económico se ha basado en gran medida en las actividades extractivas (minería y agricultura industrial intensiva) de los últimos 30 años, con poca diversificación económica y escasa capacidad de fabricación y producción. Nunca se produjo una recuperación completa de la crisis financiera mundial de 2008. Durante las décadas de 1990 y 2000, los precios de los productos básicos naturales (minerales, petróleo, soja, biocombustibles) fueron extraordinariamente elevados, impulsados por el excepcional crecimiento económico de China y otras economías emergentes. Durante esos años, algunos países —en particular Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile y Argentina— eligieron gobiernos progresistas y de orientación social que invirtieron en bienes públicos, mejorando las condiciones de vida de muchos. Sin embargo, tras la crisis financiera, el crecimiento económico se estancó. Se eligieron gobiernos populistas y de derecha que recortaron el gasto público y revirtieron las ganancias sociales anteriores. Esto puso de manifiesto que los cambios económicos estructurales que nunca se produjeron plenamente eran, de hecho, muy necesarios para lograr una mayor equidad y una mejora más estable de las condiciones de vida de la mayoría de las poblaciones. Entre 2014 y 2019, el crecimiento económico medio de la región fue solo del 0,4%. Los ingresos fiscales, que ya eran bajos, disminuyeron y la deuda pública representó el 45% del Producto Interior Bruto (PIB) regional de 2019. Además, en julio de 2020, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que la pandemia provocará una reducción media del 9,1% del PIB regional durante ese periodo de 2014 a 2019, y que algunos países experimentarán una disminución de hasta el 17%, como es el caso de México. CEPAL también estima que al menos 45 millones de latinoamericanos caerán por debajo del umbral de pobreza, lo que aumentará el número de pobres en la región a por lo menos 230 millones de personas [6][6] Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2020). Special Report: Latin America and the Caribbean and the COVID-19, Economic and Social Impacts [Informe especial: América Latina y el Caribe y el COVID-19, Impactos económicos y sociales]. United Nations..

Los malos resultados económicos tienen consecuencias extremas para las poblaciones desfavorecidas, que sufren las profundas desigualdades que prevalecen en la región. Esta desigualdad se remonta a las raíces coloniales y se exacerbó durante los decenios de liberalización económica. Hoy en día, ocho de los diez países más desiguales del mundo se encuentran en América Latina: Haití, Honduras, Colombia, Brasil, Panamá, Chile, Costa Rica y México [7][7] World Bank (2016). Gini Index, World Bank Estimate [Índice de Gini, estimación del Banco Mundial]. https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI. El número de personas en situaciones de pobreza y extrema pobreza representa la misma proporción de la población en países latinoamericanos considerados «de ingresos medios» que en los de «ingresos bajos» o «menos adelantados» –aunque también menos desiguales. La desigualdad y el control de los recursos naturales estratégicos por parte de las élites nacionales y las empresas transnacionales han provocado procesos de deterioro ecológico acelerado. Esto ha llevado a que el subcontinente presente las tasas de deforestación, de pérdida de biodiversidad y de contaminación del agua más elevadas del mundo. La desigualdad también crea altos niveles de violencia y criminalización de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. Además, pone en peligro la posibilidad de la confianza y la cooperación entre los ciudadanos, y entre los ciudadanos y los gobiernos [8][8] Wilkinson, R. & Pickett, K. (2010). The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone [El nivel de los espíritus. Por qué la igualdad es mejor para todos]. Penguin Books.. En efecto, pone en peligro la posibilidad de las comunidades y el desarrollo de los bienes comunes.

Hoy en día, los impactos de la COVID-19 en América Latina se ven exacerbados por décadas de neoliberalismo y por una desigualdad generalizada y crónica. Durante la crisis actual, la desigualdad significa capacidades desiguales para mantener la salud y proteger la vida, lo que incluye: posibilidades desiguales de trabajar desde el hogar y limitar con seguridad los contactos sociales; impactos económicos desiguales de la cuarentena, ya que los que trabajan en la economía informal (la mayoría de la población activa) sufren de manera desproporcionada; acceso desigual a la atención médica y a los alimentos; calidad desigual de los hogares en los que las familias deben pasar ahora una cantidad de tiempo sin precedentes, con muchas mujeres y niños que se enfrentan a la violencia doméstica; y, por último, acceso desigual a internet y a la tecnología digital que se requiere para comunicarse y participar en actividades educativas. Además de todas estas condiciones, también prevalece la desinformación, y la fragilidad de la situación lleva a algunas personas a negar la gravedad de la pandemia, o incluso su existencia. Esta disminución de la capacidad social para gestionar la crisis actual demuestra tanto la necesidad de un verdadero estado de bienestar, como las limitaciones de la intervención gubernamental para abordar las necesidades sociales en las condiciones locales.

En nuestra opinión, la profundidad de la crisis hace necesario redefinir el papel del gobierno, la sociedad civil, las comunidades y los mercados. Estos roles deben orientarse hacia la construcción de un futuro social, ecológico y económicamente viable, y los estados deben trabajar por un «new deal», para crear sociedades más resistentes. Los gobiernos deben abordar las desigualdades estructurales y asumir sus responsabilidades como agentes clave para la redistribución de los ingresos y la riqueza, aplicando políticas fiscales progresivas con un mercado regulado sujeto al bien público. La acción colectiva a través de los movimientos sociales es fundamental para lograr ese cambio político, económico y social. Teniendo en cuenta la ola de protestas sociales que acontecieron en varios países de América Latina en 2019, parece razonable predecir que la crisis actual conducirá a un mayor malestar social si no se aborda de lleno. Queda por ver si esos movimientos pueden inspirar un cambio profundo, en el que puedan surgir la «comunión» y los bienes comunes.

Hay varios ejemplos actuales de cómo la COVID-19 ha afectado a los habitantes de muchas ciudades de América Latina y cómo ellos han respondido mediante la acción colectiva. Por ejemplo, está la producción y provisión de alimentos, y de alimentos saludables, por (y para) aquellos que han perdido el empleo y las fuentes de ingresos, o han caído enfermos. Estos mercados de agricultores, con alimentos orgánicos y locales, han proliferado en Ciudad de México, Bogotá, Santiago de Chile y Río de Janeiro como medio de mantener la agricultura periurbana y los empleos agrícolas, así como el acceso a dietas saludables. Desde abril, han surgido mercados callejeros en varias ciudades, invitando a la gente a donar alimentos, y a quienes los necesitan a tomarlos. Distintas iniciativas de cooperación han apoyado a las residencias y hogares de ancianos, trayendo alimentos y medicinas, y cuidando a los enfermos. Todas estas prácticas de solidaridad local pueden entenderse también como una herencia del pasado reciente, cuando se produjeron grandes desastres como los terremotos.

Se han formado y organizado muchos grupos a través de diferentes plataformas electrónicas y de los medios de comunicación social, con el fin de proporcionar información pertinente y exhaustiva sobre la pandemia, así como para informar sobre la forma en que está perjudicando a las comunidades y los medios y recursos para su protección. Se han realizado prácticas comunitarias de solidaridad con los trabajadores de la salud, reconociendo y agradeciendo su esfuerzo y defendiéndolos de los ataques. Las familias han organizado grupos destinados a reunirse para mantener la socialización de los niños, acordando reglas colectivas de protección contra la COVID-19, a pesar de la prohibición explícita de los gobiernos locales [9][9] Como lo ha hecho el gobierno del estado mexicano de Nuevo León.. Estas «burbujas» a menudo tienen que superar la desigualdad socioeconómica que experimentan sus participantes, luchando por evitar la exposición al virus. Además, ha habido movimientos que promueven una cultura digital progresista que han donado equipo informático para niños desfavorecidos, lo que les permite asistir a la escuela online. Un último ejemplo es la forma en que las comunidades han apoyado actividades culturales y restaurantes en el contexto del distanciamiento social, con personas que han comprado las entradas con un año de antelación, o que han asistido a producciones teatrales online para ayudar a sostener proyectos culturales que de otro modo se hundirían.

La participación social basada en la rendición de cuentas y la transparencia es fundamental para detener las tendencias a la privatización y la exclusión de los bienes públicos. Esas tendencias generan un «anti-común» que destruye la cooperación y la creatividad colectiva [10][10] Heller, M. A. & Eisenberg, R. (1998). Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research [¿Las patentes pueden frenar la innovación? Los Anticomponentes en la Investigación Biomédica.]. Science, 280 (5364), 698–701.. Los gobiernos de la región deben adoptar medidas que incluyan: transferencias monetarias y en especie; acceso a los servicios públicos básicos de agua; apoyo a las pequeñas empresas y cooperativas; transporte seguro, educación y protección social para los trabajadores tanto del sector formal como del informal; y, por último, acceso a las vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles. La mejor manera de facilitar la aplicación de estas medidas sería mediante la asociación con grupos de la sociedad civil.

Una lucha por el futuro

Más que nunca, la crisis de la COVID-19 pone de manifiesto la necesidad de un cambio profundo en las sociedades latinoamericanas. Los niveles extremos de vulnerabilidad revelan la drástica desigualdad que prevalece en la región, que en el contexto de la pandemia se ha transformado en una desigualdad de medios para salvaguardar la vida y la salud. En las comunidades rurales y urbanas hay personas que padecen hambre, con familias que no pueden pagar los tratamientos de los infectados, ni siquiera en los hospitales públicos. Esta crisis es única en el sentido de que ha afectado a muchos ámbitos de la vida social, creando nuevos dilemas para la acción colectiva. Ha suspendido una interacción humana más profunda, ya que el contacto «cara a cara» es limitado y peligroso, pero también una forma de interacción de la que depende en gran medida el fomento de la confianza y la comprensión. Paradójicamente, si bien se prescribe una restricción extrema del contacto social, la organización social y la cooperación son dimensiones cruciales para prevenir la infección, ya que la protección individual contra la COVID-19 solo puede lograrse mediante la protección de la comunidad. Claramente, en este caso, el bienestar de uno depende del bienestar de todos.

En este momento, la acción colectiva, los movimientos sociales, la «comunión» y los bienes comunes son aún más necesarios para remediar la tragedia que enfrentan muchos latinoamericanos. Debemos permanecer abiertos al aprendizaje social, permitiendo que esta crisis se convierta en una oportunidad para desarrollar sociedades más resistentes, más capaces de enfrentar las amenazas de futuras pandemias y del cambio climático global. América Latina cuenta con una larga tradición de acción colectiva y lucha social en la pelea por un mundo mejor; estas luchas han dado lugar incluso a periodos de gobiernos de orientación social. No obstante, esos cambios han resultado insuficientes, ya que han prevalecido estructuras económicas basadas en la concentración de la riqueza y la liberalización económica, y la sociedad civil ha seguido siendo en gran medida marginal en los procesos críticos de adopción de decisiones. América Latina, y particularmente las ciudades de América Latina, han demostrado tener ricas experiencias de «comunión» y de construcción de bienes culturales, de conocimientos, de infraestructura y de cuidados como bienes comunes urbanos. La gravedad de la crisis actual exige una intensa acción colectiva: los movimientos sociales, la «comunión» y los bienes comunes urbanos son fundamentales para construir sociedades más inclusivas y resistentes.

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